EL PRESO No. 1087985

El día de ayer, miércoles 12 de agosto, representantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, (INPEC) hicieron presencia en la finca “Ubérrimo”, ubicada en el Departamento de Bolivar, propiedad del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, con el fin de avanzar el procedimiento mediante el cual le fue modificada su situación personal que, hasta esa fecha, le acreditaba como senador de la República.   En ese sentido y con base a lo ordenado por los cinco magistrados que integran la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se le identificó como el preso número 1087985, sujeto a proceso por la comisión de los delitos de supuestos casos por obstrucción a la justicia y pago de sobornos, derivados de una demanda, por cierto, muy bien identificada, atribuida a su némesis, el también senador (Polo Democrático) Iván Cepeda.

La inoportunidad del emplazamiento judicial en contra del ex presidente y líder del partido en el gobierno, el Centro Democrático, ha causado un efecto muy conocido en este país: la polarización.  Desde cada uno de sus respectivos bandos, es decir, derecha e izquierda política se lanzan voces en pro y en contra de cada uno de los dos protagonistas, quienes, dicho sea de paso, disponen de infinidad de seguidores, dispuestos todos a jugarse el todo por el todo, en el contexto de este nuevo proceso dialéctico.

Se repite, en Colombia, el mismo fenómeno, que no nos es del todo ajeno, como bien se recordará, protagonizado por el premio Nobel de la paz y ex presidente Juan Manuel Santos, durante el proceso negociado con las FARC,  que derivó en la firma de un Acuerdo, cuyos objetivos y alcances están todavía muy lejos de poder llegar a determinar su conveniencia para el país, sobre todo, porque virtud de que dicho instrumento político se movía en unos ejes considerados inmutables por las partes contratantes, tal fue el caso de: verdad, justicia, reparación y no repetición.

Ninguna de las cuatro premisas señaladas ha sido validada, razón por la cual, la polarización que prevalece y que fuera detonada por quienes apostaron en favor de las negociaciones y del acuerdo en todos sus términos (que fueron muchos) antagonisan, por principio de cuentas, con quienes no estuvieron conformes con la infinidad de inmerecidos privilegios contemplados en favor de los guerrilleros/terroristas de las FARC, muchos de los cuales, inconformes, aún por la suerte que se les había otorgado, retornaron al monte, para continuar con el lucrativo negocio del trasiego de armas, la comercialización de cocaína, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores y la violación de niñas y mujeres.

En dicho ambiente exacerbado en el que quienes llevan la peor parte son las víctimas del conflicto armado, ni una justicia especial contemplada en el acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha sido capaz de procesar al menos a uno de los actores y principales responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad como fuera el caso de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, acusado, como reincidente y cómplice directo del proyecto de envío a los Estados Unidos de América de 10 toneladas de cocaína, elaboradas, en principio, en alguno de los laboratorios clandestinos aún en poder y bajo la hegemonía de integrantes del grupo armado.

No han cejado en el lucrativo negocio que tantos beneficios les atrajo, y en la mayoría de los casos, se supo, optaron por migrar a la vecina Venezuela – caso específico de Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez – lugar desde donde reciben por parte del régimen chavista de Nicolás Maduro, todo tipo de privilegios, en tanto en cuanto se comprometan a una defensa a ultranza de la revolución bolivariana.  Y, es, justamente en dicho parámetro, dentro del cual ponemos en contexto el caso del ex presidente Uribe Vélez, quien a estas alturas de la historia patria ha sido sometido a un proceso jurídico con indudable talante político en medio del cual, como siempre sucede, unos ganan, mientras que otros pierden.

Y, aunque no está escrito, dicen, quienes de esto bien saben, que el ex presidente Uribe Vélez habría sido también boletinado desde La Habana (durante el curso de las negociaciones con las FARC) por algunos de sus principales detractores continentales, muchos de los cuales conforman lo que ahora se ha convertido en una leyenda: el Foro de Sao Paulo.  Por otra parte, algunos maliciosos, enuncian que, también, aúpan a sus congéneres sao paulistas, aquellos quienes integran el Grupo de Puebla (12 de junio de 2019) conformado por integrantes de la izquierda política iberoamericana.

Lo que sea que suceda, y confiemos en que el agua no llegue al río, Álvaro Uribe Vélez cumple con indudable estoicismo el confinamiento a que fue sometido por sus juzgadores (detractores), los cinco magistrados con nombre y apellido propio en un intento revanchista, cuyo objetivo principal es quitarse de encima al elector con mayor influencia política en el país vis a vis la posibilidad de facilitar el advenimiento de una izquierda pura y dura a la cúspide del poder político en Colombia.

Por lo pronto, la buena noticia fue que el número 1087 obtuvo el día de ayer, el premio principal de la lotería que se jugó en Cali, mismo que dispone de un premio mayor de $3,500 millones de pesos (equivalentes a casi un millón de dólares).  Las cuatro cifras que integraron el susodicho premio, son idénticas a las cuatro con las que inicia la nueva identidad que le fuera asignada por el INPEC al ex presidente Uribe Vélez.

¡Amanecerá y veremos!

 

 

 

 

 

 

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