El atentado que, recientemente, cobró la vida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció, el pasado día 11 de agosto, víctima de obscuros intereses facciosos, ha llenado de luto a un amplio espectro de entre los sectores políticos, económicos y sociales en Colombia.
El joven político (39 años) quien, a la fecha de su muerte fungía como senador por el partido Centro Democrático, ha hecho posible que en el país se registre una especie de catarsis en rechazo de la violencia política que se ha venido presentando a lo largo de los últimos 30 años.
En dicho contexto, la memoria histórica de Colombia recordó, con profundo pesar que, justamente, hace 34 años, la periodista Diana Turbay, madre del ahora finado, falleció, en condiciones similares, víctima de una venganza del crimen organizado prevaleciente en la década de los noventa, tras haber sufrido un secuestro que se extendió, más o menos, por espacio de tres meses.
A la postre Miguel, su hijo, tenía apenas, cinco años de edad. La misma edad que tiene el hijo que ha dejado, con su muerte, en la orfandad paterna.
De conformidad con la información correspondiente producida por las altas autoridades nacionales a lo largo de los casi dos meses de que se produjo el atentado (7 de junio), existen pistas suficientes como para atribuir su autoría a una de las dos fuerzas beligerantes que pululan a lo largo y ancho del territorio nacional, es decir, las disidencias de las FARC, o los grupos que se mueven por zonas específicas del país, el ELN.
Uno y otro de dichos grupos guerrilleros se han venido sentando a las distintas mesas de promoción de la paz que viene implementando el gobierno de Gustavo Petro, sin resultado tangible alguno.
El momento político que se vive en el país, es especialmente importante, ya que, en menos de un año se celebrará la primera vuelta de la elección presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026.
Por lo anterior, tanto el ahora occiso senador Uribe Turbay, como un número indeterminado de precandidatos – se estima que sería, un poco más de veinte – se encuentran realizando, a lo largo y ancho de la geografía nacional, labores de proselitismo.
Según se ha podido saber, en ese contexto, uno de los fallos más significativos, incluso, en lo que correspondía a la persona de Uribe Turbay, tiene que ver con los esquemas de seguridad que, en principio, debería proporcionar el gobierno nacional, mismos que no cubren los más mínimos niveles de riesgo.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) a cargo de Augusto Rodríguez Ballesteros (ex integrante de del M-19), la misma guerrilla a la que perteneció el hoy primer mandatario, no ha sido capaz de concretar un real y verdadero compromiso como para garantizar los niveles de seguridad más adecuados para salvaguardar la integridad personal de los muchos candidatos que piensan postularse a cargos de elección popular del próximo año.
Un caso especial lo representan todos aquellos postulantes que militan en las filas de los partidos políticos de oposición, como es el caso concreto, del Partido Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, quien en estos momentos se encuentra purgando una condena de doce años de prisión domiciliaria, determinados por la jueza Sandra Heredia, tras un largo proceso de doce años, promovido por uno de los precandidatos de la izquierda más conocidos, el senador Iván Cepeda.
Desde la tribuna gubernamental poco o nada se ha concretado como para bajar el clima de crispación prevaleciente.
En mi opinión, sucede todo lo contrario, desde la más alta tribuna del poder político, el presidente Gustavo Petro produce encendidas diatribas en contra de todos aquellos que no piensan como él, o que ejercen la legítima oposición, dentro del marco jurídico previsto por la constitución vigente.
