Analisis

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AMLO Y SU FALTA DE EMPATÍA

Con más de 30 millones de votos que lo legitiman, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha podido – o no a querido – reconocer el impacto popular que, indudablemente, han concitado las innumerables reivindicaciones de género que se han venido realizando, a lo largo y ancho del territorio nacional, durante los últimos quince meses, muy especialmente, las que se llevaron a cabo los pasados días 8 y 9 de marzo, que han sido calificadas por la dirigencia morenista de la 4T, como muestras fehacientes de la indudable manipulación de que han sido objeto, supuestamente, por las fuerzas políticas más oscurantistas del llamado viejo régimen conservador, o cualquier cosa que ello signifique, y que, en todo caso, pudieran afectar los altos intereses de quien se auto denomina como el caudillo de México del siglo XXI.

Una especie de nuevo mesías que sólo cree en lo que el mismo se cree, sin empatía por causas como la falta de respuestas claras, firmes y expeditas ante los fenómenos de la alta violencia de género y los feminicidios que pululan allende los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional.  El gobierno a cargo de AMLO ha sido incapaz de hacer frente a uno de los fenómenos que, en principio, suscitaron el aval ciudadano que lo impulsó a ocupar el cargo que ostenta, el de la más alta magistratura del país, es decir, la presidencia de la república.

Desde esa alta tribuna AMLO nos pontifica cinco días a la semana, a veces sí, otras también, sobre lo bueno y lo malo, a juicio del sabedor de todo.  Debemos creer y obedecerlo con toda humildad so pena de que – penda sobre la tranquilidad ciudadana cual espada de Damocles – la amenaza de dar línea a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y/o al Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como a otras altas instancias gubernamentales, consideradas como herramientas para la extorsión ciudadana, similares a las que, antaño, manejaron a sus muy dudosos intereses los esbirros del tristemente famoso (y desprestigiado) partido en el poder: el PRI.

Ante la coyuntura nacional e internacional que se vislumbra en el medio de las reivindicaciones de género, México debe responder, por cierto, a la altura de las mayores expectativas posibles, al negativo impacto de las dos crisis que se ciernen sobre la comunidad internacional: los negativos efectos del Covid-19 y la guerra de precios del petróleo, protagonizada por dos de los actores principales del mercado energético mundial: Rusia y Arabia Saudita.  Uno y otro, han acarreado – a estas alturas del paseo – efectos perniciosos, sobre todo en dos valores fundamentales del proyecto de la 4T.

En primer lugar, poner en la principal línea de ataque al sector energético, encabezado por la estatal PEMEX, la cual, en principio, se intenta potencializar, justamente, cuando el mundo gira en un entorno inverso.  Baste mencionar que, como consecuencia directa de los recientemente acontecido, el valor de nuestro petróleo se ha reducido significativamente.  Y, cuando la tendencia mundial se enfoca en priorizar la utilización de recursos energéticos alternativos, el gobierno de la 4T le apuesta a la construcción de “elefantes blancos” como el proyecto de refinería de Dos Bocas, misma que – según la Secretaría de Energía – tendrá capacidad para procesar hasta 340 mil barriles al día, una vez que sea concluida.

En segundo término, el Covid-19 (o influenza China) misma que ha producido, entre otros graves efectos, una crisis financiera internacional, cuya repercusión nos ha afectado directamente en el decrecimiento de los principales indicadores de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como la sustantiva pérdida de valor de nuestra unidad monetaria, el peso, frente al dólar estadounidense, cuya cotización – al día de hoy -, ronda las 22 unidades por uno.

Ahora bien, si AMLO se empeña en argüir como válida la expresión de “me canso ganso” o hágase mi soberana voluntad, todos vamos a perder, y junto con nosotros, también pierde México.

 

 

 

INFAMANCIA DEL DELITO

Hemos sido – en algunos casos – testigos presenciales, y en otros, virtuales, del clima exacerbado que se vive, un día si, y otro también, en alguno de los cuatro puntos cardinales en que está dividida la geografía nacional, al despertarnos y caer en cuenta que, un nuevo hecho deleznable (otro más para añadir a la larga lista) ha ocurrido en uno u otro rincón de esta patria nuestra, que de verdad nos duele, como ha sido el delito infamante perpetrado en contra de quien en vida fue identificada como Fátima Cecilia Aldriguett Antón, de tan sólo siete años de edad, que fue secuestrada y asesinada por personas, supuestamente, afines, es decir, del mismo barrio, escuela, así como de contexto social y cultural, ahora, plenamente identificadas por las respectivas autoridades encargadas del proceso de investigación, ordenado, desde la cúpula del poder político del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) con el fin de que estos sociópatas, de ser comprobada su responsabilidad, paguen, por el crimen cometido, conforme lo determina la ley.

El suceso que, por su singularidad, nos ha conmocionado a todos por igual, por haber sido testigos del mismo en tiempo real, prueba, fehacientemente, que algo anda mal y que no está funcionando como es debido, especialmente, en el contexto de la relación entre las partes integrales del espacio social en el cual nos desenvolvemos: gobernantes vis a vis gobernados.

