Analisis

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POLARIZACIÓN A ULTRANZA EN COLOMBIA

Como todo lo relativo al proceso de consolidación de la paz en Colombia, hemos intentado un puntual seguimiento a las diferentes etapas, especialmente, las iniciadas, durante el término de los ocho años en que se mantuvo Juan Manuel Santos al frente del poder público en este país. Como prueba de lo que antecede, los diversos y variados análisis publicados, en tiempo y forma, en este mismo espacio de opinión, en el cual he intentado expresar personales puntos de vista sobre los más diversos aspectos de la coyuntura internacional.

Toca el turno al profundo debate provocado como consecuencia de las objeciones (seis) de un total de 159 artículos presentadas por el presidente de la república Iván Duque Márquez al proyecto que contempla la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entidad sui generis derivada de una entelequia, producto de la profunda desconfianza que los líderes de la otrora famosa guerrilla vernácula la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) expresaron en el entorno de una de las columnas fundamentales del Estado Colombiano: la aplicación de la justicia.

Dicen, sobre dicha materia, los muy versados negociadores de la égida santista, que llegado el momento en el cual los representantes gubernamentales debieron abordar con sus contrapartes farianas – y los adláteres que les asesoraron todo el tiempo – las líneas generales sobre la justicia transicional que opera, como es bien conocido, dentro del esquema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que fuera adoptado a raja tabla en el entorno de la estructura del acuerdo con el cual quedó sellado el proceso. Unos y otros, es decir, farianos y sus adláteres, enunciaron que no iban a permitir que se les sometiera a la justicia derivada de la ley vigente en poder de quien potencialmente podría ser considerado como su principal enemigo: el gobierno colombiano.

Razón por la cual, de entre los principales abogados con los que contaba las FARC, Enrique Santiago, de nacionalidad española, vinculado al partido comunista y a izquierda unida en su nación de origen (promovido y financiado por el gobierno de Noruega) con el apoyo, de entre otros, del dirigente conservador Álvaro Leyva, idearon una especie de “Frankestein” – que al gobierno Santos le pareció aceptable – al que bautizaron, como ya ha sido enunciado, como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) integrada por 51 jueces (53% mujeres) vinculados, mayoritariamente, a colectivos de izquierda (algunos de los cuales, muy cercanos y/o simpatizantes de las propias FARC).

Una especie de “traje a la medida” en favor de la izquierda e izquierda radical colombiana que, además de representar un alto costo económico a la nación, aún a estas alturas del paseo, no queda muy clara, su capacidad para cumplir con sus tareas fundamentales, especialmente, si se toman en cuenta las múltiples vicisitudes por las cuales viene atravesando desde el momento de su creación, meritoriamente, señalamos, entre otras, el tráfico de influencias, la corrupción y los dudosos manejos de los ingentes recursos asignados para su operación.

En este sentido, no podemos ni debemos omitir la discrecionalidad con la cual sus respectivos magistrados han venido manejando casos específicos relativos a permisos y salvoconductos otorgados en favor y beneficio de algunos ex guerrilleros aupados entre algodones a los que se viene autorizando a salir de territorio nacional para labores de proselitismo (supuestamente los beneficios derivados de los acuerdos de paz) que muchas veces han sido utilizados como adecuadas vías para continuar con labores de adoctrinamiento político para beneficio de sus propios intereses guerrilleriles.

Las diferencias principales – que yo veo – entre el texto originar de la ley estatutaria y las objeciones presentadas por el primer mandatario de la nación se dan en función de la laxitud con la cual son contempladas las penas aplicables a los casos de todos aquellos guerrilleros que se presenten ante la JEP vis a vis las consideraciones derivadas de la justicia contemplada en el marco de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, a la hora de someter a proceso a indiciados de cometer delitos de lesa humanidad, tales como reclutamiento infantil, violación sexual sistemática en contra de menores de edad, secuestro, extorsión, reincidencia en delitos como el narcotráfico, uno de cuyos ejemplos más significativos – en la actualidad – el del caso del ex jefe guerrillero Zeuxis Pausias Hernández Solarte alias “Jesús Santrich” solicitado en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos de América por haber planeado el envío de cinco toneladas de cocaína hacia dicho país en fecha posterior a la firma del acuerdo de paz.

Ahora caigo en cuenta las razones principales de que, justamente, el día de ayer, y tras más de cincuenta días de debate, el Senado – al no haber obtenido el número suficiente de votos para aprobar o desechar el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP – decidió remitir el texto a la Corte Constitucional, instancia en donde seguirá produciéndose el mismo fenómeno de polarización a ultranza, característica que se siente desde las entrañas mismas de esta bella patria Colombiana.

