IMPUNIDAD PARA DEPREDADORES SEXUALES

Para todos aquellos que, como en mi caso concreto, hemos dado puntual seguimiento a los trabajos relacionados con el largo y espinoso proceso de impunipaz llevado a cabo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) – hoy transformadas en un partido político con derechos, y quiero suponer que, también, con algún tipo de obligaciones -, cayó como cubetada de agua fría la decisión adoptada por la Corte Constitucional (C.C.), mediante la cual, por vía de un plumazo, es decir, hicieron lo que se les antojaron a sus “esos” determinó como exequible (viable o válido) que los delitos sexuales cometidos al amparo de la lucha armada, puedan ser sometidos ante una instancia sui generis, como es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) organismo creado, como es de público conocimiento, al amparo del acuerdo final suscrito entre las partes (estado-guerrilla), en lugar de canalizarlos (como en su momento fuera propuesto por el Congreso) para su procesamiento, ante la justicia ordinaria.

La diferencia entre el juzgamiento entre una y otra instancias, ya sea, al amparo de la de justicia ordinaria, o en su caso, de la de la JEP, es que, mientras que en la primera, todos aquellos que llegasen a ser imputados como culpables, y por lo tanto, condenados a cumplir una sentencia privativa de la libertad personal, quedan obligados a someterse a lo determinado durante su proceso. Mientras que, por lo que respecta a la segunda, aún si se llegase a comprobar la culpabilidad directa del supuesto infractor, quienes hayan sido imputados de cometer dicho tipo de delitos, ya sea por acción u omisión, en ningún caso, será obligado a purgar una sentencia que incluya pena privativa de la libertad, conforme a lo que fuera determinado por la norma a que nos hemos referido, que fuera considerada como exequible por la propia C.C.

En los casos específicos de todos aquellos que sean sometidos a la jurisdicción de la JEP, los que sean declarados como culpables de cometer dicho tipo de delitos, automáticamente, pueden invocar, en su propio beneficio, acogerse al esquema de verdad, justicia, reparación y no repetición determinado ad hoc por los principios de justicia transicional y restaurativa, adoptados en el texto de los Acuerdos de La Habana.

A dicho fin, y en el ánimo de intentar describir el ambiente con que dicha medida fue acogida en todo el país, conviene reflexionar en el entorno de la postura del gobierno del centrista Iván Duque, quien afirmó, en su oportunidad, que no está de acuerdo con el sentido del fallo de la C.C., pero que, en todo caso, como presidente de la república, lo que le corresponde, es acatarlo. En el lado contrario, es decir, el de la oposición política, el anuncio fue recibido con beneplácito especialmente, por parte de los áulicos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) instituto político desde el cual operan los ahora supuestamente reinsertados, una vez que abandonaron la lucha armada con el fin de acogerse a todos los privilegios, incluidos en su beneficio, como el de disponer, entre otras canonjías, de doce escaños en el Congreso Nacional (seis en el Senado y cantidad similar en la Cámara de Representantes) al menos, durante el curso de las tres próximas legislaturas (cada una de cuatro años).

Qué tal. Ver para creer, todo o anterior, sin menoscabo del informe elaborado, puntualmente, por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el cual. constan, fehacientemente, al menos, 8,394 casos concretos, reportados por la Unidad de Víctimas por motivos de violencia sexual perpetrada por actores armados, de entre los cuales, el 88% corresponde a mujeres.

En el amplio menú de violaciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, y en contra de los derechos humanos de las víctimas, se destacan, entre otros, además del reclutamiento forzado de menores, el sometimiento a todo tipo de violencia, vejámenes y abusos sexuales, incluida, entre otros, la esclavitud, perpetrados, tanto por parte de los jefes, como por integrantes de la tropa de las FARC, cuyas cabezas principales anotaban en bitácora un riguroso método de planificación sexual a fin de evitar embarazos indeseables, y si, por razones de casualidad, se llegaba a dar el caso de embarazos involuntarios, las involucradas eran inducidas (forzadas) a realizarse abortos clandestinos, generalmente, por vía de legrado, lo que, según anotan especialistas en esta materia, podría ser causante directo de la esterilidad de las pacientes sometidas a dicha práctica.

Según se desprende de los testimonios directos de quienes integran la corporación “Rosa Blanca” en la cual militan desmovilizadas de las FARC, una vez que eran sometidas (generalmente de forma violenta) a reclutamiento forzado, eran violadas de forma tumultuaria, por uno o varios integrantes de la tropa, a quienes, obligatoriamente, debían servir a pie juntillas, so pena de ser pasadas por las armas.

Vamos a ver, todo lo anterior sucede mientras observamos con verdadera estupefacción los cientos de miles de casos comprobados de abusos sexuales (de todo tipo) perpetrados, en su mayoría en contra de menores de edad vulnerables (hombres y mujeres) por parte de integrantes de la jerarquía de la Iglesia Católica, incluidos entre ellos, desde simples curas, hasta obispos y arzobispos, como han sido los surgidos en lugares como – el mas reciente – en Pensilvania, en los Estados Unidos de América, en Irlanda, Alemania, Chile, Australia, y un caso emblemático para todos nosotros en México, el del tristemente celebre Marcial Maciel, actuando en contubernio y bajo el velo protector de la orden fundada por él mismo, los “Legionarios de Cristo”.

En dicho sentido, no podemos, ni debemos olvidar que, durante siglos, dicho delito se mantuvo bajo la cobertura de La Omertá (Ley del Silencio) de los unos para el beneficio de los otros, principalmente, en el entorno de la jerarquía de la Iglesia Católica. El abuso sexual perpetrado en contra de menores, o personas sujetas a la autoridad de un ministro de culto religioso, o de un victimario, no sólo es abominable y execrable, merece, en todo caso, ser castigado con el mayor rigor social de que sea posible aplicar en dicha materia, sin mayores excusas o pretextos, como el que ahora hemos querido traer a la palestra en el contexto del proceso de impunipaz a favor de las FARC:

 

 

 

 

 

 

 

 

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