Analisis

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ES POR EL ORO

El pulso más reciente entre los dos grupos antagónicos que se disputan el poder político en Venezuela, encabezados, respectivamente, por Nicolás Maduro, considerado como ilegítimo por los gobiernos de más de 50 países, y Juan Guaidó, autoproclamado como presidente encargado, favoreció a este último, una vez que se hizo pública la sentencia del Tribunal Superior del Reino Unido, con respecto al litigio, sobre el destino de 30 toneladas de oro, con un valor superior a los 1,100 millones de dólares (mdd) que reposan – lingotes – dentro de las bóvedas del Banco de Inglaterra, así como otros 130 millones de dólares (mdd) de un contrato de intercambio negociado con el Deutche Bank.

La polémica decisión de la corte británica representa un nuevo y duro golpe contra del cuestionado régimen de la revolución bolivariana, que pulula por el mundo en calidad de paria en busca de nuevas fuentes de ingresos, como mejor medida, supuestamente, para financiar la salida de la crisis sistémica por la que atraviesa.

Muy lejos, en la distancia, han quedado los tiempos de la teóricamente inagotable bonanza petrolera, sustento principal del proyecto político de Hugo Chávez, cuyos cimientos, a estas alturas del paseo, se encuentran, prácticamente, al borde del colapso.   En esa virtud, el régimen comenzó a deshojar la margarita, con el ojo puesto en otro tipo de recursos naturales no renovables – como el del petróleo -, susceptibles, también, de espolio, como ha venido sucediendo con la explotación de los ricos yacimientos del dorado metal en la zona conocida como el arco minero en los estados de Amazonas y Bolivar.

Sobre dicha riqueza en específico, se ha podido conocer, gracias a la aprehensión en Cabo Verde, de quien se dice, uno de los principales testaferros del régimen, el colombo-venezolano Alex Saab, quien se encuentra en espera de resolución judicial sobre la solicitud de extradición dictada en su contra por el gobierno de los Estados Unidos de América, que saldrán a la luz pública datos relevantes que involucran, directamente, a los más altos dignatarios venezolanos, entre los cuales, por supuesto, se encuentra la pareja presidencial, en el inadecuado manejo de los recursos públicos para beneficio personal y político.

De conformidad con los respectivos expedientes del caso, se acusa a Saab de haber puesto en marcha un complejo montaje financiero cuyos principales objetivos serían el de lavado de dinero (recursos públicos), tráfico de oro y coltan (mineral estratégico con ricos yacimientos ubicados al sur del Orinoco), medicamentos y alimentos (para integrar las CLAPS).   El destino principal de la ofensiva de la amplia red sería para el intercambio de bienes y servicios obtenidos de parte de gobiernos aliados del madurismo, como son los casos de Turquía, Rusia, China e Irán, principalmente.

Se dice, además, sobre el entramado, que el mismo fue perfeccionándose a la sombra de las estrictas medidas determinadas por el gobierno de los Estados Unidos, – Departamento del Tesoro – en contra del régimen.

La administración Trump también implementó el pasado mes de marzo, lo que para algunos significó “el principio del fin” del régimen usurpador.  En este sentido, a través del Departamento de Justicia, le puso precio a la cabeza del propio Maduro por quien ofrecieron en calidad de recompensa por su captura, 15 mdd.  Otro tanto por lo que respecta a cuatro testaferros gubernamentales, entre los que se destacan Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá y Tareck Al Aissami, por quienes se ofrecieron, respectivamente, 10 mdd.

Por lo que respecta al Departamento de Estado, su titular Mike Pompeo, demando al gobierno bolivariano el fin de la usurpación, la salida del poder de Maduro, elecciones libres y supervisadas por la comunidad internacional, con un árbitro imparcial, salida del país de representantes de fuerzas armadas extranjeras (Cuba, Rusia, Irán, FARC y ELN) así como el restablecimiento de la democracia.  En el entorno de dicha ofensiva primaveral, a su vez, el jefe del Comando Sur, Craig Faller, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro representa una “amenaza real” para América Latina por lo que ya se estarían tomando en consideración las medidas más adecuadas y convenientes a los intereses democráticos de su país, sobre la mejor forma de neutralizar cualquier tipo de riesgo que se pudiera llegar a presentar en el futuro inmediato.

Mientras todo esto sucede, cuatro millones de venezolanos han huido del régimen en los últimos tres años.  La mayoría de los cuales – se estima que serían casi dos millones – migraron a Colombia, el resto, se ha repartido entre Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y México, entre otros.  La mayoría han padecido situaciones límite, sobre todo, a estas alturas del paseo, por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid19 que ha encarecido, la obtención de los auxilios que habían obtenido (migración, salud, educación y trabajo), precisamente, como consecuencia de la falta de todo tipo de bienes, servicios e insumos a los que se habían acogido para justificar su éxodo al extranjero.

