De repente, y de forma por demás fortuita, saltaron todas las alarmas tanto fuera como dentro de México. La razón tiene que ver con el más reciente informe que fuera dado a conocer por Olivier Frouville, a la sazón, presidente del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El alto representante de dicho organismo especializado llamó la atención sobre las condiciones prevalecientes en nuestro país en dicha materia, cuyas cifras se incrementan con demasiada frecuencia, sin que para ello se disponga de una respuesta clara, firme y contundente por parte de las más altas autoridades del gobierno federal que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).
Lo anterior, suscitó la posibilidad de que el caso de México sea sometido, de conformidad con el artículo 34 de la convención sobre la materia, a consulta del secretario general del organismo internacional, Antonio Guterrez, quien, a su vez, lo pondría a consideración de la próxima sesión de la Asamblea General, a celebrarse a partir del mes de septiembre del corriente año.
En dicho sentido, conviene destacar que, del análisis realizado sobre este particular, el mismo, arrojó cifras verdaderamente espeluznantes, es decir, México reporta más de 72 mil cuerpos sin identificar y 127 mil reportes de personas desaparecidas, muchas de las cuales, en medio de actos de violencia.
Se destaca, a su vez que, a partir del año de 2007, se han descubierto, a lo largo y ancho de territorio nacional, casi seis mil fosas clandestinas, tal cual ha sido destacado en el propio informe, contrastado con los colectivos de búsqueda, los cuales realizan sus pesquisas sin ningún tipo de apoyo de parte de las autoridades gubernamentales.
Uno de los últimos casos que ha suscitado la conmoción nacional e internacional, se refiere al descubrimiento realizado, el pasado mes de marzo, por el grupo “guerreros buscadores de Jalisco”, quienes ubicaron en el Rancho Izaguirre, en la región de Teuchitlán un espacio en el cual se encontraron todo tipo de despojos humanos, entre los cuales se destacan, ropa, zapatos, utensilios, tales como libros, cuadernos, mochilas, juguetes, etc.
Lo que llamó poderosamente la atención, fueron los aparentemente restos humanos, sobre todo óseos, algunos de los cuales con la posibilidad de haber sido calcinados.
Sobre dicho descubrimiento que, aparentemente, habría sido ubicado desde el pasado mes de septiembre por autoridades locales, nada se habría hecho. Permanecía el lugar sin vigilancia alguna o sin avances en las supuestas labores respectivas de investigación, que, en todo caso, ameritaría haberse comenzado desde un principio.
Dicen, quienes disponen de información pormenorizada, que en dicho espacio territorial el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) podría haber tenido un campo de entrenamiento o un espacio de ejecución y aniquilamiento de supuestas disidentes de dicha organización.
A raíz de la denuncia de los guerreros buscadores y, como consecuencia de la amplia difusión mediática de tuvo el caso, finalmente, el gobierno federal tomó cartas en el asunto y solicitó a la fiscalía general “atraer” (por decirlo de alguna manera) el caso y comenzar una carpeta de investigación, misma que, ya se sabe, no llegará a absolutamente nada.
Lo más sobresaliente del caso de desapariciones forzadas en México, que tiene que ver con lo del pueblo de Teuchitlán, no sería el único que, en principio, destacaría de un modelo de tales características. De conformidad con los diversos grupos especializados que se movilizan a lo largo y ancho del territorio nacional, lugares similares han sido ubicados tanto en Nuevo Laredo, como San Luis Potosí, Guerreo y Coahuila.
La reacción a los tres niveles del gobierno de México y como consecuencia de haberse aireado este tema a nivel nacional e internacional, los áulicos del gobierno, implementaron su conocida estrategia negativista.
Uno de los casos más sobresalientes fue el que se verificó en el Senado de la República en el cual, el principal portavoz, Gerardo Fernández Noroña, propició un pronunciamiento negacionista, no sólo al insólito hecho registrado en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, sino al reporte publicado por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y su presidente, Olivier de Frouville.
De igual forma, tanto las Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se unieron a la diatriba oficialista, en defensa de sus propios intereses corporativos.
Todo lo anterior, de nada sirve a los fines de producir claridad y transparencia al tema de desapariciones forzadas en México, muchas de las cuales, por decir lo menos, se desarrollan con diversos niveles de violencia.