 

 

 

 

 

 

CRISIS SISTÉMICA EN MÉXICO

Ya lo vislumbrábamos durante el periodo de reflexión, investigación y elaboración de la obra “Cleptocracia” (Cleptocracia by Ignacio Gutiérrez Pita. Amazon/Kindle. marzo 2018) en la cual fue planteado con claridad prístina que nuestro país, sí, efectivamente, México, ese México de nuestros más grandes amores y desvelos, enfrentaba, en sus principales instituciones políticas una crisis sistémica, derivada, entre otros factores fundamentales, de la autocomplacencia ciudadana, culpable, eso sí, por dormirse – en sus laureles – e ir a ver la corrida desde un cómodo burladero, en lugar de lanzarse al ruedo y actuar, como corresponde, es decir, tomando al toro por los cuernos, en lugar de soslayar que la arcaica revolución de principios del siglo pasado, siga consolidando sus pútridas eses a costillas de las propias instituciones políticas del país.

En todo caso, la referencia específica a la cual quisiera hacer mención en este momento, tiene que ver con el debate suscitado por las muy desacertadas respuestas – que desde mi particular punto de vista – fueran emitidas por el primer magistrado de la nación, el morenista AMLO, una vez que cayó en cuenta de las consecuencias producidas en virtud de la masacre que fuera registrada en Minatitlán, Veracruz, el pasado 19 de abril, en la que fueron victimados, a mansalva, por integrantes del crimen organizado, trece pacíficos ciudadanos (hipótesis que sustento hasta prueba en contrario) incluidos, entre ellos, un menor de dos años de edad, de quien dicen, le fueron encontrados entre sus despojos mortales, dos tiros de gracia.

Situación similar, aunque no igual, – acaecida, también, en tiempos de la 4T – se presentó el pasado mes de enero en la población de Tlahuelilpan, Hidalgo, lugar en donde perdieron la vida 89 personas y resultaron con heridas de diversa consideración 58 más. Lo anterior, como consecuencia de la explosión de un ducto que había sido previamente horadado por aviesos huachicoleros, mismo que se les salió de control, tanto a los propios expoliadores clandestinos de la riqueza nacional, como a las autoridades competentes (ejército y policía federal) que dejaron de actuar – cual correspondía y era su obligación fundamental – para evitar, con ello, ser amonestados, públicamente, por el gran Redentor de la Nación y caudillo de la 4T.

Como colofón del desaguisado por el que atraviesa nuestra golpeada República, y conforme a los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el primer trimestre del año (enero-marzo de 2019) se verificaron en todo el país 8,700 asesinatos dolosos, este mismo período ha sido catalogado como el más violento desde que se lleva el registro en esta materia en todo el país. Dicha información ha sido valorada y confirmada a su vez, por la organización Semáforo Delictivo (www.semaforo.com.mx) la cual señaló, también, que si contrarrestamos datos duros correspondientes al mismo período, pero del año anterior (2018), el crecimiento entre uno y otro ha sido de casi el 9%.

Todo lo anterior, aunque ya nos tiene a estas alturas del paseo completamente aterrorizados, no copa aún el vaso de nuestras vicisitudes y desdichas, tal cual lo venimos a comprobar por virtud del más reciente informe presentado ante el relator especial sobre la tortura OHCHR (por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra Suiza, derivado de las denuncias elaboradas in situ por unas 120 organizaciones locales – entre las cuales figura el Centro Pro – y de las que se deriva que la tortura y la violencia sexual es una práctica sistemática empleada por las autoridades mexicanas, a todos los niveles de gobierno, en su relación con los gobernados, susceptibles de averiguación o investigación derivada de la comisión de cualesquiera tipo de delito.

Y es, justamente, aquí en donde confirmamos nuestra tesis sobre la crisis sistémica de las principales instituciones políticas del país, ya que, de presentarse situación en contrario, es decir, que las propias instituciones funcionaran al menos al mismo nivel de como sucede en otras naciones similares o mejores que la nuestra, no estaríamos frente a casos como el que se presenta con uno de los órganos más significativos del entorno estatal: el de impartición de justicia, cuya operatividad es, a todas luces, alto ineficiente. Si tomamos como ejemplo cien casos diversos que demandan la aplicación de las leyes que rigen en el país, en los tres niveles de gobierno, solo cinco del total podrán vislumbrar la luz al final del túnel. Digo lo anterior con miedo a equivocarme.

De forma similar opera, sin excepción, todo el aparato del moderno estado mexicano, ese fenómeno que AMLO quiere transformar cual varita mágica, algo así como “cierren los ojos que le voy a cumplir un deseo”, por supuesto que los conservadores y los fifís van a protestar, pero “me canso ganso” que les voy a cumplir. Al menos como dicharachero – digo yo – Andrés Manuel no tiene equivalente a lo largo y ancho de toda nuestra historia patria.

Ojalá que, en beneficio de todos, AMLO disponga de la capacidad e integridad física para al menos vislumbrar el cambio que le sea humanamente posible alcanzar, en lugar de estar vendiéndonos entelequias.

 

 

 

NUEVO GOLPE A LA CORRUPCIÓN EN PERÚ

Difícil de creer la dimensión del resultado alcanzado en el proceso de investigación sobre las secuelas derivadas de los innumerables actos de corrupción suscitados por la empresa brasileña Odebrecht en sus diversas incursiones versus las más altas instancias de los distintos gobiernos de la República del Perú, a partir de finales de la década de los ochenta y hasta el mes de marzo de 2018, fecha en que fuera destituido por el Congreso el propio presidente de la República en funciones, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien a la postre, guarda prisión preventiva bajo cargo de haber recibido un supuesto soborno por parte de la propia Odebrecht, durante su gestión como Ministro de Finanzas en el quinquenio correspondiente al gobierno 2001-2006.

Lo más sorprendente – al menos para quien esto escribe – fue el caso del ex primer mandatario Alan García Pérez, quien ostentó la alta investidura durante dos períodos presidenciales (1985-1990 y 2006-2011), y sobre cuyas espaldas cursaba una investigación derivada, tanto de su responsabilidad directa, como la de algunos de sus más cercanos correligionarios y allegados – sobre todo a lo largo de su segundo mandato presidencial – acusados, todos, de haber recibido supuestos sobornos de la misma constructora Odebrecht. Como causa directa de las diversas diligencias judiciales que venían realizándose en su contra por parte de las autoridades competentes, el pasado 17 de abril, en medio de un acto de allanamiento de su residencia particular, se quitó la vida, disparándose con un arma de fuego.

La noticia sobre la muerte de Alan García Pérez, corrió como reguero de pólvora aquí, allá y acullá. Muy pocos analistas especializados omitieron de alguna manera opinión, ya sea en favor del ahora occiso, o bien en contra, tanto de su partido político la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), como de su gestión al frente de los destinos del Perú.

Lo cierto es que, hasta donde me cabe en la memoria, ninguna otra nación de nuestro hemisferio – al menos desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del presente -, ha sometido al imperio de la ley a una cantidad tan significativa de sus más altos dirigentes políticos como lo registra en el presente la susodicha nación andina, la cual ha emplazado, entre otros altos dignatarios políticos a Alejandro Toledo (quien tiene solicitud de extradición), Ollanta Humala, PPK, todos ellos vinculados al proceso “Lava Jato” , y a Alberto Fujimori, por la comisión de delitos de lesa humanidad, desplegados durante el decenio que le correspondió gobernar al país.   En este sentido, no conviene omitir que, a su vez, guarda prisión preventiva la hija de éste último: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), bajo cargos similares de recibo de sobornos por parte de Odebrecht durante el curso de su campaña política para acceder a la más alta magistratura de la nación.

Mientras todo esto sucede y concurren por diversos estrados judiciales altos dirigentes políticos de un significativo número de naciones de nuestra subregión geográfica, con casos paradigmáticos, como el de Luiz Inácio Lula da Silva, o la propia Dilma Rousseff, en México, nada pasa.

Dicen, quienes mejor conocen sobre este tipo de incidencias políticas, que nuestro primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció a su predecesor todo tipo de garantías, extendidas, especialmente, en favor de quienes saquearon a mansalva cientos de miles de millones de pesos, como fue uno de los casos más sobresalientes (bochornosos) – por sus vinculaciones con Odebrecht – el del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien ahora disfruta de las mieles de un poder que, tan solo, transitoriamente, le ha sido conculcado, ya que es bien considerado como uno de los verdaderos “cachorros de la robolución”.

 

 

 

 

 

¡ CÁSPITA !

Nunca mejor empleada la expresión de extrañeza que enmarca este artículo, sobre todo, si para ello se determinan los reales y verdaderos alcances de la nueva iniciativa que comienza ya a perfilarse dentro de los corrillos políticos de la Cuarta Transformación (4T) en el sentido del supuesto revolcón del cual será objeto, nada más y nada menos que, uno de los tres poderes que conforman la Unión.   En el presente caso, se trata del Judicial – supuestamente – parte integrante del sistema de equilibrios y contrapesos que garantizan la gobernabilidad democrática de México.

A decir verdad, la modernidad democrática, tal cual fuera tarareada por sus principales propulsores, nunca llegó a materializarse en los diversos estrados de la administración de justicia del país, incluidos en nuestro análisis, por supuesto, los tres niveles de gobierno. Modestia aparte, en la obra: “Cleptocracia” (Cleptocracia by Ignacio Gutiérrez Pita) de mi autoría, publicada por Amazon/ Kindle en 2018, se abordaron, entiendo yo, con amplitud, las incidencias en el entorno de la aplicación de la justicia y los retos para abatir, cuanto sea posible, el ingrato registro del 98.5% de impunidad que prima en la actualidad, y con el que, a paso de tortuga, avanza nuestro país en dicha materia.

Otra elemento que, de una u otra manera, ha suscitado la certera embestida de los principales representantes de la 4T en contra de quienes integran la cúpula del Poder Judicial, tiene que ver con la negativa tácita de éstos para acogerse a la disciplina de austeridad que viene siendo esgrimida por quienes hoy por hoy ostentan el manejo de la chequera gubernamental. En dicho sentido, dicen quienes de esto saben que al presidente López Obrador (AMLO) no le pareció que las altas instancias judiciales arguyeran, por supuesto en su propio beneficio, que los ingentes recursos públicos por ellos manejados pudieran llegar a ser afectados como consecuencia del borrón y cuenta nueva que se pretende aplicar en el proceso de adelgazamiento del abultado vientre del sector público federal.

Sin embargo, para todos aquellos – como es mi caso -, que no confiamos en AMLO, sabedores de que ha comenzado – en medio de su inmensa prisa – sus seis años de gobierno, imbuido en una carrera frenética en pos de lograr ser elevado a los altares de los padres de la patria, el diagnóstico puede no cuadrar a raja tabla en la órbita del pensamiento lopezobradorista. El presidente por vía de interpósita persona, en el presente caso, uno de sus principales alfiles en el Senado, Ricardo Monreal, se lanzó, con toda la fuerza que le ha sido posible alcanzar (gracias a los treinta millones de votos que le avalan), en contra de los últimos reductos que garantizan el sistema de equilibrios y contrapesos que gobiernan a la federación, es decir, se guardará para si y para los intereses de su proyecto político nada más y nada menos que la autonomía de dicho alto órgano del estado.

Es de suponer que el ambicioso proyecto lopezobradorista mismo que, con toda seguridad será aprobado por el órgano legislativo – cooptado a ultranza por los partidarios de AMLO – incluye, por una parte la ampliación en número de sus actuales integrantes que pasarían de once a dieciséis ministros, cinco de los cuales estarían abocados a una sala específica en favor de la lucha en contra de la corrupción; y por otra, cercenar su propio órgano de gobierno, es decir, el Consejo de la Judicatura Federal, el cual sería sustituido (imagino yo) por otro obsecuente, aquiescente y complaciente, logrando con lo anterior, algo que, a todas luces parecería imposible: la cuadratura del círculo a imagen y semejanza del modelo vigente durante todo el mandato del Ancien régime.

A pesar de que, desde la perspectiva de los principales órganos de gobierno, no surgiría oposición calificada a los mandatos del nuevo Redentor de México, me parece que, a estas alturas del paseo, la sociedad civil organizada y vituperada por el propio AMLO – que la distingue como fifí – deberá desempeñar el rol que le corresponde, atajando cualquier intento de hit del hombre al bate, cerrando la entrada con tres out y sin ninguna anotación posible.

¡ A Jugar !

 

 

DISLATE DE TIEMPO Y FORMA

El pasado lunes 25 de marzo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sorprendió a propios y a extraños anunciando urbi et orbi haber dirigido sendas epístolas (confidenciales), a su majestad Felipe VI y a su santidad Francisco I, respectivamente, jefes de Estado en el Reino de España y en el Vaticano, conminándoles a producir, en el nombre de sus respectivas naciones, un pronunciamiento de mea culpa, – por los crímenes cometidos en contra de nuestra cultura vernácula – que debería hacerse efectivo de aquí al 13 de agosto de 2021, fecha en la que, supuestamente, será conmemorado en V Centenario del triunfo “1 Coatl” del año “3 Cali” del mes “Xocothuetzi”, de las fuerzas comandadas por el capitán general Hernán Cortes, en contra de sus opositores, los defensores del bastión principal de la cultura mexica, sito en la ciudad de Tenochtitlán, gobernada, en aquel entonces, por el último emperador de su dinastía: Cuauhtémoc.

Antes de intentar analizar sobre lo idóneo de dicho pronunciamiento, conviene aclarar que, desde mi perspectiva, el episodio en comento es nada más y nada menos que un dislate de tiempo y forma. De tiempo, por haberse realizado 498 años después del infortunado evento en el que sacrificaron su vida unos y otros, tanto del bando de los nuestros, como del de los conquistadores. De forma, ya que, no es a grito pelado (grandilocuencia) la mejor forma para hacerse entender, sobre todo, entre tus propios pares como lo son los gobernantes de naciones libres y soberanas, como es el caso de las que fueran involucradas por nuestro primer mandatario.

Para mi, a estas alturas el paseo, en donde se debate el futuro porvenir de la nación que, en mi opinión, indefectiblemente cruza por la frontera de la tan cacareada cuarta transformación (4T) a la que, todo nos hace suponer, nos quiere conducir el nuevo Redentor de México, debatir sobre lo absurdo es, a todas luces, una contradicción, ya que, a pesar de lo que desde el púlpito pontifica AMLO las cosas y causes que afectan a la comunidad internacional no van a modificarse ni un ápice por la voluntad de una sola persona, sea esta quien sea, o lo que, por su propio nombre represente.

Así no se juega en la arena de las relaciones entre estados soberanos e independientes. No es lo mismo, digo yo, tener un Congreso genuflecto, obsecuente y aquiescente en casa, a intentar forzar a la comunidad internacional para que acepte a rajatabla (me canso ganso) lo que diga mi “dedito”. AMLO se equivoca, así como se equivocan sus principales asesores en la materia, tanto los que le insinuaron aceptar esta metida de pata, como los que le auparon a tomar la decisión que favorece al régimen del innombrable Nicolás Maduro que, a estas alturas del paseo, aún se mantiene en el poder por virtud de la fuerza de las armas que le respaldan.

Por otra parte, no me parece que un debate de esta magnitud contribuya para nada en beneficio de las principales causas de México, que son muchas y algunas de las cuales de la más absoluta prioridad. No voy a entrar, tampoco, en el terreno del debate iniciado ipso facto en las principales redes sociales – hoy por hoy, conocidas por todos -.   Me interesa defender y no descalificar el derecho que le cabe al propio AMLO para pronunciarse como le plazca, dentro de un clima de la más absoluta libertad, siempre y cuando, asuma con responsabilidad las consecuencias tanto de sus acciones, como de sus respectivas omisiones.