Al régimen tampoco le van bien las cosas en materia de la salvaguardia de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como se pudo conocer gracias al completo informe de la presidenta del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, quien anunció, recientemente, que el régimen bolivariano seguía conculcando los derechos de sus gobernados por vía de la desaparición forzada de sus opositores políticos, a quienes estaría buscando neutralizar, con vistas a su participación en las cuestionadas elecciones parlamentarias, convocadas, para el próximo mes de diciembre, las cuales han sido calificadas, desde ahora, como  antidemocráticas.

 

 

VIOLENCIA SIN LÍMITE

Con todo pesar, porque no nos queda más remedio que reconocerlo, la violencia se sigue cebando en México, tal como ha quedado demostrado, al menos, con acontecimientos como los suscitados durante la última semana, comenzando el pasado viernes 26 de junio, muy temprano, por la mañana, el secretario de seguridad ciudadana del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Omar García Harfuch, fue víctima de una celada atribuida, en principio, a integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que causó tres víctimas mortales y heridas de consideración que afectaron al alto cargo local, quien actualmente se encuentra hospitalizado en proceso de recuperación, y el día de ayer,  miércoles 1 de julio, mediante una masacre en Irapuato, Guanajuato, que costó la vida, al menos a 28 personas y otras más con graves heridas – que según ha sido informado por voceros del gobierno estatal -, fue atribuida, en principio, a integrantes del cartel de Santa Rosa de Lima, que opera, con impunidad, con miras a imponer su voluntad por encima del interés general de la población afectada.

En el caso del atentado al alto mando policial de la CDMX, el propio interesado señaló a integrantes del CJNG, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, como presuntos autores del intento por acabar con su vida.  La violencia característica del ataque, llevado al efecto en una de las zonas residenciales de la clase económicamente más acomodada de la ciudad capital, causó un alto impacto, toda vez que los encargados de perpetrarlo utilizaron como medio para llevar a cabo su comisión, armas de alto poder que causaron – según se desprende de la información oficial revelada – al menos 414 impactos de armas largas para uso exclusivo de las fuerzas armadas, como son los casos de los calibres .50 Barret, AR-15 calibres .223, .556, y .762, que prácticamente destruyeron el vehículo tipo Suburban, con un blindaje de nivel 7 que servía de transporte del alto mando policial.

Tal cual se desprende de los datos que integran la carpeta de investigación que aperturó la Fiscalía General del gobierno de la CDMX, se sospecha que, a los fines de poder concretar con éxito su misión, el grupo sicarial dispuso del apoyo material y logístico de otros grupos delincuenciales similares, como son los casos de Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y Familia Michoacana.

Por lo que respecta a la matanza de 28 personas que se encontraban reunidas en un centro de rehabilitación integral contra las adicciones (informal) ubicado en Jardines de Aranda, en Irapuato, Guanajuato, el gobierno local, a través de la fiscalía general del estado, atribuyó el hecho a integrantes del cartel de Santa Rosa de Lima. Conviene subrayar que durante el curso del corriente año se han registrado en Guanajuato 2,147 homicidios dolosos, todos ellos atribuidos al propio cartel de Santa Rosa de Lima, antagónico del CJNG en función de una guerra abierta que, ambas partes sostienen desde 2017 por el control de la zona para la venta y trasiego de drogas.

Se sabe que, al menos, en el estado de Guanajuato, operan este tipo de centros de rehabilitación contra las adicciones tanto por la vía formal, como por la clandestina.  A la fecha, y desde el pasado mes de diciembre de 2019, según la información que manejan las autoridades competentes del estado, se han llevado a cabo otros cuatro atentados con características similares en los que han sido utilizados tanto carros bomba, como asesinatos indiscriminados.

Lo que trasluce, sobre todo, en el caso del atentado perpetrado en la zona de Lomas de Chapultepec de la CDMX en contra del secretario de seguridad ciudadana del gobierno local, es que quienes integran las principales bandas del crimen organizado han sentado sus reales en el principal bastión político, económico y social del estado mexicano en un intento por hacer valer sus razones particulares por encima del interés general de todos los mexicanos.

En esta guerra, no nos podemos quedar con los brazos cruzados.  Debemos exigir que el gobierno – del color político que sea – cumpla con la función principal para la cual dispone de un mandato:  salvaguardar los derechos y las obligaciones de todos sus gobernados.

 

 

 

NO HAY QUINTO MALO

Tal cual reza el conocido adagio, la posibilidad de que nuestro país realice aportaciones relevantes, son muy amplias, por virtud de su membresía como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) para el período 2021-2022 – electo el día de ayer con 187 de los 192 votos posibles -, lo que representa su quinto mandato en el más alto foro multilateral, sobre todo, a la luz de los grandes retos que, con toda seguridad, habrán de ser debatidos en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.

Por principio de cuentas, y motivado por la restricciones derivadas de la pandemia del Covid19, y sus serias afectaciones en la ciudad sede del organismo multilateral, es posible que, por vez primera desde su fundación, la ONU deberá manejar como real y verdadera la posibilidad de que los grandes debates que serán suscitados en el marco del ejercicio de sus funciones fundacionales, serán escenificados en forma virtual, tal cual ha sido anunciado ya por las principales autoridades locales y federales del gobierno estadounidense con respecto de la celebración del LXXV período ordinario de sesiones, el próximo mes de septiembre.

