LOS DE CUELLO BLANCO

Con profundo desaliento hemos podido dar un puntual seguimiento al episodio protagonizado por quien fuera Director General del ente público Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), el tristemente célebre Emilio Lozoya Austin (ELA), quien nos hizo albergar amplias expectativas sobre la posibilidad de que, llegado el momento, el gobierno de la 4T pudiera cristalizar una de sus más preclaras promesas de campaña: la lucha frontal en contra de la corrupción galopante que no solo nos asfixia, sino que, contribuye a la estigmatización de un país por entero, es decir: nuestro México.

Vamos a ver, originalmente fuimos informados por el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que se estaría cocinando – en la Fiscalía General – un proceso que podría llegar a involucrar a altos mandos federales, entre los cuales EPN sería uno de los más seguros implicados, ya sea de forma directa, o a través de uno de sus principales operadores políticos, Luis Videgaray, otrora poderoso número dos del régimen, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual, dicho sea de paso, salió precipitadamente, tras haber figurado como principal instigador del bochornoso incidente federal al haber traído a nuestro país al entonces aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, como abanderado del partido republicano, Donald Trump.

El episodio principal que suscitó la apertura de diversas carpetas de investigación parte desde el comienzo de la campaña política del PRI para encumbrar en la más alta esfera del poder público a su candidato, EPN, quien según la intensa y costosa campaña mediática que lo impulso al triunfo en las elecciones de julio de 2012, representaba a una nueva generación de jóvenes revolucionarios, cuya misión principal sería la transformación del país por entero.

Para lo cual, el candidato se hizo rodear de un selecto número de figuras con un alto perfil personal y profesional, determinadas, todas y cada uno de ellas, como promotoras del retorno del partido que inspiró a Mario Vargas Llosa su conocida sentencia sobre el régimen político mexicano, al que calificó, en su momento, como la dictadura perfecta.

Durante dicha etapa, y con el fin de garantizar el retorno al poder del glorioso partido aplanadora, se dieron todo tipo de violaciones a la normativa electoral por vía de registros apócrifos sobre cantidad y calidad de los recursos que ingresaron a las arcas partidarias, anulando, por ello, la posibilidad real de verificación por parte del árbitro de la contienda, quien tuvo a su cargo fondo y forma del proceso para renovar la titularidad del poder ejecutivo federal, sin contar para ello, con los dientes suficientes (instrumentos) para hacer valer el ordenamiento jurídico vigente (dicho sea de paso, no nos extraña).

En ese contexto, se inscribe lo actuado por ELA y por cuyas consecuencias se encuentra ahora ad portas de un proceso que todo nos hace suponer que será más mediático y político que jurídico.  Ojalá que, en todo caso me equivoque, pero sustento mi opinión en los hechos que hemos estado contemplando desde la comodidad del obligatorio encierro en el cual nos tiene postrados el Covid19 y sus desconocidos efectos.

El protagonista de esta hazaña regresó a nuestro país, proveniente de esa España hoy muy dolida tras haber presenciado el caso de un bribón que, alguna vez fuera cabeza de la Monarquía Constitucional, quien abuzando de su alto perfil, se hizo – en mala lid – de riquezas indebidas y mal habidas, provenientes de actos flagrantes de corrupción y de ambiciones personales, al mero estilo criollo.

Ahí queda, nada más, para el juicio de la historia y como para que no digan que los de acá, somos más ladrones que los de allá.

Durante su interregno y empoderado en la cúspide del poder político ELA recibió en calidad de sobornos, que se sepa, un poco más de diez millones de dólares por parte del representante en México de la tristemente célebre empresa brasileña Odebrecht, recursos que, se dice, utilizó, por una parte, para engrosar las cuentas bancarias de la campaña del PRI, y por otra, para beneficiarse personalmente con la adquisición de bienes inmuebles ahora plenamente identificados, los cuales fueron puestos a nombre de testaferros e involucrados de su primer círculo familiar.

Con dicho modus operandi Lozoya instrumento otras raterías en contra del erario público, entre las que se destaca la adquisición de la empresa Altos Hornos de México su filial, Agronitrogenados, sobre la cual pesaban – y siguen pesando – la obsolescencia tecnológica por haber estado paralizada por más de una década y el exagerado sobreprecio con el cual fuera adquirida, en su momento, por la estatal PEMEX.

En dicha tesitura se fueron contemplando los supuestos que motivaron el proceso de extradición promovido por el gobierno de la 4T, mismo que contempló a la luz del presente desaguisado, una oportunidad magnífica para darse un baño de moralina, muy al estilo de AMLO, quien ha manifestado, nuevamente, que su gobierno se encargará de castigar a las mafias del poder y a los fifís que tanto daño le hicieron a nuestro querido país.

Esos mismos mafiosos dilapidaron ingentes recursos públicos para sobornar a las dirigencias políticas y a actores importantes de los otros dos partidos políticos de mayor relevancia en el país PAN y PRD, con quienes echaron adelante una “delirante” reforma estructural que fue enmarcada en el Pacto por México en cuyo seno fueron aprobadas, entre otras materias relevantes, la reforma energética y la reforma educativa.

En la primera – a decir de los representantes de la 4T – se dio paso al involucramiento del sector privado (nacional o extranjero) para acceder, en calidad de socio del estado, a los recursos que conforman (conformaban) la más amplia riqueza energética de México, con lo cual, se violaba, flagrantemente, uno de los principales escudos con los cuales hemos defendido a ultranza nuestros derechos soberanos sobre la propiedad de los recursos existentes en el suelo y el subsuelo patrios.

Y, es ahí, en donde se ubica el meollo de la susodicha búsqueda de ejemplarización por parte de la 4T de todos los corruptos de sexenios anteriores, a quienes, selectivamente, se les irá encauzando, conforme a los mejores intereses del gobierno de AMLO quien ya prepara su estrategia de cara a lo que se venido conociendo como la más importante elección que se dará en la historia de nuestro país, la del próximo mes de julio de 2021.

Mientras tanto, el señor Lozoya, en su calidad de sujeto privilegiado, ha disfrutado desde su regreso a nuestro país de un tratamiento digno de un jefe de estado, con una suite en la Clínica Ángeles del Pedregal, y un encierro -en lugar desconocido – en donde podrá disfrutar, a partir de la validez y vigencia de sus denuncias, de todos los privilegios que, en función de su prosapia, le son inherentes.

 

 

 

 

 

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