A esos paladines de la lengua, como son los casos específicos de Arturo Pérez Reverte o Mario Vargas Llosa, quienes desde sus respectivas tribunas – al menos al momento de escribir estas líneas – habían lanzado (ambos) temerarias diatribas en contra de AMLO, les exhorto a releer sus textos de historia y sobre todo, pensárselo dos veces antes de abrir la boca so pena de que se cumpla en ellos esa frase – supuestamente extraída del texto del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha – que reza así: “Ladran Sancho, señal de que cabalgamos”.

Y, a pesar de que AMLO no me simpatiza en lo más mínimo, le doy la razón, no obstante el haber realizado dicho pronunciamiento sin razón alguna.

 

 

AMLO: PAROXISMO VERSUS ESCEPTICISMO

Sólo así, de dicha manera, estaríamos en posibilidad de comprender el fenómeno que gobierna a México a partir del pasado mes de diciembre, a cuya cabeza se distingue el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, dicho sea de paso, y de conformidad con las más recientes encuestas elaboradas ex profeso con el fin de determinar el nivel de aceptación ciudadana, alcanzó un rango de 79.4%, es decir, casi ochos de cada diez mexicanos manifestaron su conformidad por el rumbo con el cual se viene implementando lo que ha sido considerado – por el propio AMLO – como la Cuarta Transformación (4T) del país, que debemos interpretar como la génesis de un nuevo modelo de gobierno (con todo lo que dicha acepción pudiera llegar a significar).

Al respecto, confieso, con la mayor sinceridad que me sea posible alcanzar que, por principio, me ubico, conscientemente entre los escépticos, que no nos entregamos a pie juntillas – como lo hiciéramos ya en algún momento de nuestras respectivas existencias, sobre todo, a partir de la alternancia política del México del 2000 – nuestras mayores y mejores expectativas por alcanzar un país más incluyente, menos injusto, más solidario, menos corrupto, más equitativo y, sobre todo, mucho más democrático.

Todo lo enunciado en su conjunto, ni por asomo ha emergido por virtud de la inspiración del nuevo Redentor de México. Es más, el propio AMLO en su afán por auto incorporarse a uno de los capítulos más destacados de nuestra historia patria, olvidó que, no obstante haber obtenido en su favor – a través de su movimiento político – treinta millones de sufragios el pasado mes de julio, dichos votos representan única y exclusivamente, una cuarta parte del total de la población con que cuenta todo el país, por lo cual, en los siguientes cinco años y pico que le restan aún como jefe de estado, deberá realizar el mayor esfuerzo posible para convencernos sobre las bondades de su proyecto de nación, así como el hecho de que, al término de su mandato constitucional, cumplirá a raja tabla con la promesa de acogerse voluntariamente a un retiro modesto y honorable, y cobijarse bajo la cálida sombra que le ofrece su ya famosa finca en Palenque, Chiapas, mejor conocida como “La Chingada”.

No obstante lo anterior, por el lado de los áulicos, todo es paroxismo. Están felices por el hecho de que AMLO, incluso antes de haber tomado posesión del cargo de presidente de México, se comportaba como tal. Pontificó desde su púlpito personal, aprovechando, dicho sea de paso, cualquier oportunidad para descalificar a tirios y a troyanos: quien no está conmigo está contra México, fue una de sus más conocidas diatribas post electorales. Los “fifís” “ la mafia del poder” “los pirruris” “los frijoles con gorgojo” así como otros epítetos más o menos conocidos, figuraron como los calificativos por excelencia utilizados en la jerga política de la 4T.

Ahora mismo, a tan solo dos días de que fueran conmemorados los primeros cien del régimen del Movimiento de Renovación Nacional, que dicho sea de paso, deberían de haber sido determinados al menos como los primeros doscientos días del “Peje” pegado a la ubre del estado mexicano, lo cual, desde mi particular punto de vista concita una profunda reflexión – en el ámbito de la más amplia sinceridad del caso – sobre el tipo de nación al que aspiramos todos, y si dicho modelo coincide con la estrategia implementada por los principales estrategas políticos del propio AMLO.

Por mi parte, como ya fuera enunciado con anterioridad, soy escéptico por naturaleza. Nada es peor para una nación como la nuestra que prime la homogeneidad de pensamiento y obra. Por tal motivo, damos la más cordial bienvenida – en el más amplio sentido de la palabra – a la indispensable heterogeneidad, porque la misma, así lo entendemos, se constituye en una especie de eje principal que sustenta los principales valores democráticos que deben guiar a una nación del calibre, la dimensión y el peso específico como la nuestra.

Valiéndome de tal razonamiento, me parece que AMLO podría llegar a desbocarse de continuar su febril carrera en pos de “salvar a México” , de lo que él mismo califica como la “mafia del poder”, misma que ha dominado el panorama político de nuestro país desde tiempos inmemoriales, causante, además, de todos los males que nos aquejan, para los cuales, según ha sido advertido con toda claridad por el propio primer magistrado, dispone de una cura infalible: la 4T.

Estoy firmemente de acuerdo en que AMLO realice el mayor esfuerzo que le sea posible para lograr el feliz cumplimiento de sus objetivos o plan de gobierno, para eso fue elegido por un número significativo de mexicanos, lo que, en todo caso, me inquieta es la forma y el fondo en que ha venido interactuando de cara a las principales instituciones políticas del país, la división de poderes y los órganos de control de los propios poderes públicos a nivel federal, a los cuales ha venido vulnerando – sin querer queriendo, tal vez por su falta de ignorancia -, sin que ello pudieran llegar a justificar sus muy notorias y tangibles omisiones, puestas en marcha bajo la premisa (digo yo) de que el fin justifica los medios.

Es verdad que el cochinero – escondido por los rincones – que encontró AMLO a su llegada al poder justifica plenamente que se imprima a la gobernabilidad del país, un giro de ciento ochenta grados. Lo que es injustificable hoy, mañana y siempre, es que para echar a andar la maquinaria del país, en su marcha, se precipite a México hacia ese profundo abismo que con toda claridad avizoramos en lontananza.

 

EL TIRANO EN SU LABERINTO

Se aprecia ya, con toda claridad, una luz al final del túnel de la obscuridad subyacente que, a lo largo de los últimos veinte años, ha teñido – con su estigma de horror – el horizonte de la otrora rica y orgullosa Venezuela cuna, también, del enhiesto estandarte del Libertador Simón Bolívar, quien ha sido estigmatizado a ultranza por aquellos quienes dicen constituirse como sus más nobles y leales servidores, los cuales, dicho sea de paso, lo único que han conseguido es la total destrucción de la obra inmortal del Ilustre caudillo decimonónico, cuyos restos, a estas alturas del paseo (creo yo) estarán retorciéndose en lo más profundo de las entrañas del mausoleo erigido en su honor en el Panteón Nacional ce Caracas.

Todo parece indicar, según se aprecia, que le llegó la hora final al régimen que hoy preside Nicolás Maduro, dicho sea de paso, heredado “a dedo” de parte de su compinche Hugo Chávez, ambos, auto designados, como prohombres del fracasado proyecto del socialismo del siglo XXI que, hoy por hoy, hundió en un fango nauseabundo a toda una nación, y que, casi cuesta la ignominia a otras dos terceras partes de las democracias ubicadas en los cuatro puntos cardinales de dicha subregión geográfica.

El advenimiento del liderazgo político que encabeza el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ahora mismo, reconocido como presidente encargado por más de cincuenta integrantes de la comunidad internacional – con la dolorosa excepción de México – cubre con un manto de legalidad lo que se constituirá, en el corto plazo, como la indispensable transición que, con toda claridad, se vislumbra al alcance de la mano. Debo destacar que, a la hora de escribir estas líneas, el gobierno de Japón (entre otras potencias económicas) anunció, a través de sus canales institucionales, el reconocimiento como único represente legítimo de Venezuela al presidente del alto cuerpo legislativo de la nación.

No obstante todo lo anterior, el tirano se aferra al poder apoltronado por sus áulicos al sillón presidencial del Palacio de Miraflores, aupado, además, por una pléyade de corifeos ornamentados con vistosos uniformes militares de los que penden insignias de ficticias batallas imaginarias tal cual aconteció en todas las que integran el relato contenido en las páginas del ingenioso hidalgo de Miguel de Cervantes.

Con los motores listos para emprender desde las fronteras con países vecinos (Colombia, Brasil y Aruba/Curazao) hacia las entrañas de la patria sojuzgada, se prepara ya una nueva epopeya libertadora, cuya encomienda principal es hacer llegar, a la mayor brevedad posible, la ansiada ayuda humanitaria cuya única misión será la de coadyuvar en la medida de sus posibilidades a mejorar la situación de postración en la que se encuentra, actualmente, la mayoría del pueblo venezolano.

 

 

GATOPARDISMO AL ESTILO DE AMLO

La reciente visita a México del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (PSOE) ha servido – una vez más – como telón de fondo para confirmar el cariz conservador con el que su colega el (nuestro) presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visualiza la escena internacional en general, y la política exterior que pretende implementar durante el curso de los próximos seis años, en lo particular, hacia los países de nuestra subregión geográfica, sobre todo, a la luz de los más recientes sucesos de la coyuntura política que vive Venezuela, país con el que, dicho sea de paso, hemos construido a lo largo de la historia independiente de ambas naciones, una de las más cordiales y constructivas relaciones bilaterales de que se tenga memoria.

Con un sustento de tal envergadura, me resultó, en extremo curiosa la respuesta de AMLO a una pregunta específica que surgiera durante el curso de la conferencia de prensa en la que participaron ambos mandatarios sobre la posición específica de nuestro país en el entorno de la disputa que ahora enfrentan, por un lado, a Nicolás Maduro, y por el otro, al asambleísta Juan Guaidó, por la titularidad del poder ejecutivo de la hermana nación suramericana.

