INFAMANCIA DEL DELITO

Hemos sido – en algunos casos – testigos presenciales, y en otros, virtuales, del clima exacerbado que se vive, un día si, y otro también, en alguno de los cuatro puntos cardinales en que está dividida la geografía nacional, al despertarnos y caer en cuenta que, un nuevo hecho deleznable (otro más para añadir a la larga lista) ha ocurrido en uno u otro rincón de esta patria nuestra, que de verdad nos duele, como ha sido el delito infamante perpetrado en contra de quien en vida fue identificada como Fátima Cecilia Aldriguett Antón, de tan sólo siete años de edad, que fue secuestrada y asesinada por personas, supuestamente, afines, es decir, del mismo barrio, escuela, así como de contexto social y cultural, ahora, plenamente identificadas por las respectivas autoridades encargadas del proceso de investigación, ordenado, desde la cúpula del poder político del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) con el fin de que estos sociópatas, de ser comprobada su responsabilidad, paguen, por el crimen cometido, conforme lo determina la ley.

El suceso que, por su singularidad, nos ha conmocionado a todos por igual, por haber sido testigos del mismo en tiempo real, prueba, fehacientemente, que algo anda mal y que no está funcionando como es debido, especialmente, en el contexto de la relación entre las partes integrales del espacio social en el cual nos desenvolvemos: gobernantes vis a vis gobernados.

En la obra “Cleptocracia” (International Book Corporation, 2018), de mi autoría, expuse, ante mis amables lectores, lo que sirvió de base para considerar un diagnóstico sobre las posibles consecuencias de la situación prevaleciente en México, principalmente, a partir de comienzos del presente siglo.   La crisis sistémica de las principales instituciones políticas que surgieron a partir del triunfo de la lucha armada de 1910, sirvió como telón de fondo de casi todos los males que ahora nos afectan y que, a su vez, nos exponen a movernos en el medio de una senda que, indefectiblemente, creo yo, nos conducirá por la ruta fatídica del no retorno, es decir, al espacio del averno de la intemporalidad, que es lo mismo, o que suena igual que el país del nunca jamás.

A la hoy occisa, le fallaron todas las instancias que, por principio, deberían de haberse constituido en sus principales aliadas, comenzando por las autoridades de su centro de estudios, la escuela Enrique Rébsamen, así como también, los investigadores del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el DIF (federal), y, principalmente, sus padres, quienes – se ha podido conocer – solicitaron en tiempo y forma la intervención de las autoridades competentes (alerta ámbar), aunque sucedió lo que suele pasar en casos como el que ahora nos acongoja a todos, o en otros tantos que, día a día, laceran a una sociedad profundamente conmovida: NADA, absolutamente NADA.  No se movió ni una hoja del árbol burocrático, tejido tanto en estas, como en la mayoría de las otras tantas instancias dedicadas a la procuración de justicia en todo el país.

En el ánimo de aportar con un granito de arena en favor de la causa de los derechos inalienables de los niños, en el entorno del impacto que dicho fenómeno ha tenido en el contexto en el cual fue perpetrado, la CDMX, traigo a colación los datos aportados por el estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO) del cual se desprende que entre los años 2012 y 2019 se presentaron en la capital del país 95 casos de niñas entre uno y diecisiete años de edad que fueron victimizadas de una u otra manera.  En algunos de los casos, por heridas de arma de fuego o punzo cortante, otros más por violencia doméstica, violencia escolar, abuso sexual, así como un largo etcétera, dentro del caudal de los crímenes tipificados por el ordenamiento jurídico aplicable.

En el caso concreto que corresponde a los feminicidios, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en los últimos cinco años se han incrementado 137% por encima de las cifras precedentes.  Y, como para muestra, basta con un botón, traigo a colación un hecho que se mantiene fresco en la conciencia ciudadana, sobre las circunstancias del crimen en contra de Ingrid Escamilla (25 años), salvajemente asesinada por su pareja sentimental y cuyos restos mortales fueron cruelmente exhibidos por algunos integrantes de los medios masivos de comunicación.

Lo más lamentable de todo este mosaico representativo de la criminalidad perpetrada en contra de menores – casos específicos de mujeres -, es el nulo balance de éxito en las investigaciones abiertas en los diferentes niveles de gobierno involucrados en los respectivos procesos.  En la obra citada en párrafos precedentes, referí, en el capítulo correspondiente a la administración de justicia en México, que el nivel de impunidad con el cual operan los órganos jurisdiccionales encargados, rondaba, por el orden de entre el 95 y el 98%, casi nada.

El caso de Fátima; de Camila, (9 años) asesinada en el Valle de Chalco; Valeria, en ciudad Neza; de Ingrid Escamilla; o el de María Elena Ríos (saxofonista) atacada con ácido, así como el de un largo (larguísimo), y casi infinito número de casos similares, o parecidos, deben de servirnos de muestra para alzar la voz de forma permanente y realizar una profunda reflexión en el entorno del tipo de pacto social con el cual pretendemos movilizar a nuestro país, en la búsqueda de un nuevo paradigma justiciero, incluyente, para que nos ampare a todos por igual.

Mientras esto no suceda, cualquier esfuerzo o empeño de gobernantes y gobernados en el entorno de tratar de conseguir un país con las menos desigualdades posibles, resulta, prácticamente imposible.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *