REFORMA AL PODER JUDICIAL EN MÉXICO

A menos de treinta días de su ascenso al poder (20 de enero) el presidente de los Estados Unidos (POTUS), Donald Trump, ha dado muestras fehasciente de su intención de procurar un nuevo orden internacional.  Es decir, modificar el actual esquema de pesos y contrapesos: multilateralismo versus unilateralismo, determinado en apego con los intereses de los países que conforman la comunidad internacional, a la luz de los sucesos acaecidos durante el curso del siglo XX.

En ese sentido, conviene tomar en cuenta que, durante su breve y disruptivo mandato, que comenzó, por decir lo menos, vulnerando derechos fundamentales de sus propios ciudadanos, decretando – al grito de hacer “América Grande otra vez” – que su administración no reconocería ni la diversidad, ni la inclusión, ni otro tipo de exclusión que no determinara con claridad la diferencia de género entre el de hombre y el de mujer. 

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Procedió, a continuación, con la suscripción de ordenes ejecutivas, mediante las cuales despidió de forma fulminante, a todos los empleados públicos, tanto civiles como militares identificados, o contratados, por virtud de dichas características.

En adición, a todo lo anterior, y dentro del contexto de una denominada grave emergencia nacional, promovió – lo que a mí me ha parecido – una furibunda lucha en contra de la migración indocumentada, especialmente, determinada a casos singulares, como a los ciudadanos proveniente de nuestra subregión geográfica, así como a la incidencia del crimen organizado, especialmente, por lo que respecta al narcotráfico y al trasiego de fentanilo

Además, en el afán de poner en un contexto específico el presente análisis, conviene destacar, entre otros, los más característicos de sus reconocidos exabruptos, por ejemplo: la proclama de que Estados Unidos se adueñaría (si fuese necesario por la fuerza), de la región insular de Groenlandia; así como que, llegado el momento, demandaría del gobierno de Panamá la devolución de la zona del Canal, bajo influencia estadounidense, desde su creación, hasta la devolución en el año 2000.

En su prefiguración de lo que podría configurarse como un nuevo orden internacional, planteó (no se sabe realmente si fue en serio o en broma) que Canadá debería de constituirse como el estado número 51 de la Unión americana, y que el Golfo de México sería transformado en el Golfo de América.

Adicionalmente, y con toda seguridad, bajo el auspicio de su propio capricho, declaró que constituiría la Franja de Gaza (actualmente en guerra soterrada con Israel) en una zona similar a la Riviera francesa, de la que, en todo caso, sería desalojados los más o menos 2 millones de palestinos que actualmente conforman el censo poblacional de dicho punto central del conflicto en el Medio Oriente

En el mismo contexto, blandiendo como instrumento de su estrategia unilateralista, se comunicó por la vía telefónica con Vladimir Putin, con quien acordó el comienzo de un proceso de negociación encaminado a poner fin a la guerra de Ucrania, motivada, como es ampliamente conocido, por la invasión de las fuerzas militares de la Federación Rusa.

Dicho proceso se llevaría a cabo, según trascendió, sin la presencia de uno de los actores principales, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski.

Todos estos movimientos políticos acompañados, además, por la suscripción de ordenes ejecutivas encaminadas a fijar un nivel sin precedentes de aranceles a sus principales socios internacionales (guerra comercial), incluidos, especialmente,  los europeos, fueron coronados con la participación estadounidense de una delegación de alto nivel, encabezada por el vicepresidente James D Vance, en la Conferencia de Seguridad, celebrada en la ciudad de Múnich, Alemania, en el contexto de la cual, por decir lo menos, se produjo lo que nadie esperaba: la práctica ruptura de la alianza de Estados Unidos con Europa.

El vicepresidente Vance, quien fungió como portavoz de su gobierno, marcó, con su discurso, un antes y un después del proyecto de la Alianza Atlántica, constituida desde hace 70 años, cuyos encargos principales fueron, entre otros: la reconstrucción europea (plan Marshal); la prefiguración de una organización internacional, a la postre convertida en las Naciones Unidas (ONU); así como la creación de la Organización del Tratado del Atlántico de Norte (OTAN).

Esta última entidad, bajo cuyo cargo, durante dicho lapso de tiempo, estuvo la seguridad de los aliados, como consecuencia del fenómeno denominado “Guerra Fría”, período marcado por el enfrentamiento entre los dos bloques políticos dominantes.