Palabras más, palabras menos, AMLO se transformó – desde mi particular punto de vista – en una especie de Ignacio L. Vallarta (ministro de relaciones exteriores durante el primer mandato presidencial de Porfirio Díaz) al envolverse en la bandera de un falso nacionalismo (México primero) pretendiendo hacer creer a la sorprendida audiencia, que los sucesos acaecidos en contra de México al imponérsenos como gobernante a un príncipe extranjero, a mediados del siglo XIX podrían ser extrapolados a la era del socialismo del siglo XXI, con el cual ha sido apostillada Venezuela.

La realidad que, en todo caso ensombrece, día a día, a la patria del libertador Simón Bolívar, hay que visualizarla desde la perspectiva de las afectaciones directas que pesan en contra de los intereses de los más de 32 millones de nacionales (con una diáspora de más de tres millones) que pugnan por sobrevivencia en medio de circunstancias políticas, económicas y sociales inéditas para todos, partiendo del supuesto de que Venezuela es uno de los países más ricos del continente y que posee, entre otras múltiples riquezas, uno de los más grandes yacimientos de petróleo del mundo.

Aún así, el dinero no alcanza para nada. El fenómeno de hiperinflación (más de un millón por ciento en 2018) hace imposible obtener por vía de la ley de la oferta y la demanda, insumos indispensables para satisfacer las necesidades vitales para toda una nación. La coalición cívico-militar que encabeza Nicolás Maduro, ha hecho que sea prácticamente imposible obtener bienes y servicios sin exhibir para ello el denominado “carnet de la patria” especie de salvoconducto con en cual se pretende estigmatizar a buena parte de la población del país.

Para mantener un orden institucional sui generis o a su medida, la dictadura madurista se ha empleado a fondo, vulnerando, en todo momento los derechos humanos fundamentales de la otra mitad del país que no se declara “chavista” o “bolivariana” agrediéndoles por conducto de los múltiples cuerpos represivos surgidos o generados al amparo del movimiento revolucionario del socialismo del siglo XXI

Desde mi barrera, aquí en la ciudad de Medellín, contemplo estupefacto a los cientos de miles de venezolanos, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y ancianos que luchan por la supervivencia en cada esquina de las principales arterias que conforman esta gran metrópoli, misma que, en la medida de sus posibilidades no se da abasto para socorrer a sus hermanos de sangre, los cuales hoy por hoy sufren las vicisitudes inherentes del fenómeno de disponer de un país prácticamente dividido en dos.

Si, el Grupo de Lima al cual México se adhirió desde su creación, hasta el comienzo del gobierno de AMLO, ha realizado – desde mi particular punto de vista – una muy positiva labor de favorecimiento de las partes involucradas, a grado tal que, hoy por hoy, decidió, por consenso, dar un paso al frente de cara a los más vulnerables, es decir, a quienes se ubican en la vigencia de los principios de libertad democrática para todos los venezolanos.

Mientras esto sucede Marcelo Ebrard prepara maletas para viajar a Montevideo, con el fin de participar en la reunión del Foro de Sao Paulo. Ah, perdón, no es el objetivo de su presencia en la capital de la República Oriental del Uruguay, el canciller mexicano hará presencia en una reunión – que yo considero inútil – a los fines de proveer de un “balón de oxígeno” a la dictadura madurista la cual pugna, en sus estertores finales, por aferrarse a un poder que ahora ya no le corresponde.

Así, con un pasito adelante y dos para atrás, AMLO se nos vuelve a presentar como un digno protagonista del gatopardismo a la mexicana.

 

 

 

SOBRE LA CUESTA DE ENERO

Ha sido, tradicionalmente, un tanto cuanto difícil para la mayoría de las familias mexicanas enfrentar, con lucidez, lo que en lenguaje vernáculo hemos calificado como “la cuesta de enero” fenómeno que, dicho sea de paso es, nada más y nada menos que, una expresión lisa y llana de nuestra falta de previsión para hacer frente al devenir de nuestras responsabilidades en el corto y mediano plazos, y estar así en capacidad para asumir el rol que nos corresponde como integrantes de una sociedad en constante transformación, como es el caso de la que se estructura a lo largo y ancho del territorio nacional.

La reflexión anterior, en todo caso, muy bien podríamos (debemos) extrapolarla al siguiente nivel, es decir, al de la realidad política que en este momento enfrenta el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el contexto de lo que el mismo se ha encargado de enunciar como la Cuarta Transformación (4T), misma que, a estas alturas del paseo, se encuentra en el umbral del tercer mes de su respectivo ejercicio.

Con enorme tristeza – por decir lo menos – nos hemos venido a enterar, justamente, en esta cuesta de enero, que AMLO recibió de su predecesor inmediato, Enrique Peña Nieto (EPN) un país en plena crisis sistémica de sus principales instituciones políticas, económicas y sociales, tal cual había sido advertido en la obra “Cleptocracia” de mi autoría (www.amazon.com/ Cleptocracia by ignaciogutierrezpita) confirmada, a su vez, por los más recientes datos aportados por Transparencia Internacional, en cuyas últimas estimaciones especializadas sobre los índices de corrupción gubernamental, México perdió 33 lugares, con respecto a los últimos resultados (2017) cayendo de la posición 105 a la 138.

