POLARIZACIÓN A ULTRANZA EN COLOMBIA

Como todo lo relativo al proceso de consolidación de la paz en Colombia, hemos intentado un puntual seguimiento a las diferentes etapas, especialmente, las iniciadas, durante el término de los ocho años en que se mantuvo Juan Manuel Santos al frente del poder público en este país. Como prueba de lo que antecede, los diversos y variados análisis publicados, en tiempo y forma, en este mismo espacio de opinión, en el cual he intentado expresar personales puntos de vista sobre los más diversos aspectos de la coyuntura internacional.

Toca el turno al profundo debate provocado como consecuencia de las objeciones (seis) de un total de 159 artículos presentadas por el presidente de la república Iván Duque Márquez al proyecto que contempla la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entidad sui generis derivada de una entelequia, producto de la profunda desconfianza que los líderes de la otrora famosa guerrilla vernácula la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) expresaron en el entorno de una de las columnas fundamentales del Estado Colombiano: la aplicación de la justicia.

Dicen, sobre dicha materia, los muy versados negociadores de la égida santista, que llegado el momento en el cual los representantes gubernamentales debieron abordar con sus contrapartes farianas – y los adláteres que les asesoraron todo el tiempo – las líneas generales sobre la justicia transicional que opera, como es bien conocido, dentro del esquema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que fuera adoptado a raja tabla en el entorno de la estructura del acuerdo con el cual quedó sellado el proceso. Unos y otros, es decir, farianos y sus adláteres, enunciaron que no iban a permitir que se les sometiera a la justicia derivada de la ley vigente en poder de quien potencialmente podría ser considerado como su principal enemigo: el gobierno colombiano.

Razón por la cual, de entre los principales abogados con los que contaba las FARC, Enrique Santiago, de nacionalidad española, vinculado al partido comunista y a izquierda unida en su nación de origen (promovido y financiado por el gobierno de Noruega) con el apoyo, de entre otros, del dirigente conservador Álvaro Leyva, idearon una especie de “Frankestein” – que al gobierno Santos le pareció aceptable – al que bautizaron, como ya ha sido enunciado, como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) integrada por 51 jueces (53% mujeres) vinculados, mayoritariamente, a colectivos de izquierda (algunos de los cuales, muy cercanos y/o simpatizantes de las propias FARC).

Una especie de “traje a la medida” en favor de la izquierda e izquierda radical colombiana que, además de representar un alto costo económico a la nación, aún a estas alturas del paseo, no queda muy clara, su capacidad para cumplir con sus tareas fundamentales, especialmente, si se toman en cuenta las múltiples vicisitudes por las cuales viene atravesando desde el momento de su creación, meritoriamente, señalamos, entre otras, el tráfico de influencias, la corrupción y los dudosos manejos de los ingentes recursos asignados para su operación.

En este sentido, no podemos ni debemos omitir la discrecionalidad con la cual sus respectivos magistrados han venido manejando casos específicos relativos a permisos y salvoconductos otorgados en favor y beneficio de algunos ex guerrilleros aupados entre algodones a los que se viene autorizando a salir de territorio nacional para labores de proselitismo (supuestamente los beneficios derivados de los acuerdos de paz) que muchas veces han sido utilizados como adecuadas vías para continuar con labores de adoctrinamiento político para beneficio de sus propios intereses guerrilleriles.

Las diferencias principales – que yo veo – entre el texto originar de la ley estatutaria y las objeciones presentadas por el primer mandatario de la nación se dan en función de la laxitud con la cual son contempladas las penas aplicables a los casos de todos aquellos guerrilleros que se presenten ante la JEP vis a vis las consideraciones derivadas de la justicia contemplada en el marco de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, a la hora de someter a proceso a indiciados de cometer delitos de lesa humanidad, tales como reclutamiento infantil, violación sexual sistemática en contra de menores de edad, secuestro, extorsión, reincidencia en delitos como el narcotráfico, uno de cuyos ejemplos más significativos – en la actualidad – el del caso del ex jefe guerrillero Zeuxis Pausias Hernández Solarte alias “Jesús Santrich” solicitado en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos de América por haber planeado el envío de cinco toneladas de cocaína hacia dicho país en fecha posterior a la firma del acuerdo de paz.

Ahora caigo en cuenta las razones principales de que, justamente, el día de ayer, y tras más de cincuenta días de debate, el Senado – al no haber obtenido el número suficiente de votos para aprobar o desechar el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP – decidió remitir el texto a la Corte Constitucional, instancia en donde seguirá produciéndose el mismo fenómeno de polarización a ultranza, característica que se siente desde las entrañas mismas de esta bella patria Colombiana.

 

 

 

 

 

 

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