Según se ha podido conocer, la sorpresa que se llevaron los principales aliados de Estados Unidos, tuvo un doble efecto.  En primer lugar, las duras críticas que el vicepresidente Vance lanzó en contra de circunstancias internas que priman entre algunos de sus principales socios europeos, entre los cuales se destacó, principalmente, el país anfitrión, Alemania.

Por otra parte, se hizo público que el proceso de negociación de paz para Ucrania se llevaría a cabo, exclusivamente, entre el gobierno que encabeza Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, excluyendo a dicho efecto, a sus otrora aliados europeos, los cuales son, a todas luces, no solo partes interesadas, sino actores relevantes, tanto para la protección y defensa continental, como para evitar el expansionismo territorial que se vislumbra desde la plataforma del régimen de Vladimir Putin.

Dicho proceso negociador comenzó casi de inmediato.  En ese sentido, esta misma semana se reunieron en Riad (capital de Arabia Saudita) dos delegaciones de alto nivel, encabezadas, por parte de Estados Unidos, por el secretario de Estado, Marco Rubio y por parte de la Federación Rusa, por su homólogo Sergéi Lavrov, las cuales llegaron, entre otros acuerdos, comenzar un. proceso de acercamiento bilateral, así como generar las condiciones para poner fin a la guerra de Ucrania, bajo las condiciones y exigencias – según ha trascendido -, del país invasor.

Culmino mi análisis con una reflexión. El mes de febrero de 1945, poco tiempo antes de que culminara la cruenta segunda guerra mundial, se reunieron en la ciudad de Yalta (Península de Crimea) los líderes de las tres principales potencias aliadas: Franklin Delano Roosevelt (EUA); Winston Churchill (RU); y José Stalin (URSS).

En el marco de dicha cumbre, fueron acordados diversos compromisos, quizá el más importante, tiene que ver con la especie de reparto territorial al que llegaron los representantes de las potencias ahí reunidos. 

• En principio, la URSS tendría bajo su esfera de influencia las naciones que durante los siguientes cuarenta años sería cubiertas por su hegemonía, es decir, quedarían bajo su órbita, a condición de que pudieran celebrar elecciones democráticas;
• En otro plano, la URSS manifestó su conformidad ante la propuesta de crear una organización internacional, abocada a la defensa de todas las naciones y a la preservación de la paz a nivel mundial, en otras palabras, el germen de la ONU;
• El compromiso de apoyar a las fuerzas aliada en su búsqueda de la derrota del Imperio del Japón, a la postre, aún en guerra con los aliados.

En aquel entonces, la URSS de Stalin no honró su palabra, dando paso al periodo conocido como “Guerra Fría”, que se prolongó hasta la caída del “Muro de Berlín” en 1989.

De momento, no sabemos si la Federación Rusa de Putin cumplirá con los acuerdos a que lleguen las partes.  De lo que sí estamos conscientes es que Donald Trump dista mucho de parecerse a su predecesor, el trigésimo segundo presidente, Franklin D. Roosevelt, por lo tanto, el resultado de esta nueva aventura internacional, es imprevisible.

En una de sus más recientes proclamas el presidente de los Estados Unidos de América (POTUS), por vía del Departamento de Estado, declaró como “grupos terroristas de alta peligrosidad” a los siguientes seis de los principales carteles del crimen organizado que operan en México:Wider Galleries

Cartel de Sinaloa;

Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG);

Cartel del Noroeste;

Nueva Familia Michoacana;

Cartel del Golfo; y

Carteles Unidos.

Por lo anterior, se intuye que el mensaje del gobierno estadounidense hacia su homólogo mexicano, es muy claro y preciso, en lo que tiene que ver una de las principales plataformas que elevaron al poder a Donald Trump, en las pasadas elecciones del mes de noviembre último.

En dicho sentido, conviene realizar un mea culpa como consecuencia de los indudables excesos que trascienden la razón y el entendimiento que asombra, tanto a los principales analistas en esta materia, como al pueblo llano, los cuales, con frecuencia, se topan con una de nuestras más prístinas realidades existenciales: Los niveles de impunidad en México rondan + del 95%.

México es un país en el cual, sólo por excepción, se cumple con el ordenamiento jurídico, tal cual lo revela la ahora famosa frase pronunciada en su momento, por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “No me vengan con que la Ley es la Ley”.

Lo anterior, ha sido reconocido por propios y por extraños. 