En la obra “Cleptocracia” (International Book Corporation, 2018), de mi autoría, expuse, ante mis amables lectores, lo que sirvió de base para considerar un diagnóstico sobre las posibles consecuencias de la situación prevaleciente en México, principalmente, a partir de comienzos del presente siglo.   La crisis sistémica de las principales instituciones políticas que surgieron a partir del triunfo de la lucha armada de 1910, sirvió como telón de fondo de casi todos los males que ahora nos afectan y que, a su vez, nos exponen a movernos en el medio de una senda que, indefectiblemente, creo yo, nos conducirá por la ruta fatídica del no retorno, es decir, al espacio del averno de la intemporalidad, que es lo mismo, o que suena igual que el país del nunca jamás.

A la hoy occisa, le fallaron todas las instancias que, por principio, deberían de haberse constituido en sus principales aliadas, comenzando por las autoridades de su centro de estudios, la escuela Enrique Rébsamen, así como también, los investigadores del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el DIF (federal), y, principalmente, sus padres, quienes – se ha podido conocer – solicitaron en tiempo y forma la intervención de las autoridades competentes (alerta ámbar), aunque sucedió lo que suele pasar en casos como el que ahora nos acongoja a todos, o en otros tantos que, día a día, laceran a una sociedad profundamente conmovida: NADA, absolutamente NADA.  No se movió ni una hoja del árbol burocrático, tejido tanto en estas, como en la mayoría de las otras tantas instancias dedicadas a la procuración de justicia en todo el país.

En el ánimo de aportar con un granito de arena en favor de la causa de los derechos inalienables de los niños, en el entorno del impacto que dicho fenómeno ha tenido en el contexto en el cual fue perpetrado, la CDMX, traigo a colación los datos aportados por el estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO) del cual se desprende que entre los años 2012 y 2019 se presentaron en la capital del país 95 casos de niñas entre uno y diecisiete años de edad que fueron victimizadas de una u otra manera.  En algunos de los casos, por heridas de arma de fuego o punzo cortante, otros más por violencia doméstica, violencia escolar, abuso sexual, así como un largo etcétera, dentro del caudal de los crímenes tipificados por el ordenamiento jurídico aplicable.

En el caso concreto que corresponde a los feminicidios, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en los últimos cinco años se han incrementado 137% por encima de las cifras precedentes.  Y, como para muestra, basta con un botón, traigo a colación un hecho que se mantiene fresco en la conciencia ciudadana, sobre las circunstancias del crimen en contra de Ingrid Escamilla (25 años), salvajemente asesinada por su pareja sentimental y cuyos restos mortales fueron cruelmente exhibidos por algunos integrantes de los medios masivos de comunicación.

Lo más lamentable de todo este mosaico representativo de la criminalidad perpetrada en contra de menores – casos específicos de mujeres -, es el nulo balance de éxito en las investigaciones abiertas en los diferentes niveles de gobierno involucrados en los respectivos procesos.  En la obra citada en párrafos precedentes, referí, en el capítulo correspondiente a la administración de justicia en México, que el nivel de impunidad con el cual operan los órganos jurisdiccionales encargados, rondaba, por el orden de entre el 95 y el 98%, casi nada.

El caso de Fátima; de Camila, (9 años) asesinada en el Valle de Chalco; Valeria, en ciudad Neza; de Ingrid Escamilla; o el de María Elena Ríos (saxofonista) atacada con ácido, así como el de un largo (larguísimo), y casi infinito número de casos similares, o parecidos, deben de servirnos de muestra para alzar la voz de forma permanente y realizar una profunda reflexión en el entorno del tipo de pacto social con el cual pretendemos movilizar a nuestro país, en la búsqueda de un nuevo paradigma justiciero, incluyente, para que nos ampare a todos por igual.

Mientras esto no suceda, cualquier esfuerzo o empeño de gobernantes y gobernados en el entorno de tratar de conseguir un país con las menos desigualdades posibles, resulta, prácticamente imposible.

 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE ESTÁ EL CAPITÁN?

Traigo a colación esta serie de películas orquestadas por la industria cinematográfica de Hollywood, allende los años ochenta, cuyo principal objetivo fue satirizar una actividad profesional de la mayor relevancia – como es el caso de un comandante de avión de pasajeros -, sobre todo, para los sufridos viajantes, en quienes unas veces si, y otras también, recaen todo tipo de vicisitudes, incluida la consabida llamada de Mayday, precursora de algún tipo de catástrofe o inminencia de peligro, con el firme propósito de enunciar, aunque sea en forma tangencial, a uno de los protagonistas de la tragicomedia nacional, protagonizada, por los primeros actores de la 4T en nuestro país, que, es y seguirá siendo, la popularmente conocida, por su nombre y apellido: al avión presidencial TP 01.

De conformidad con el estado de ánimo de nuestro primer mandatario, AMLO, este aparato con dos turbinas – que ciertamente le avergüenza, y que nos avergüenza a todos por igual –  que soporta el peso bruto de una bestia irracional, pero funcional,  que se desplaza, sin necesidad de escalas técnicas, a cualquier lugar de nuestro planeta, originando su salida desde nuestra ciudad capital, o cualquier otra, dentro de territorio nacional, representa la cereza del pastel de lo que, según el propio comandante en jefe, materializó las aspiraciones imperiales de los adalides del viejo régimen, estigmatizado, hoy y para siempre, por los altos índices de corrupción con el que lo mancillaron.

