NUEVO GOLPE A LA CORRUPCIÓN EN PERÚ

Difícil de creer la dimensión del resultado alcanzado en el proceso de investigación sobre las secuelas derivadas de los innumerables actos de corrupción suscitados por la empresa brasileña Odebrecht en sus diversas incursiones versus las más altas instancias de los distintos gobiernos de la República del Perú, a partir de finales de la década de los ochenta y hasta el mes de marzo de 2018, fecha en que fuera destituido por el Congreso el propio presidente de la República en funciones, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien a la postre, guarda prisión preventiva bajo cargo de haber recibido un supuesto soborno por parte de la propia Odebrecht, durante su gestión como Ministro de Finanzas en el quinquenio correspondiente al gobierno 2001-2006.

Lo más sorprendente – al menos para quien esto escribe – fue el caso del ex primer mandatario Alan García Pérez, quien ostentó la alta investidura durante dos períodos presidenciales (1985-1990 y 2006-2011), y sobre cuyas espaldas cursaba una investigación derivada, tanto de su responsabilidad directa, como la de algunos de sus más cercanos correligionarios y allegados – sobre todo a lo largo de su segundo mandato presidencial – acusados, todos, de haber recibido supuestos sobornos de la misma constructora Odebrecht. Como causa directa de las diversas diligencias judiciales que venían realizándose en su contra por parte de las autoridades competentes, el pasado 17 de abril, en medio de un acto de allanamiento de su residencia particular, se quitó la vida, disparándose con un arma de fuego.

La noticia sobre la muerte de Alan García Pérez, corrió como reguero de pólvora aquí, allá y acullá. Muy pocos analistas especializados omitieron de alguna manera opinión, ya sea en favor del ahora occiso, o bien en contra, tanto de su partido político la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), como de su gestión al frente de los destinos del Perú.

Lo cierto es que, hasta donde me cabe en la memoria, ninguna otra nación de nuestro hemisferio – al menos desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del presente -, ha sometido al imperio de la ley a una cantidad tan significativa de sus más altos dirigentes políticos como lo registra en el presente la susodicha nación andina, la cual ha emplazado, entre otros altos dignatarios políticos a Alejandro Toledo (quien tiene solicitud de extradición), Ollanta Humala, PPK, todos ellos vinculados al proceso “Lava Jato” , y a Alberto Fujimori, por la comisión de delitos de lesa humanidad, desplegados durante el decenio que le correspondió gobernar al país.   En este sentido, no conviene omitir que, a su vez, guarda prisión preventiva la hija de éste último: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), bajo cargos similares de recibo de sobornos por parte de Odebrecht durante el curso de su campaña política para acceder a la más alta magistratura de la nación.

Mientras todo esto sucede y concurren por diversos estrados judiciales altos dirigentes políticos de un significativo número de naciones de nuestra subregión geográfica, con casos paradigmáticos, como el de Luiz Inácio Lula da Silva, o la propia Dilma Rousseff, en México, nada pasa.

Dicen, quienes mejor conocen sobre este tipo de incidencias políticas, que nuestro primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció a su predecesor todo tipo de garantías, extendidas, especialmente, en favor de quienes saquearon a mansalva cientos de miles de millones de pesos, como fue uno de los casos más sobresalientes (bochornosos) – por sus vinculaciones con Odebrecht – el del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien ahora disfruta de las mieles de un poder que, tan solo, transitoriamente, le ha sido conculcado, ya que es bien considerado como uno de los verdaderos “cachorros de la robolución”.

 

 

 

 

 

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