ES POR EL ORO

El pulso más reciente entre los dos grupos antagónicos que se disputan el poder político en Venezuela, encabezados, respectivamente, por Nicolás Maduro, considerado como ilegítimo por los gobiernos de más de 50 países, y Juan Guaidó, autoproclamado como presidente encargado, favoreció a este último, una vez que se hizo pública la sentencia del Tribunal Superior del Reino Unido, con respecto al litigio, sobre el destino de 30 toneladas de oro, con un valor superior a los 1,100 millones de dólares (mdd) que reposan – lingotes – dentro de las bóvedas del Banco de Inglaterra, así como otros 130 millones de dólares (mdd) de un contrato de intercambio negociado con el Deutche Bank.

La polémica decisión de la corte británica representa un nuevo y duro golpe contra del cuestionado régimen de la revolución bolivariana, que pulula por el mundo en calidad de paria en busca de nuevas fuentes de ingresos, como mejor medida, supuestamente, para financiar la salida de la crisis sistémica por la que atraviesa.

Muy lejos, en la distancia, han quedado los tiempos de la teóricamente inagotable bonanza petrolera, sustento principal del proyecto político de Hugo Chávez, cuyos cimientos, a estas alturas del paseo, se encuentran, prácticamente, al borde del colapso.   En esa virtud, el régimen comenzó a deshojar la margarita, con el ojo puesto en otro tipo de recursos naturales no renovables – como el del petróleo -, susceptibles, también, de espolio, como ha venido sucediendo con la explotación de los ricos yacimientos del dorado metal en la zona conocida como el arco minero en los estados de Amazonas y Bolivar.

Sobre dicha riqueza en específico, se ha podido conocer, gracias a la aprehensión en Cabo Verde, de quien se dice, uno de los principales testaferros del régimen, el colombo-venezolano Alex Saab, quien se encuentra en espera de resolución judicial sobre la solicitud de extradición dictada en su contra por el gobierno de los Estados Unidos de América, que saldrán a la luz pública datos relevantes que involucran, directamente, a los más altos dignatarios venezolanos, entre los cuales, por supuesto, se encuentra la pareja presidencial, en el inadecuado manejo de los recursos públicos para beneficio personal y político.

De conformidad con los respectivos expedientes del caso, se acusa a Saab de haber puesto en marcha un complejo montaje financiero cuyos principales objetivos serían el de lavado de dinero (recursos públicos), tráfico de oro y coltan (mineral estratégico con ricos yacimientos ubicados al sur del Orinoco), medicamentos y alimentos (para integrar las CLAPS).   El destino principal de la ofensiva de la amplia red sería para el intercambio de bienes y servicios obtenidos de parte de gobiernos aliados del madurismo, como son los casos de Turquía, Rusia, China e Irán, principalmente.

Se dice, además, sobre el entramado, que el mismo fue perfeccionándose a la sombra de las estrictas medidas determinadas por el gobierno de los Estados Unidos, – Departamento del Tesoro – en contra del régimen.

La administración Trump también implementó el pasado mes de marzo, lo que para algunos significó “el principio del fin” del régimen usurpador.  En este sentido, a través del Departamento de Justicia, le puso precio a la cabeza del propio Maduro por quien ofrecieron en calidad de recompensa por su captura, 15 mdd.  Otro tanto por lo que respecta a cuatro testaferros gubernamentales, entre los que se destacan Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá y Tareck Al Aissami, por quienes se ofrecieron, respectivamente, 10 mdd.

Por lo que respecta al Departamento de Estado, su titular Mike Pompeo, demando al gobierno bolivariano el fin de la usurpación, la salida del poder de Maduro, elecciones libres y supervisadas por la comunidad internacional, con un árbitro imparcial, salida del país de representantes de fuerzas armadas extranjeras (Cuba, Rusia, Irán, FARC y ELN) así como el restablecimiento de la democracia.  En el entorno de dicha ofensiva primaveral, a su vez, el jefe del Comando Sur, Craig Faller, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro representa una “amenaza real” para América Latina por lo que ya se estarían tomando en consideración las medidas más adecuadas y convenientes a los intereses democráticos de su país, sobre la mejor forma de neutralizar cualquier tipo de riesgo que se pudiera llegar a presentar en el futuro inmediato.

Mientras todo esto sucede, cuatro millones de venezolanos han huido del régimen en los últimos tres años.  La mayoría de los cuales – se estima que serían casi dos millones – migraron a Colombia, el resto, se ha repartido entre Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y México, entre otros.  La mayoría han padecido situaciones límite, sobre todo, a estas alturas del paseo, por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid19 que ha encarecido, la obtención de los auxilios que habían obtenido (migración, salud, educación y trabajo), precisamente, como consecuencia de la falta de todo tipo de bienes, servicios e insumos a los que se habían acogido para justificar su éxodo al extranjero.

Al régimen tampoco le van bien las cosas en materia de la salvaguardia de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como se pudo conocer gracias al completo informe de la presidenta del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, quien anunció, recientemente, que el régimen bolivariano seguía conculcando los derechos de sus gobernados por vía de la desaparición forzada de sus opositores políticos, a quienes estaría buscando neutralizar, con vistas a su participación en las cuestionadas elecciones parlamentarias, convocadas, para el próximo mes de diciembre, las cuales han sido calificadas, desde ahora, como  antidemocráticas.

 

 

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