Dicho sea de paso, uno de los actores principales de la rapiña transexenal, Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, acaba de ser detenido en España, y todo augura que, próximamente, viajará, en calidad de extraditado, a nuestro país.

Bien, retomando el párrafo precedente, hasta este punto, estoy de acuerdo con el tabasqueño. En la obra “Cleptocracia” (publicada por the International Book Corporation IBC 2018) de mi autoría, tuve la oportunidad de exponer, ampliamente, el caso de desvío de fondos públicos, para la adquisición de bienes suntuarios e inútiles, como es el caso que se aborda en el presente artículo, llamando, en todo caso la atención, concretamente, en una realidad que nos desnuda por completo ante la comunidad internacional, como es el caso de que en nuestro país, si en nuestro México, tenemos: 124.74 millones de habitantes, de los cuales, 52.4 son considerados como pobres, y, de ellos,  9.3 sufren de pobreza extrema, según los datos aportados con la información obtenida durante 2018 por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) correspondiente al año de la medición.

Dicho lo anterior, lo que se haga, o se deje de hacer con el susodicho avión imperial – rifa, sorteo, pifia, o lo que sea que se le ocurra al mandamás – nos debe de tener sin mayores sobresaltos, y sin cuidado, sobre todo, si para ello consideramos la abultada agenda política de que dispone la 4T para poder avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales vis a vis la fiesta del chascarrillo mañanero con el que el jefe de jefes nos distrae de lunes a viernes y con la cual se pretende sedar (silenciar) la conciencia colectiva ciudadana, que confronta, un día si, y otro también, los riesgos que implican el desplazamiento que parte desde la tranquilidad de nuestros respectivos hogares, hacia la intrincada selva que nos acecha en cada esquina y crucero, en donde deberemos enfrentar riesgos, peligros y amenazas en contra de nuestra integridad personal o familiar, desde y hacia la mayoría de las principales poblaciones urbanas y rurales de esta gran nación que nos alberga.

Lo anterior, sin dar por descontados los perniciosos efectos provenientes de allende nuestra frontera hacia el norte geográfico donde padecemos los síntomas del odio exacerbado que pesa sobre México, y del cual es protagonista principal, el actual  inquilino de la Casa Blanca (Washington D.C.), quien durante el curso de todo el presente año, se encontrará en plena campaña para la reelección en el proceso comicial del próximo mes de noviembre, constituyéndose, sin lugar a dudas, el hecho mismo, en el mayor riesgo potencial para todos nosotros, y que demandará la máxima alerta nacional en todos los flancos y hacia nuestros cuatro puntos cardinales.

Ciertamente, AMLO optó por el camino que mejor conviene a sus reconocidos intereses, es decir, el culto a la personalidad (a la suya, por supuesto) dejando en manos de tripulaciones inexpertas, y claramente ineficaces, la conducción de esa águila real, devorando una serpiente, que nos representa a todos, en calidad del símbolo de la gran nación que, hoy por hoy, somos, y nos merecemos todos por igual.

 

 

 

AJEDREZ DIPLOMÁTICO CONTINENTAL

Para nadie – digo yo – debería de haber resultado sorpresiva la reciente visita a México del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergéi Lavrov, con independencia de que, la misma, se verificó, casi en paralelo, al periplo realizado por diversos países europeos y por Canadá, por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien se presentó ante la cúpula del poder político del gobierno de los Estados Unidos de América, comenzando por su presidente, Donald Trump, incluidos el Vicepresidente, Mike Pence, y la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, así como un largo etcétera, entre quienes figuraron aquellos que integran el establishment, en medio del cual, fue objeto de los consabidos saludos y apapachos, rendidos, todos, en su honor y, en todo caso, en su calidad de “auto designado” presidente legítimo del país bolivariano.

En dicho contexto, el canciller ruso concretó una gira que incluye a los países de nuestra subregión geográfica – Cuba, México y Venezuela -, con los cuales, supuestamente, el gobierno de Vladimir Putin (dice él) cree que cuenta con las mayores convergencias, no sólo en lo político-ideológico, lo estratégico, y también, en lo económico, comercial, financiero y energético, lo cual, no estaría del todo desapegado a la realidad prevaleciente, especialmente, por lo que respecta a Cuba y Venezuela, países que, de una u otra forma han dependido (Cuba) de la tutela ideológica sempiterna del gigante europeo, y Venezuela, en función de su supervivencia como estado nacional, por virtud de la acelerada crisis por la que atraviesa desde que su actual primer mandatario Nicolás Maduro ascendió al poder por obra y gracia de su mentor, el ahora desaparecido, Hugo Chávez.

La riqueza petrolera de la nación suramericana ha sido, desde tiempos inmemoriales, y seguirá siendo per seculas seculorum una viva aspiración hegemónica, tanto de parte de los unos, como de los otros, es decir, de los dos bloques hegemónicos en que fuera dividida la comunidad internacional tras el advenimiento de la nueva era surgida con el triunfo de los países aliados en la segunda guerra mundial.  Hoy por hoy, y como consecuencia directa del desdeño estadounidense hacia su aliado natural, Rusia, por vía de una de sus más reconocidas empresas trasnacionales, está a punto de adueñarse de la única riqueza que aún se mantiene en pie y, supuestamente, bajo el control de quienes ejercen el poder político en la patria del libertador Simón Bolívar: el petróleo.

