VIOLENCIA SIN LÍMITE

Con todo pesar, porque no nos queda más remedio que reconocerlo, la violencia se sigue cebando en México, tal como ha quedado demostrado, al menos, con acontecimientos como los suscitados durante la última semana, comenzando el pasado viernes 26 de junio, muy temprano, por la mañana, el secretario de seguridad ciudadana del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Omar García Harfuch, fue víctima de una celada atribuida, en principio, a integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que causó tres víctimas mortales y heridas de consideración que afectaron al alto cargo local, quien actualmente se encuentra hospitalizado en proceso de recuperación, y el día de ayer,  miércoles 1 de julio, mediante una masacre en Irapuato, Guanajuato, que costó la vida, al menos a 28 personas y otras más con graves heridas – que según ha sido informado por voceros del gobierno estatal -, fue atribuida, en principio, a integrantes del cartel de Santa Rosa de Lima, que opera, con impunidad, con miras a imponer su voluntad por encima del interés general de la población afectada.

En el caso del atentado al alto mando policial de la CDMX, el propio interesado señaló a integrantes del CJNG, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, como presuntos autores del intento por acabar con su vida.  La violencia característica del ataque, llevado al efecto en una de las zonas residenciales de la clase económicamente más acomodada de la ciudad capital, causó un alto impacto, toda vez que los encargados de perpetrarlo utilizaron como medio para llevar a cabo su comisión, armas de alto poder que causaron – según se desprende de la información oficial revelada – al menos 414 impactos de armas largas para uso exclusivo de las fuerzas armadas, como son los casos de los calibres .50 Barret, AR-15 calibres .223, .556, y .762, que prácticamente destruyeron el vehículo tipo Suburban, con un blindaje de nivel 7 que servía de transporte del alto mando policial.

Tal cual se desprende de los datos que integran la carpeta de investigación que aperturó la Fiscalía General del gobierno de la CDMX, se sospecha que, a los fines de poder concretar con éxito su misión, el grupo sicarial dispuso del apoyo material y logístico de otros grupos delincuenciales similares, como son los casos de Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y Familia Michoacana.

Por lo que respecta a la matanza de 28 personas que se encontraban reunidas en un centro de rehabilitación integral contra las adicciones (informal) ubicado en Jardines de Aranda, en Irapuato, Guanajuato, el gobierno local, a través de la fiscalía general del estado, atribuyó el hecho a integrantes del cartel de Santa Rosa de Lima. Conviene subrayar que durante el curso del corriente año se han registrado en Guanajuato 2,147 homicidios dolosos, todos ellos atribuidos al propio cartel de Santa Rosa de Lima, antagónico del CJNG en función de una guerra abierta que, ambas partes sostienen desde 2017 por el control de la zona para la venta y trasiego de drogas.

Se sabe que, al menos, en el estado de Guanajuato, operan este tipo de centros de rehabilitación contra las adicciones tanto por la vía formal, como por la clandestina.  A la fecha, y desde el pasado mes de diciembre de 2019, según la información que manejan las autoridades competentes del estado, se han llevado a cabo otros cuatro atentados con características similares en los que han sido utilizados tanto carros bomba, como asesinatos indiscriminados.

Lo que trasluce, sobre todo, en el caso del atentado perpetrado en la zona de Lomas de Chapultepec de la CDMX en contra del secretario de seguridad ciudadana del gobierno local, es que quienes integran las principales bandas del crimen organizado han sentado sus reales en el principal bastión político, económico y social del estado mexicano en un intento por hacer valer sus razones particulares por encima del interés general de todos los mexicanos.

En esta guerra, no nos podemos quedar con los brazos cruzados.  Debemos exigir que el gobierno – del color político que sea – cumpla con la función principal para la cual dispone de un mandato:  salvaguardar los derechos y las obligaciones de todos sus gobernados.

 

 

 

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