En la obra de mi autoría “Cleptocracia” (Cleptocracia por Ignacio Gutiérrez Pita. International Book Corporation. 2018) se realiza, lo que considero un interesante análisis sobre dicha materia, resaltando la inoperatividad del sistema de impartición de justicia a los tres niveles de gobierno (capitulo 6, páginas 221 y siguientes), como sustento del clima propicio para la consolidación de los diversos grupos delictivos que azuelan al país. 

Es más, en el mismo sentido, en el capítulo 9, de la propia obra (páginas 367 y siguientes), se pormenoriza el detalle sobre la incidencia que, hasta dicho entonces, tiene el crimen organizado en el día a día de los mexicanos.

El cómo operan; el tipo de actividades que realizan; con cuáles responsables gubernamentales interactúan; cantidad y calidad de armamento que les permite intimidar a quienes se les oponen; y el nivel de recursos económicos que obtienen por los negocios ilícitos que realizan.

Con independencia de la bandería política que elevó al poder a los diversos regímenes que nos han gobernado (PRI, PAN, y Morena), unos y otros han adoptado (a su propia manera) el criterio de “dejar hacer; dejar pasar”, a grado tal que, los distintos grupos del crimen organizado – según ha sido corroborado por el Jefe del Comando Norte de los Estados Unidos – tienen influencia, en al menos, un tercio del territorio nacional, es decir, operan con impunidad, en promedio en once de las entidades federativas que integran nuestra geografía política.

Por las razones expuestas, se entiende que, desde que comenzó su primera campaña política hacia la presidencia, en el año de 2016, Donald Trump proclamó, sin mayores ambages que durante el curso de su mandato “golpearía” con toda la fuerza que le fuera posible, a todos aquellos declarados sus enemigos, a quienes calificó como “criminales” y “violadores”, reales o ficticios, pero en todo caso, disfrazados de mexicanos.

En tal sentido, ya dentro del presente mandato POTUS ha declarado, con toda claridad que el gobierno de México “opera en clara colusión con los grandes carteles del crimen organizado”, a los cuales cuida y protege, afectando con ello a cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, sobre todo, a todos aquellos a quienes el tráfico de estupefacientes, especialmente, el fentanilo, han llegado a causar enormes perjuicios, incluso la muerte.

Dentro de los casos con mayor sonoridad de aquellos indiciados como integrantes del crimen organizado que han pasado a manos de las autoridades judiciales estadounidenses, se destacan, principalmente, Joaquín Guzmán “El Chapo”, condenado a cadena perpetua; así como dos de sus hijos, Ovidio y Joaquín, quienes se encuentran dentro de un proceso de colaboración, mismo que podría desencadenar importantes delaciones que, se dice que, pudieran llegar a involucrar a cercanos colaboradores gubernamentales del gobierno de México.

Sin lugar a dudas, el proceso que más ha llamado la atención de la opinión pública nacional e internacional, es del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue juzgado y sentenciado (16 de octubre de 2024) por una Corte de Justicia del Estado de Nueva York, a una pena de 38 año de prisión.

Algo parecido podría llegar a suceder con la situación de Ismael Zambada García “El Mayo”, quien junto con “El Chapo” Guzmán encabezaron el Cartel de Sinaloa.  “El Mayo”, a decir del equipo jurídico que sustenta su defensa, fue “secuestrado” en México y conducido, por vía aérea, a territorio estadounidense, lugar en el cual fue entregado  a autoridades locales del Estado de Texas.

En un giro inesperado, aunque considerado como una especia de salvaguardia a la que ha acudido el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), las autoridades gubernamentales de México, accedieron a extraditar hasta 29 sujetos – todos integrantes del crimen organizado – que se encontraban cumpliendo penas de diverso calibre, entre los cuales, de forma especial se destacan:

• Rafael Caro Quintero (ex jefe del Cartel de Guadalajara);
• Antonio Oseguera Cervantes (CJNG);
• Miguel Ángel Treviño Morales (Z-40);
• Omar Treviño Morales (Z-42);
• Vicente Carrillo Fuentes (ex líder del Cartel de Juárez).

Confiemos en que dicha medida haga posible que la administración estadounidense emita un voto de confianza hacia su homóloga mexicana, a pesar de que todos los síntomas de desencuentros que priman en la actualidad sobre la relación bilateral, no auguran mayores comedimientos.