El gobierno de Nicolás Maduro no ha querido, más bien, no ha podido librar la batalla que le fuera planteada como consecuencia directa de los innumerables yerros y desatinos cometidos tanto por el propio primer mandatario, como por sus vociferantes adláteres, quienes han interactuado, de cara a sus principales responsabilidades sociales para con el pueblo venezolano, como unos verdaderos ignorantes e ineptos para el ejercicio de la cosa política.

Con dicha expectativa a cuestas, Lavrov incursionó en nuestro país, entiendo yo, como una escala en una nación que no se ha comprometido ni con tiros ni con troyanos, al menos, por lo que respecta al caso que atañe a la legitimidad del gobierno de Venezuela.  Hemos sido contundentes, como siempre, apegados a la praxis que por años nos ha validado como interlocutores de calidad en las grandes causas americanas, así como en la solución de los más importantes conflictos contemporáneos, acaecidos en el contexto de nuestra sub región geográfica.

A pesar de que, por lo que respecta a la coyuntura venezolana, nuestro país apuesta por la solución negociada entre las partes (para mí, una especie de diálogo de sordos) en contraposición con la estrategia, claramente asumida, por parte de nuestros dos principales aliados de América del Norte, México no está solo, ni estará aislado en un asunto de la trascendental relevancia del que ahora nos ocupa.  Hemos asumido, es decir, el gobierno de AMLO, asumió una posición correcta, pero muy arriesgada, sobre todo, si para ello consideramos que el presidente Donald Trump, ha comenzado ya con su campaña en busca de la reelección en el proceso que culminará el mes de noviembre venidero, periodo durante el cual la diatriba trumpista contra nuestros intereses nacionales, con toda seguridad, estará a la orden del día.

 

 

RESURGIMIENTO DE JUAN GUAIDÓ

Para todos aquellos que supusieron que el presidente encargado de Venezuela, el congresista y también Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, conjuntamente, con el movimiento opositor que él mismo encabeza, enfrentaba sus últimos estertores, pueden ahora, expresar, con el debido convencimiento que, gracias al singular apoyo obtenido por parte de uno de sus principales mentores: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, con un inusitado gesto de simpatía en el marco de su comparecencia ante el Congreso de su Nación, lo ubicó, ipso facto, en la vanguardia de la línea de salida hacia la búsqueda de una solución – real, firme y duradera – para la difícil coyuntura política, económica y social, por la que atraviesa Venezuela.

En dicho sentido, el auto designado como presidente encargado – quien ha sido reconocido por 59 países -, recibió una especie de bocanada de aire fresco, gracias, también, a su más reciente gira internacional, que comenzó en Colombia, lugar en el que participó en una cumbre sobre terrorismo, organizada por los gobiernos de Iván Duque y del propio Donald Trump, a la que asistieron, entre otras personalidades, el secretario de Estado, Mike Pompeo, con quien sostuvo un encuentro personal, y de ahí, coordinó su salida hacia la ciudad de Davos (Suiza) con el fin de participar en el Quincuagésimo Foro Económico Mundial, lugar en el que, espontáneamente, le fue permitido dirigir un claro y trascendental mensaje político, de gran relevancia para su causa.

Durante su periplo, además, se entrevistó con dirigentes europeos de primer nivel como fueron los casos de los líderes políticos de países como Austria, Francia y Alemania, respectivamente, Sebastián Kurz, Emmanuel Macron y Ángela Merkel, así como con la vicepresidenta de la Comisión Europea Margaritis Schinas y el Alto Representante para Política Exterior de la Unión Europea el español Josep Borrel, así como con el Primer Ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, a quien visitó en Londres, y la Ministra de Relaciones Exteriores del gobierno español encabezado por Pedro Sánchez quien, en todo caso, se hizo omiso ante la visita del dirigente político venezolano.

No obstante, la furtiva huida del jefe de gobierno español, Guaidó tuvo una importante interlocución política con diversos dirigentes de los principales partidos con representación en el Congreso de los Diputados, además, recibió de manos del alcalde de la ciudad capital del Reino, José Luis Martínez-Almeieda, las llaves de la ciudad. Lo anterior, sin descontar la importancia de la reunión pública con un número indeterminado de nacionales de su país (se dice que hay aproximadamente 200 mil venezolanos residiendo en España) a quienes llevó un mensaje alentador sobre el futuro inmediato de la causa común que une a todos sus compatriotas.

Ante el impasse que se presenta por virtud de la ausencia de logros alcanzados en favor del movimiento por la democracia en Venezuela, y el indudable fortalecimiento de la dictadura de Nicolás Maduro, sobre todo, como consecuencia directa del apoyo incondicional que en su favor le ha sido extendido por la cúpula de las Fuerzas Armadas, la acción internacional, manifestada con hechos concretos, como es el caso del pronunciamiento del presidente estadounidense, que fue realizada en el marco de un acto de la mayor relevancia realizado entre los poderes del estado, como es el caso de la comparecencia del titular del Poder Ejecutivo ante el pleno del Congreso, para rendir su informe sobre los avances de su administración.

Ojalá que este alentador mensaje, y otros muchos más provenientes de allende las fronteras del sufrido país bolivariano, se mantengan vigentes, por lo menos, durante el curso del presente año, especialmente, si se diera el caso de que la dictadura convoque a elecciones legislativas – previstas, supuestamente, para realizarse el mes de noviembre – para renovar la Asamblea Nacional, bajo la férula (control) de la oligarquía bolivariana prevaleciente.

MIGRANTES CENTROAMERICANOS

Mucho se ha escrito – y se seguirá haciendo – en el entorno de la historia verdadera de los indescriptibles sufrimientos acaecidos en contra de los migrantes centroamericanos que surcan nuestro territorio nacional, mayoritariamente, con las expectativas de hacer realidad el “sueño americano” entelequia que, dicho sea de paso, ciega a unos y obnubila a otros.

La verdad sea dicha, para esos cientos de miles de nacionales de países como Guatemala, El Salvador y Honduras, por enunciar a aquellas naciones más singulares de nuestro entorno geográfico, caracterizadas por favorecer la expulsión de connacionales, supuestamente, por causas de “fuerza mayor” que, la verdad sea dicha, en lenguaje vernáculo, podríamos traducir con el término: inminente peligro de muerte, cruzar por el vasto territorio de México, les implica adentrarse en una de las mayores aventuras de sus respectivas existencias, sin valorar para ello, diferencias tales como, sexo, edad o condición civil y/o religiosa.

En todo caso, concurre como rasgo distintivo para todos,  pertenecer a los estratos socio-económicos de mayor vulnerabilidad dentro del ciclo vital de las naciones que les dieran origen.

Y, aunque, eso sí, subsisten infinidad de voces que resuenan a lo largo y ancho del vasto territorio americano, es bien sabido que, por sus efectos, poco o nada han contribuido a que dicho fenómeno migratorio pueda ser abordado, en serio, a la hora de anteponer la salvaguardia de los derechos fundamentales de esos nuevos trashumantes, quienes subsisten, y lo seguirán haciendo – lamentablemente -, bajo la amenaza creciente de la vulneración de su integridad física, e incluso, hasta podría llegar el caso de perder la vida.

Para todos aquellos que integramos mi generación dentro del servicio exterior y que, de una u otra manera, tuvimos cercanía con la subregión geográfica más próxima a nuestros afectos, y quienes además procuramos – sin alcanzar los objetivos – portar el estandarte que considera a los nacionales de los países del área centroamericana como si realmente fueran hermanos fraternales, en la práctica, fracasamos en el intento y lo seguiremos haciendo mientras suceda lo que ha venido aconteciendo en la administración de la 4T enarbolada bajo el designio del presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO, ahora convertido en cancerbero mayor de su” nuevo mejor amigo”, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, quien, conjuntamente, con los halcones que sustentan su administración, pontifica en el entorno de la política migratoria de nuestro país (por supuesto, bajo el influjo del chantaje disfrazado bien conocido por todos).

A pesar de estar convencidos que el ejercicio indebido de aspectos fundamentales de nuestra propia soberanía nacional, como es el caso de la política migratoria, resulta nugatorio en términos del contexto de la relación bilateral, no podemos, ni debemos soslayar el hecho real de la asimetría característica de nuestra posición frente a la de la primera potencia mundial, bajo cuya actual dirigencia política nos acecha, un día si, y otro también, con los mismos ojos imperiales característicos de la guerra de 1847 en la que, como es de todas conocido, prácticamente nuestro país fue dividido por la mitad.

El haber enviado a quienes a partir del mes de mayo de 2019 integran la Guardia Nacional GN, a impedir, en el borde de la división fronteriza con Guatemala, la irrupción desordenada de una caravana de migrantes hondureños, los cuales, bajo la consigna de viajar hacia el país del sueño americano, a través del territorio de México, implica un grave error histórico del cual, tarde que temprano, deberemos de arrepentirnos.

 

 

 

POLARIZACIÓN A ULTRANZA EN COLOMBIA

Como todo lo relativo al proceso de consolidación de la paz en Colombia, hemos intentado un puntual seguimiento a las diferentes etapas, especialmente, las iniciadas, durante el término de los ocho años en que se mantuvo Juan Manuel Santos al frente del poder público en este país. Como prueba de lo que antecede, los diversos y variados análisis publicados, en tiempo y forma, en este mismo espacio de opinión, en el cual he intentado expresar personales puntos de vista sobre los más diversos aspectos de la coyuntura internacional.

Toca el turno al profundo debate provocado como consecuencia de las objeciones (seis) de un total de 159 artículos presentadas por el presidente de la república Iván Duque Márquez al proyecto que contempla la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entidad sui generis derivada de una entelequia, producto de la profunda desconfianza que los líderes de la otrora famosa guerrilla vernácula la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) expresaron en el entorno de una de las columnas fundamentales del Estado Colombiano: la aplicación de la justicia.

Dicen, sobre dicha materia, los muy versados negociadores de la égida santista, que llegado el momento en el cual los representantes gubernamentales debieron abordar con sus contrapartes farianas – y los adláteres que les asesoraron todo el tiempo – las líneas generales sobre la justicia transicional que opera, como es bien conocido, dentro del esquema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que fuera adoptado a raja tabla en el entorno de la estructura del acuerdo con el cual quedó sellado el proceso. Unos y otros, es decir, farianos y sus adláteres, enunciaron que no iban a permitir que se les sometiera a la justicia derivada de la ley vigente en poder de quien potencialmente podría ser considerado como su principal enemigo: el gobierno colombiano.

