LOS ACUERDOS DE PAZ EN COLOMBIA

El 26 de septiembre de 2016, en Cartagena de Indias, Colombia, teniendo como marco una solemne ceremonia, fueron suscritos los acuerdos de paz negociados entre el gobierno de Juan Manuel Santos, con la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representadas, por quien en ese entonces era su líder máximo, Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”.

Al evento de referencia asistieron innumerables dignidades internacionales, entre las cuales conviene destacar, al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, a representantes de los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, España, Noruega, y la Unión Europea, entre otros, lo que, según lo han expresado analistas en esta materia, fue un intento por legitimar los verdaderos alcances de paz para Colombia.

Para nadie, a estas alturas del paseo, resulta ajeno que el gobierno de Juan Manuel Santos, impuso su soberana voluntad al someter a consulta pública  – mediante un plebiscito – el texto de lo negociado en La Habana, Cuba, misma que se realizó el 2 de octubre del mismo año, con un resultado negativo, lo cual se transformó en una especie de agravio personal en contra de la voluntad del jefe de estado, quien para ese entonces, era uno más de los aspirantes al premio Nobel de la Paz.

En dicho contexto, el pasado fin de semana fue celebrado en medio de bombo y platillo, el primer cuatrienio de la firma de los susodichos instrumentos jurídicos, motivo por el cual se llevó a cabo – de forma virtual – la primera conferencia internacional de los acuerdos de paz para Colombia en la que participaron algunos de los  principales actores locales del proceso, como el propio ex presidente Santos, el jefe de las negociaciones Humberto de la Calle, el general ® Óscar Naranjo, así como algunos de sus principales colegas y amigos quienes en todo momento apoyaron el proceso, como fueron los expresidentes de gobierno de España y Uruguay, respectivamente, Felipe González y José Mujica.

Como era de esperarse, las loas entre unos y otros, en su momento, fueron repartiéndose sin la mayor señal de rubor, sobre todo, a la hora de intuir, ellos, que fueron protagonistas de un hecho sin precedentes en los anales de la historia universal.  En su turno, con la desvergüenza que le caracteriza, alias “Timochenko” adujo que lo negociado en La Habana era objeto de sesudos estudios académicos en las principales universidades del mundo y que, no le cabía la menor duda, de que, llegado el momento, el modelo sería emulado.

La verdad sea dicha, el preámbulo de la aquelarre internacional se determinó durante el curso de una visita que realizara al estado de Florida, el presidente Donald Trump, en donde atendió diversos actos de campaña por la reelección, supuestamente, dirigidos a audiencias latinas, frente a las cuales, a modo de diatriba, señaló a Juan Manuel Santos (si a ese mismo que usted, amable lector, y quien esto escribe, sabemos), por haber entregado a su país al terrorismo y al narcotráfico internacional en ocasión de sus celebrados acuerdos de paz para Colombia.

Y, si bien es cierto, lo señalado por el presidente de los Estados Unidos, en ocasión de un acto de campaña para relegirse, poco o mucho le significó en puntos o en votos frente a su principal rival del partido demócrata, Joe Biden, en Colombia, marcó un antes y un después, tanto en lo que respecta a la relación bilateral, como a la autoestima de algunas de las diversas fuerzas políticas del arco ideológico colombiano que favorecieron las negociaciones de paz.  Sí, esos mismos que, en su momento, fueron beneficiarios de la lisonja oficial vis a vis los estigmatizados como amigos de la guerra.

La verdad sea dicha, me parece que, ni unos ni otros tienen la razón. Hasta el presente momento, no ha sido posible, aún, concretar, lo más elemental, como el poder determinar quién o quiénes pueden ser identificados como victimarios, por el contrario, quiénes como víctimas del conflicto armado.  Las partes se auto inculpan recíprocamente con flamígero dedo.  Sin argüir conscientemente, de qué manera se va a avanzar en el cumplimiento del principio que se ha constituido como la piedra angular de todo el proceso: verdad, justicia, reparación y no repetición.

No se puede dejar de reconocer falencias de parte y parte. Gobierno y cúpula de las FARC no han podido – es mejor reconocer que no han querido – culpas propias y ajenas.

Conviene señalar en dicho sentido que la contraparte gubernamental ha podido avanzar en muchos de los compromisos adquiridos en La Habana, como por ejemplo, regalar al nuevo partido político, además de recursos económicos suficientes para su subsistencia, diez curules en el Congreso Nacional, a pesar de que una de las cuales se haya esfumado como consecuencia de la fuga a Venezuela de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, acusado de reincidir en el delito de narcotráfico y de ser imputado por un gobierno extranjero de servir de cómplice para el envío a la Unión Americana de diez toneladas de cocaína.

Por lo que respecta al cúmulo de privilegios inherentes derivados de los acuerdos, la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz (JEP) representa el caso mas emblemático, ya que, en principio, es de suponer que, el organismo serviría como el vínculo más importante para determinar que quienes integraron las FARC y en su labor hubieran cometido delitos considerados por la legislación aplicable en la materia, pudieran recibir penalidades conforme a cuantías previamente establecidas entre las partes contratantes del acuerdo, deberían ser sometidos a su soberanía.

La verdad sea dicha, hasta el momento de escribir estas líneas, la JEP deja mucho que desear, no solo por el convencimiento de que fue erigida como un mero escaparate para cobijar la impunidad que fuera acordada en La Habana en beneficio exclusivo de un número bien determinado de los criminales y terroristas que integraron a las FARC.

Mediante subterfugios jurídicos y rimbombantes mentiras, algunos de los pocos que han sido encausados por el lado de los excombatientes siguen negando que cometieron delitos de lesa humanidad como secuestro extorsivo, masacres de población inerme, reclutamiento y violencia sexual y laboral de menores, cultivo y tráfico de estupefacientes, explotación ilegal de minería, y un largo etcétera, que aparentaría no tener fin.

El más publicitado compareciente ante la JEP alias “Jesús Santrich” que, como ya fuera advertido en su oportunidad, fue acusado por fiscales estadounidenses de conspirar para enviar a territorio de la Unión Americana diez kilos de cocaína, fue alegremente exonerado y liberado del agravio en contra de su soberana persona.

Y, como es de suponer, no pasó nada y el susodicho, junto con alias “Iván Márquez” y otros ex negociadores farianos de los acuerdos se constituyeron en disidencias armadas y volvieron al monte, también a la frontera con Venezuela, a las áreas del país que mejor conocen con el fin de seguir delinquiendo bajo inspiración de la auto denominada “nueva Marquetalia”.

 

 

 

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