Sobre advertencia no hay engaño. De esta forma interpretamos la ofensiva desplegada a tan solo unos cuantos días de su ascenso al poder del presidente Donald Trump, quien ha concretado, de forma inmediata, un amplio despliegue a lo largo y ancho de la frontera con México.
La ofensiva involucra, en principio, el apoyo de más de 1,500 efectivos de las fuerzas armadas (se calcula que podría ampliarse, en número, hasta los 10,000), así como del personal del CBP (Customs and Border Protection), que interactúa bajo las órdenes de Tom Homan, denominado como “Zar de la Frontera Sur” quien, de forma inmediata, produjo resultados como consecuencia de sus primeras operaciones, aseverando que han sido “detenidos preventivamente” individuos acusados de violaciones y diversos actos criminales.


Bajo tal premisa, queda muy poco por hacer. Ahora sí, ha comenzado la temporada de caza en la cual las partes involucradas se caracterizan por disponer de amplias asimetrías.

Especialmente si se toma en cuenta que, tan pronto como POTUS asumió el cargo fue anulada la aplicación CBP ONE, creada en principio para determinar turnos de atención para solicitantes de asilo. Lo cual, según lo ha comentado recientemente la ex embajadora de México en Washington D.C., Martha Bárcena, hizo posible que hasta 30,000 extranjeros quedaran varados a lo largo y ancho de la frontera en común.
De la misma forma, tal cual informó Tonatiuh Gutiérrez, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración de México (INM), las autoridades estadounidenses disponen de una base de datos en la cual han quedado registrados, al menos, santo y seña de 1.4 millones de extranjeros a los cuales no les fueron otorgados permisos de internación a territorio estadounidense y que, desde ahora, quedarán a merced de la implacable persecución desatada en su contra.
Lo anterior, muy a pesar de lo que se venido conociendo de la parte de los países cuyos nacionales son objeto de la presente ofensiva del gobierno del POTUS.
En el caso concreto de México que, dicho sea de paso, será uno de los países que mayormente se verá afectado por la nueva ofensiva estadounidense, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en reunión de emergencia con los principales asesores en esta materia, determinó que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) acogerá, sin mayor límite que la capacidad gubernamental, a todos y cada uno de los connacionales que sean expulsados del territorio estadounidense, bajo esta nueva ofensiva en contra de la migración ilegal.
Expresó, además, que se han girado instrucciones específicas y concretas tanto a la embajada en Washington D.C., como a la red consular, integrada por 53 representaciones repartidas a lo largo y ancho del territorio estadounidense, para mantenerse alerta a todos los casos que se presenten de connacionales en busca de apoyo derivado de la persecución de la cual podrían llegar a ser objeto por parte de autoridades migratorias.
Se implementó, también, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), una aplicación que se podrá descargar en cualquier aparato telefónico, mediante la cual nuestros connacionales estén en capacidad de dar parte a las autoridades consulares mexicanas competentes sobre su potencial detención por autoridades del vecino del norte.
Quedó acordado, a su vez, que a todos y cada uno de los compatriotas que resulten expulsados del territorio estadounidense, les será asignado un bono de $2,000.00 para que puedan hacer frente a su situación inmediata.
Por lo que respecta a connacionales de terceros países, se ha sabido que la administración Trump confía en que podría seguir aplicándose un modelo heredado de la primera administración de POTUS, el cual contempló, según lo expresó en su momento Mike Pompeo (a la sazón Secretario de Estado) que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había aceptado (sin chistar) recibir a todos los migrantes ilegales expulsados del territorio estadounidense, a fin de que desde este lado de la frontera pudieran esperar su turno para ser atendidos por el ICE en su trámite para obtener un ingreso legal a los Estados Unidos.
Aunque hasta la fecha de escribir el presente artículo no se dispone de información confiable y pertinente que pudiera confirmar que dicho acuerdo podría subsistir como una especie de conformidad tácita para viabilizar el diálogo binacional, en pocas palabras, para evitar que la administración Trump comience a ejercer presión a su contraparte CSP entre otras materias, a la aplicación de aranceles de hasta el 25% a las exportaciones de productos elaborados en México, o a la imposición de gravámenes a las remesas que nuestros compatriotas envían a sus familiares en México, cuyo monto -según cifras de 2023 – alcanzó los $ 65 mil millones de dólares.
Hasta donde se ha podido saber, algunos de los países cuyos nacionales se verán mayormente afectados por las deportaciones, como son los casos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Haití (entre otros), podrían integrar una estrategia que, necesariamente, pasaría por la aquiescencia tanto de México, como del gobierno de los Estados Unidos, para determinar el modus operandi de las repatriaciones, sin que el costo se traduzca en un quebranto para sus respectivas economías nacionales.
Lo anterior, en todo caso, no forma parte de la solución integral. La ofensiva desplegada por la administración estadounidense a todas luces suena mejor como una fórmula unilateral de hacerse presente ante ese gran público conservador que, el pasado mes de noviembre, emitió, de forma entusiasta, su voto de confianza en favor del candidato que ofreció hacer, otra vez, de los Estados Unidos de América una Gran Nación.
Los demás, nos hemos quedado por fuera. De aquí en adelante, y durante los próximos cuatro años, día a día, podríamos seguir siendo sorprendidos por las ocurrencias, nunca previsibles del POTUS.with an agile and visual user interface (UI).
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