Ahora bien, sin que nuestra opinión implique que intentamos rasgarnos las vestiduras y, hacer o aparentar hacer una especie mea culpa colectivo, la verdad es que, es ahora, en este preciso instante, que comenzamos a darnos cuenta del enorme vacío de poder en el que había caído nuestro país y que, como consecuencia lógica de tal omisión, parte importante de nuestra riqueza nacional, comenzó a ser usufructuada – clandestinamente – por integrantes del crimen organizado, tal cual hemos visto, al menos, por lo que respecta al expolio del que ha sido víctima la empresa estatal más importante de México: PEMEX, cuyas entrañas han venido siendo horadadas a mansalva por huachicoleros, apoyados o coludidos con funcionarios y empleados de los tres niveles de gobierno.

Según se ha podido saber, en los últimos diez años, es decir, durante el curso de al menos los dos últimos sexenios, los poliductos que surten de productos derivados del petróleo a todo el país, han registrado hasta 12,600 tomas clandestinas, algunas de las cuales, como es el caso de la que fue ubicada dentro del perímetro del municipio de Tlahuelilpan, en el Estado de Hidalgo, han sido causantes de graves accidentes como el que se verificó durante el presente mes, con un saldo de más de cien víctimas mortales (su número sigue creciendo) y un número indeterminado de heridos y lesionados.

De la mano de sus congéneres del huachicol, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), si estimado lector, esos mismos que nos han causado tantos desasosiegos y que paralizan ciudades enteras, por simple capricho, ahora se han apoderado de las principales vías del ferrocarril – llevan quince días de paro – en las inmediaciones del Estado de Michoacán, lo que, prácticamente, se ha traducido en la paralización del ingreso y la salida de todo tipo de bienes y servicios, con las indudables repercusiones negativas para la economía nacional.

Quienes integran dicha fuerza laboral, ahora se han empoderado, y dicen, que actúan con el beneplácito del propio AMLO, quien además de interceder en su favor ante autoridades de los otros dos niveles de gobierno, les prometió abrogar la tan cacareada reforma educativa impulsada durante el ejercicio de EPN y devolverles las innumerables (e injustificadas) canonjías de las cuales disfrutaron durante el curso de los más obscuros estertores del período de la dictadura perfecta.

Como bien dijo el propio AMLO: me canso ganso, voy a transformar a México.

 

 

 

 

 

VEINTITRES DE ENERO

El diputado Juan Guaidó, representante del partido Voluntad Popular (VP) ante la Asamblea Nacional de Venezuela, investido – desde principios del presente mes – con el carácter de Presidente del máximo órgano legislativo del país, juró solemnemente, ante un cabildo público, conformado por cientos de miles de ciudadanos, como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo, con lo anterior, con lo que determina la proclama adoptada, en su oportunidad, por la institución que él mismo preside, al momento de declarar a Nicolás Maduro como usurpador de la más alta magistratura de la nación, desde el instante mismo en el que asumió un segundo mandato (10 de enero) ante una instancia distinta a la cual fuera determinada por la propia Constitución política vigente en dicha nación suramericana.

La determinación del ahora presidente encargado de asumir la posición que conforme a la constitución le corresponde, sirve de parteaguas a la ya de por sí muy difícil coyuntura que prevalece a lo largo y ancho de la geografía nacional por virtud de la polarización entre las dos principales fuerzas políticas en pugna: chavistas (maduristas) versus antichavistas, sin que, hasta este momento, tengamos una clara idea sobre lo que sucederá en el corto y mediano plazos mismos que, con toda seguridad, seguirán siendo de un constante estira y afloja de cada una de sus respectivas posiciones por parte de ambos antagonistas.

Como condimento adicional, no podemos ni debemos soslayar la importancia que tiene para el equilibrio del poder en Venezuela el casi inmediato posicionamiento favorable a la causa de la oposición política de importantes actores a nivel regional, como han sido los casos de los gobiernos de los Estados Unidos de América, Canadá, la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las naciones que integran el Grupo de Lima, a excepción hecha de países como México (para variar) y Uruguay que prefirieron inclinarse por lo que eufemísticamente enunció el subsecretario para América Latina y El Caribe de nuestra cancillería, Maximiliano Reyes: política de “tercer carril”, es decir, ni sí, ni no, sino todo lo contrario.

La misma Perogrullada, con la cual México ha venido intentando nadar de a muertito en la escena internacional desde los tiempos de la “dictadura perfecta” a cuyas pútridas sombras, lamentablemente, en los albores de la Cuarta Transformación, nos acogemos.

No obstante lo anterior, y confiando en que México seguirá siendo un país de referencia – para las causas que afectan a nuestra subregión geográfica -, en Venezuela se vive un antes y un después que podría significarle a dicho país, al mismo tiempo, un final y un principio. Final de una época: el socialismo del Siglo XXI; y el principio del proceso de reconstrucción de la estructura y funcionamiento de una nación que yace ahora postrada sobre sus cenizas.