Razón por la cual, de entre los principales abogados con los que contaba las FARC, Enrique Santiago, de nacionalidad española, vinculado al partido comunista y a izquierda unida en su nación de origen (promovido y financiado por el gobierno de Noruega) con el apoyo, de entre otros, del dirigente conservador Álvaro Leyva, idearon una especie de “Frankestein” – que al gobierno Santos le pareció aceptable – al que bautizaron, como ya ha sido enunciado, como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) integrada por 51 jueces (53% mujeres) vinculados, mayoritariamente, a colectivos de izquierda (algunos de los cuales, muy cercanos y/o simpatizantes de las propias FARC).

Una especie de “traje a la medida” en favor de la izquierda e izquierda radical colombiana que, además de representar un alto costo económico a la nación, aún a estas alturas del paseo, no queda muy clara, su capacidad para cumplir con sus tareas fundamentales, especialmente, si se toman en cuenta las múltiples vicisitudes por las cuales viene atravesando desde el momento de su creación, meritoriamente, señalamos, entre otras, el tráfico de influencias, la corrupción y los dudosos manejos de los ingentes recursos asignados para su operación.

En este sentido, no podemos ni debemos omitir la discrecionalidad con la cual sus respectivos magistrados han venido manejando casos específicos relativos a permisos y salvoconductos otorgados en favor y beneficio de algunos ex guerrilleros aupados entre algodones a los que se viene autorizando a salir de territorio nacional para labores de proselitismo (supuestamente los beneficios derivados de los acuerdos de paz) que muchas veces han sido utilizados como adecuadas vías para continuar con labores de adoctrinamiento político para beneficio de sus propios intereses guerrilleriles.

Las diferencias principales – que yo veo – entre el texto originar de la ley estatutaria y las objeciones presentadas por el primer mandatario de la nación se dan en función de la laxitud con la cual son contempladas las penas aplicables a los casos de todos aquellos guerrilleros que se presenten ante la JEP vis a vis las consideraciones derivadas de la justicia contemplada en el marco de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, a la hora de someter a proceso a indiciados de cometer delitos de lesa humanidad, tales como reclutamiento infantil, violación sexual sistemática en contra de menores de edad, secuestro, extorsión, reincidencia en delitos como el narcotráfico, uno de cuyos ejemplos más significativos – en la actualidad – el del caso del ex jefe guerrillero Zeuxis Pausias Hernández Solarte alias “Jesús Santrich” solicitado en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos de América por haber planeado el envío de cinco toneladas de cocaína hacia dicho país en fecha posterior a la firma del acuerdo de paz.

Ahora caigo en cuenta las razones principales de que, justamente, el día de ayer, y tras más de cincuenta días de debate, el Senado – al no haber obtenido el número suficiente de votos para aprobar o desechar el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP – decidió remitir el texto a la Corte Constitucional, instancia en donde seguirá produciéndose el mismo fenómeno de polarización a ultranza, característica que se siente desde las entrañas mismas de esta bella patria Colombiana.

 

 

 

 

 

 

CRISIS SISTÉMICA EN MÉXICO

Ya lo vislumbrábamos durante el periodo de reflexión, investigación y elaboración de la obra “Cleptocracia” (Cleptocracia by Ignacio Gutiérrez Pita. Amazon/Kindle. marzo 2018) en la cual fue planteado con claridad prístina que nuestro país, sí, efectivamente, México, ese México de nuestros más grandes amores y desvelos, enfrentaba, en sus principales instituciones políticas una crisis sistémica, derivada, entre otros factores fundamentales, de la autocomplacencia ciudadana, culpable, eso sí, por dormirse – en sus laureles – e ir a ver la corrida desde un cómodo burladero, en lugar de lanzarse al ruedo y actuar, como corresponde, es decir, tomando al toro por los cuernos, en lugar de soslayar que la arcaica revolución de principios del siglo pasado, siga consolidando sus pútridas eses a costillas de las propias instituciones políticas del país.

En todo caso, la referencia específica a la cual quisiera hacer mención en este momento, tiene que ver con el debate suscitado por las muy desacertadas respuestas – que desde mi particular punto de vista – fueran emitidas por el primer magistrado de la nación, el morenista AMLO, una vez que cayó en cuenta de las consecuencias producidas en virtud de la masacre que fuera registrada en Minatitlán, Veracruz, el pasado 19 de abril, en la que fueron victimados, a mansalva, por integrantes del crimen organizado, trece pacíficos ciudadanos (hipótesis que sustento hasta prueba en contrario) incluidos, entre ellos, un menor de dos años de edad, de quien dicen, le fueron encontrados entre sus despojos mortales, dos tiros de gracia.

Situación similar, aunque no igual, – acaecida, también, en tiempos de la 4T – se presentó el pasado mes de enero en la población de Tlahuelilpan, Hidalgo, lugar en donde perdieron la vida 89 personas y resultaron con heridas de diversa consideración 58 más. Lo anterior, como consecuencia de la explosión de un ducto que había sido previamente horadado por aviesos huachicoleros, mismo que se les salió de control, tanto a los propios expoliadores clandestinos de la riqueza nacional, como a las autoridades competentes (ejército y policía federal) que dejaron de actuar – cual correspondía y era su obligación fundamental – para evitar, con ello, ser amonestados, públicamente, por el gran Redentor de la Nación y caudillo de la 4T.

