Han transcurrido, aproximadamente, más de diez días desde que fuerzas integrantes del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) comenzaron una cruenta ofensiva, supuestamente, en contra del bloque 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre las cuales, de acuerdo con la información disponible, se disputan la zona de influencia fronteriza (con Venezuela) de la región de Catatumbo, dentro del Departamento de Santander.
La cruenta ofensiva ha dejado, hasta el día de hoy más de 80 personas fallecidas y un importante número de desplazados que, conforme ha hecho público, tanto por autoridades locales, como por la Cruz Roja colombiana, alcanzaría más de 40 mil, de los cuales, vienen siendo atendidos por distintas autoridades municipales, principalmente, en Cúcuta (16,663), Ocaña (10,719) y Tibú (10,482), lugares en los cuales se les ha ofrecido albergue, alimentación y atención sanitaria, principalmente.
Por lo que respecta a la esperada reacción del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, éste ha sostenido – según se ha podido conocer – intensas reuniones tanto con quienes integran su gabinete ministerial, como con la cúpula de las fuerzas armadas, y en conclusión fue acodado que se declarará el Estado de Conmoción Interior, figura prevista por la Constitución de 1991, para situaciones como la presente y que habilitan facultades extraordinarias para el gobierno nacional a fin de hacer frente y procurar la contención de los hechos que ameriten la pertinencia de invocar una medida de tal naturaleza.
Al gobierno del presidente Gustavo Petro supuestamente le tomó por sorpresa la cruenta ofensiva desplegada por uno de los brazos armados del ELN, y no ha tenido el menor empacho de atribuir su autoría a Gustavo Aníbal Quinchi alias Pablito (número tres de la cúpula guerrillera), quien disputa a sangre y fuego con sus enemigos de las disidencias de las FARC, una de las principales rutas por las cuales se mueve el negocio del tráfico de cocaína.
A dicha conclusión llegaron diversos especialistas para quienes la actitud de los combatientes del ELN era previsible, sobre todo, desde la perspectiva de la falta de voluntad política de quienes integran en Comité Central (COCE) del propio grupo al margen de la ley, quienes vienen siendo objeto – desde hace 30 meses (es decir, desde que el presidente Petro asumió el poder) – de un trato similar al que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) otorgó a quienes integran los principales carteles del crimen organizado en México, es decir: “abrazos y no balazos” .
Con el cuento de concretar uno de los principales objetivos de su campaña, es decir: alcanzar la paz firme y duradera para Colombia, Petro integró desde su ascensión al poder, toda una parafernalia en la que se vieron involucradas autoridades tanto de Colombia, como de Cuba, Venezuela y México, lugares en los cuales se realizaron, en distintas instancias, las “Mesas de Negociación”, cuyo objetivo principal, cual era de esperarse, no concretó absolutamente nada.
Sin embargo, y como consecuencia de la evolución de los hechos, se ha podido comprobar que, tanto el gobierno nacional, como quienes protagonizan la violencia armada que ha suscitado la proclamación de Estado de Conmoción en la región del Catatumbo, se han reservado para sí la verdad, o al menos, han callado el entorno en el que se suscitó la presente confrontación armada.
La región del Catatumbo, desde hace décadas ha sido – y ahora se sabe que sigue siendo – un emporio del cultivo de la hoja de coca.
Se dispone de datos provenientes del último informe sobre la materia elaborado por las Naciones Unidas del cual se desprende que, al día de hoy, existen 43,866 hectáreas de sembradíos de la hoja base para la producción de estupefacientes y que, su explotación originalmente había estado en manos de carteles del narcotráfico, tanto locales, como extranjeros, como fueron los casos de países como México (cartel de Sinaloa) y de Venezuela (cartel de los soles).
Por lo que respecta al Cartel de Sinaloa, se conoció que, por razones inherentes al valor final del producto que ahí se elabora (baja calidad), éste se alejó del negocio, mismo que fue empoderado por traficantes locales y, por supuesto, por sus homólogos venezolanos del Cartel de los Soles.
De los grupos locales, en principio, el mercado de dicha plaza había sido dominado por las disidencias de las FARC, las cuales venían siendo desplazadas desde territorio venezolano por el régimen de Nicolás Maduro, el cual, en todo caso, se sabe dispone de una alianza estratégica con la guerrilla del ELN, con la cual interactúa como flanco de defensa fronteriza para garantizar la salvaguardia y defensa del régimen.
Por todo lo anterior, se puede concluir que, tanto las autoridades colombianas, como sus homólogas de Venezuela estaban al tanto de la inminencia de que la zona se había convertido en un verdadero polvorín por las razones expuestas, es decir, la pugna entre el comando del ELN al mando de alias Pablito y el bloque 33 de las disidencias de las FARC, entidades que, vista su estratégica posición para la salida de los estupefacientes a los principales mercados mundiales, decidieron hacer estallare el conflicto, con las consecuencia que hoy están a la vista.
Ahora bien, lo que ha sido una incógnita despejada es la certeza sobre el involucramiento directo del régimen de Nicolás Maduro, el cual, a través de uno de sus principales testaferros, Diosdado Cabello ha mantenido presencia en la región.
Es más, se sabe que, parte de los 2,300 integrantes del frente con los que cuenta actualmente el ELN en este escenario, fueron desplazados desde Arauca (la zona en la cual estaban acuartelados), a través de poblaciones dentro de la frontera venezolana, hasta el lugar en el cual han emplazado su ofensiva enfocada para preservar el territorio objeto de la disputa.
