DESHONROSA EXHIBICIÓN

Lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos meses en el entorno de la acción de representantes de la justicia estadounidense, vis a vis los conocidos casos, abiertos, en contra de altos exfuncionarios gubernamentales, como son, respectivamente, Genaro García Luna, y el general Salvador Cienfuegos, debería de motivarnos para realizar una reflexión en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia en México, misma que, en lugar de ser pronta y expedita, se materializa como lenta e ineficiente, propiciando impunidad galopante.

Para quien esto escribe, resulta muy difícil poder llegar a determinar – con cierto nivel de certeza – si cualquiera de ambos ex funcionarios cometieron, o no, alguna de las graves imputaciones que les han sido abiertas por la misma Corte de Nueva York, en donde se les sigue proceso.  Por lo pronto, conocemos, con respecto a García Luna, que fue detenido en territorio de los Estados Unidos (en donde reside de forma permanente) y al general Cienfuegos, durante el curso de un viaje de vacaciones (acompañado de su familia) en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.

Para proceder con la detención de ambos connacionales, las autoridades competentes del gobierno de nuestro vecino del norte, no nos hicieron partícipes de los respectivos operativos.  Antes bien, guardaron un indeseado mutismo, acción que, desde mi particular punto de vista, lleva implícito el alto nivel de desconfianza que sienten en el entorno de sus pares de este lado de la frontera.  A decir verdad, a estas alturas del paseo, lo digo con mucha pena, pero sin desenfado, no se sabe quiénes son los buenos, y cuáles son los malos, a los que, con toda certeza, debemos señalar con flamígero índice.

En atención al susudicho desaguisado y como medida para salvaguardar su propio pellejo (de los malosos, de los fifís o de los pirruris, como estigmatiza a sus opositores) el presidente López Obrador (AMLO) señaló – con referencia a la captura del general Cienfuegos – que la embajadora de México ante la Casa Blanca, Martha Bárcena Coqui, le había alertado (desde hacía quince días) sobre la apertura de un expediente criminal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional.

Lo que verdaderamente agrava el involucramiento de los ex altos funcionarios federales, tiene que ver con la señalización de vínculos con representantes del crimen organizado y del narcotráfico, como sería el caso concreto, de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” quien fue objeto de juicio en la misma corte del estado de Nueva York, y condenado a purgar pena de prisión perpetua, en una cárcel de alta seguridad.

A dicho respecto, no podemos, ni queremos disimular las similitudes de tan escandaloso proceso (el del Chapo) y el que se sigue en contra los dos supuestos inculpados, García Luna y Cienfuegos, cuyo sustento, en principio, se deriva de las declaraciones y delaciones obtenidas por la justicia estadounidense de parte de connotados criminales, ampliamente reconocidos, que culminaron su vida delictiva extraditados por México – en cumplimiento de compromisos binacionales de cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico -. Dichos encausados por la justicia de nuestro vecino del norte, se acogieron al mecanismo de “testigos protegidos” que, de una u otra manera, en principio, les favorece en el contexto del seguimiento de sus propios procesos penales.

Dentro de las fichitas enunciadas podemos citar, entre otros, los casos de Edgar Valdés Villareal “La Barbie” (aliado de los Beltrán Leyva y de El Chapo); Juan García Abrego; (Cartel del Golfo); Benjamín Arellano Félix (Cartel de Tijuana); Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” (Cartel de Sinaloa); Juan José Quintero Payàn “Don Juanjo” (Cartel de Juárez); Osiel Cárdenas Guillén (Líder del Cartel del Golfo); Dámaso López “El Licenciado”; y Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” (Cartel de Sinaloa).

Lo anterior, nos sirve de ejemplo como parte de una buena estrategia, digna de tomarse en cuenta, a la hora de iniciar carpetas de investigación en procesos iniciados en contra de delincuentes de cuello blanco, como son, los de más reciente conocimiento, de Emilio Lozoya y Rosario Robles, así como de tantos nombres y rostros, debidamente acogidos a una especie de omertá o pacto secreto que compromete a guardar silencio con respecto a los actos ilícitos cometidos entre las partes.

Para muchos mexicanos – me suscribo entre ellos – lo acontecido, recientemente, en las Cortes del Estado de Nueva York, en contra de nacionales de nuestro país, representa para todos, una deshonrosa exhibición, que no nos merecemos.

 

 

 

 

 

 

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