Como colofón del desaguisado por el que atraviesa nuestra golpeada República, y conforme a los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el primer trimestre del año (enero-marzo de 2019) se verificaron en todo el país 8,700 asesinatos dolosos, este mismo período ha sido catalogado como el más violento desde que se lleva el registro en esta materia en todo el país. Dicha información ha sido valorada y confirmada a su vez, por la organización Semáforo Delictivo (www.semaforo.com.mx) la cual señaló, también, que si contrarrestamos datos duros correspondientes al mismo período, pero del año anterior (2018), el crecimiento entre uno y otro ha sido de casi el 9%.

Todo lo anterior, aunque ya nos tiene a estas alturas del paseo completamente aterrorizados, no copa aún el vaso de nuestras vicisitudes y desdichas, tal cual lo venimos a comprobar por virtud del más reciente informe presentado ante el relator especial sobre la tortura OHCHR (por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra Suiza, derivado de las denuncias elaboradas in situ por unas 120 organizaciones locales – entre las cuales figura el Centro Pro – y de las que se deriva que la tortura y la violencia sexual es una práctica sistemática empleada por las autoridades mexicanas, a todos los niveles de gobierno, en su relación con los gobernados, susceptibles de averiguación o investigación derivada de la comisión de cualesquiera tipo de delito.

Y es, justamente, aquí en donde confirmamos nuestra tesis sobre la crisis sistémica de las principales instituciones políticas del país, ya que, de presentarse situación en contrario, es decir, que las propias instituciones funcionaran al menos al mismo nivel de como sucede en otras naciones similares o mejores que la nuestra, no estaríamos frente a casos como el que se presenta con uno de los órganos más significativos del entorno estatal: el de impartición de justicia, cuya operatividad es, a todas luces, alto ineficiente. Si tomamos como ejemplo cien casos diversos que demandan la aplicación de las leyes que rigen en el país, en los tres niveles de gobierno, solo cinco del total podrán vislumbrar la luz al final del túnel. Digo lo anterior con miedo a equivocarme.

De forma similar opera, sin excepción, todo el aparato del moderno estado mexicano, ese fenómeno que AMLO quiere transformar cual varita mágica, algo así como “cierren los ojos que le voy a cumplir un deseo”, por supuesto que los conservadores y los fifís van a protestar, pero “me canso ganso” que les voy a cumplir. Al menos como dicharachero – digo yo – Andrés Manuel no tiene equivalente a lo largo y ancho de toda nuestra historia patria.

Ojalá que, en beneficio de todos, AMLO disponga de la capacidad e integridad física para al menos vislumbrar el cambio que le sea humanamente posible alcanzar, en lugar de estar vendiéndonos entelequias.

 

 

 

NUEVO GOLPE A LA CORRUPCIÓN EN PERÚ

Difícil de creer la dimensión del resultado alcanzado en el proceso de investigación sobre las secuelas derivadas de los innumerables actos de corrupción suscitados por la empresa brasileña Odebrecht en sus diversas incursiones versus las más altas instancias de los distintos gobiernos de la República del Perú, a partir de finales de la década de los ochenta y hasta el mes de marzo de 2018, fecha en que fuera destituido por el Congreso el propio presidente de la República en funciones, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien a la postre, guarda prisión preventiva bajo cargo de haber recibido un supuesto soborno por parte de la propia Odebrecht, durante su gestión como Ministro de Finanzas en el quinquenio correspondiente al gobierno 2001-2006.

Lo más sorprendente – al menos para quien esto escribe – fue el caso del ex primer mandatario Alan García Pérez, quien ostentó la alta investidura durante dos períodos presidenciales (1985-1990 y 2006-2011), y sobre cuyas espaldas cursaba una investigación derivada, tanto de su responsabilidad directa, como la de algunos de sus más cercanos correligionarios y allegados – sobre todo a lo largo de su segundo mandato presidencial – acusados, todos, de haber recibido supuestos sobornos de la misma constructora Odebrecht. Como causa directa de las diversas diligencias judiciales que venían realizándose en su contra por parte de las autoridades competentes, el pasado 17 de abril, en medio de un acto de allanamiento de su residencia particular, se quitó la vida, disparándose con un arma de fuego.

La noticia sobre la muerte de Alan García Pérez, corrió como reguero de pólvora aquí, allá y acullá. Muy pocos analistas especializados omitieron de alguna manera opinión, ya sea en favor del ahora occiso, o bien en contra, tanto de su partido político la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), como de su gestión al frente de los destinos del Perú.

Lo cierto es que, hasta donde me cabe en la memoria, ninguna otra nación de nuestro hemisferio – al menos desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del presente -, ha sometido al imperio de la ley a una cantidad tan significativa de sus más altos dirigentes políticos como lo registra en el presente la susodicha nación andina, la cual ha emplazado, entre otros altos dignatarios políticos a Alejandro Toledo (quien tiene solicitud de extradición), Ollanta Humala, PPK, todos ellos vinculados al proceso “Lava Jato” , y a Alberto Fujimori, por la comisión de delitos de lesa humanidad, desplegados durante el decenio que le correspondió gobernar al país.   En este sentido, no conviene omitir que, a su vez, guarda prisión preventiva la hija de éste último: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), bajo cargos similares de recibo de sobornos por parte de Odebrecht durante el curso de su campaña política para acceder a la más alta magistratura de la nación.

Mientras todo esto sucede y concurren por diversos estrados judiciales altos dirigentes políticos de un significativo número de naciones de nuestra subregión geográfica, con casos paradigmáticos, como el de Luiz Inácio Lula da Silva, o la propia Dilma Rousseff, en México, nada pasa.

Dicen, quienes mejor conocen sobre este tipo de incidencias políticas, que nuestro primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció a su predecesor todo tipo de garantías, extendidas, especialmente, en favor de quienes saquearon a mansalva cientos de miles de millones de pesos, como fue uno de los casos más sobresalientes (bochornosos) – por sus vinculaciones con Odebrecht – el del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien ahora disfruta de las mieles de un poder que, tan solo, transitoriamente, le ha sido conculcado, ya que es bien considerado como uno de los verdaderos “cachorros de la robolución”.

 

 

 

 

 

¡ CÁSPITA !

Nunca mejor empleada la expresión de extrañeza que enmarca este artículo, sobre todo, si para ello se determinan los reales y verdaderos alcances de la nueva iniciativa que comienza ya a perfilarse dentro de los corrillos políticos de la Cuarta Transformación (4T) en el sentido del supuesto revolcón del cual será objeto, nada más y nada menos que, uno de los tres poderes que conforman la Unión.   En el presente caso, se trata del Judicial – supuestamente – parte integrante del sistema de equilibrios y contrapesos que garantizan la gobernabilidad democrática de México.

A decir verdad, la modernidad democrática, tal cual fuera tarareada por sus principales propulsores, nunca llegó a materializarse en los diversos estrados de la administración de justicia del país, incluidos en nuestro análisis, por supuesto, los tres niveles de gobierno. Modestia aparte, en la obra: “Cleptocracia” (Cleptocracia by Ignacio Gutiérrez Pita) de mi autoría, publicada por Amazon/ Kindle en 2018, se abordaron, entiendo yo, con amplitud, las incidencias en el entorno de la aplicación de la justicia y los retos para abatir, cuanto sea posible, el ingrato registro del 98.5% de impunidad que prima en la actualidad, y con el que, a paso de tortuga, avanza nuestro país en dicha materia.

Otra elemento que, de una u otra manera, ha suscitado la certera embestida de los principales representantes de la 4T en contra de quienes integran la cúpula del Poder Judicial, tiene que ver con la negativa tácita de éstos para acogerse a la disciplina de austeridad que viene siendo esgrimida por quienes hoy por hoy ostentan el manejo de la chequera gubernamental. En dicho sentido, dicen quienes de esto saben que al presidente López Obrador (AMLO) no le pareció que las altas instancias judiciales arguyeran, por supuesto en su propio beneficio, que los ingentes recursos públicos por ellos manejados pudieran llegar a ser afectados como consecuencia del borrón y cuenta nueva que se pretende aplicar en el proceso de adelgazamiento del abultado vientre del sector público federal.

Sin embargo, para todos aquellos – como es mi caso -, que no confiamos en AMLO, sabedores de que ha comenzado – en medio de su inmensa prisa – sus seis años de gobierno, imbuido en una carrera frenética en pos de lograr ser elevado a los altares de los padres de la patria, el diagnóstico puede no cuadrar a raja tabla en la órbita del pensamiento lopezobradorista. El presidente por vía de interpósita persona, en el presente caso, uno de sus principales alfiles en el Senado, Ricardo Monreal, se lanzó, con toda la fuerza que le ha sido posible alcanzar (gracias a los treinta millones de votos que le avalan), en contra de los últimos reductos que garantizan el sistema de equilibrios y contrapesos que gobiernan a la federación, es decir, se guardará para si y para los intereses de su proyecto político nada más y nada menos que la autonomía de dicho alto órgano del estado.

Es de suponer que el ambicioso proyecto lopezobradorista mismo que, con toda seguridad será aprobado por el órgano legislativo – cooptado a ultranza por los partidarios de AMLO – incluye, por una parte la ampliación en número de sus actuales integrantes que pasarían de once a dieciséis ministros, cinco de los cuales estarían abocados a una sala específica en favor de la lucha en contra de la corrupción; y por otra, cercenar su propio órgano de gobierno, es decir, el Consejo de la Judicatura Federal, el cual sería sustituido (imagino yo) por otro obsecuente, aquiescente y complaciente, logrando con lo anterior, algo que, a todas luces parecería imposible: la cuadratura del círculo a imagen y semejanza del modelo vigente durante todo el mandato del Ancien régime.

A pesar de que, desde la perspectiva de los principales órganos de gobierno, no surgiría oposición calificada a los mandatos del nuevo Redentor de México, me parece que, a estas alturas del paseo, la sociedad civil organizada y vituperada por el propio AMLO – que la distingue como fifí – deberá desempeñar el rol que le corresponde, atajando cualquier intento de hit del hombre al bate, cerrando la entrada con tres out y sin ninguna anotación posible.

¡ A Jugar !