No se espera para este próximo otoño, que la ciudad de Nueva York se vea, una vez más, desbordada por los miles de delegados que pululan a lo largo y ancho de la Gran Manzana, conducidos en comitivas interminables que transportan a todo tipo de dirigentes políticos venidos, eso si, desde los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo.

Al momento de escribir estas líneas, no me queda muy claro el papel que pretende desempeñar México en el contexto de las prioridades que, en materia de política exterior, han sido enunciadas desde la plataforma de la 4T – movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) – quien, en todo caso, ha venido orquestando una sinfonía con muchos tonos disonantes, sobre todo, en lo que tiene que ver con su personal interpretación del multilateralismo de cara al siglo XXI.

Para muchos, y confieso que es mi caso, AMLO ha puesto en marcha una estrategia que aparentaría estar sustentada en algunos de los principios sobre los cuales descansa el interminable debate decimonónico entre liberales y conservadores, tamizado, a su vez, por el viejo y arraigado nacionalismo revolucionario de comienzos del siglo pasado.

A todas luces, ni lo uno, ni lo otro, reflejan con transparencia la coyuntura internacional en la cual, priman los intereses de las grandes superpotencias (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Rusia y China) y su disputa para ocupar, siempre que sea posible, los escasos espacios de interacción derivados de sus bien conocidas apetencias imperiales.

Será que nuestros apóstoles de la 4G interactuarán a la altura de las circunstancias, o nos iremos por la libre, es decir, intentando pontificar con unas mañaneras sustentadas desde las riveras de Manhattan.  Si este es el caso, sin temor a equivocarme, creo que estaríamos tirando por la borda el poco (o mucho) capital político que aún se preserva en una rica historiografía que atestigua el paso de México en la defensa y salvaguardia de los principios que inspiran el derecho internacional, especialmente, en el presente siglo.

 

RACISMO EXACERBADO

En plena crisis derivada de la pandemia generada por el Covid19, fuimos testigos (cuasi) presenciales del más reciente episodio de racismo exacerbado en los Estados Unidos de América, perpetrado el pasado 25 de mayo, en contra del ciudadano afro descendiente, George Floyd, quien fue brutalmente victimizado por al menos cuatro elementos uniformados de la policía de la ciudad de Mineápolis (Powerhorn) en el Estado de Minesota, uno de los cuales, Derek Chauvin, tras haberlo inmovilizado violentamente, lo ubicó de cara al piso del asfalto urbano, presionándolo con su rodilla izquierda sobre el cuello – por espacio de ocho minutos y cuarenta y seis segundos -, causándole, con ello, asfixia,  pérdida del conocimiento, y como fatal consecuencia, la muerte.

La reacción ante tal desaguisado no se hizo esperar.  Más temprano que casi de forma instantánea, quien grabó el episodio con un teléfono celular lo subió, ipso facto a las distintas redes sociales que pululan por los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo, desde donde, en unos cuantos segundos, el episodio se transformó, en tendencia de cobertura universal.

Este hecho fortuito, motivado por una supuesta denuncia en contra de “alguien” que pretendió adquirir un paquete de cigarrillos pagando con un billete falso de veinte dólares, ha servido, desde mi particular punto de vista, de detonante, para el advenimiento de una crisis social sin precedentes, desatada en el corazón mismo de los Estados Unidos América, país que, como el resto de sus congéneres a nivel internacional, atraviesa por una de las etapas más críticas de la primera pandemia del presente siglo.

Y, si las cifras son indicativas del estado actual de la lucha en contra del Covid19, baste pasar a revista los datos oficiales registradas por la Unión Americana, hasta el día de ayer, lunes 8 de junio: contagios: 1,942,363, con 110,932 fallecimientos, es decir, la cifra más alta de todas las registradas a nivel mundial tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como por la Universidad Johns Hopkins, lo anterior, en comparación con el resto de los países afectados, que dicho sea de paso, representan una gran mayoría.

Tal cual señalamos con anterioridad, la tendencia en redes sociales de la violencia policial en contra de un individuo perteneciente a una de las minorías étnicas que conforman a la sociedad estadounidense, produjo dos reacciones contrapuestas, mismas que merece la pena enunciar: por una parte la tomas de la calle por grupos sociales inconformes y vociferantes que, tumultuariamente, se lanzaron para condenar al grupo policial que victimizó a George Floyd; y por otra, la reacción oficial a las manifestaciones públicas, tanto a nivel local, como a nivel federal.

Por lo que respecta a la toma de las calles por parte de grupos sociales inconformes por el status quo prevaleciente en el cual, las diversas corporaciones policiales acostumbran someter – con rudeza – a representantes de las diversas minorías étnicas, que pueblan en el país, como son los casos de las afro descendientes, los latinos y los asiáticos, por enunciar a los grupos más afectados por dicho comportamiento.

Por lo que toca a la acción de control de las masas vociferantes a nivel gubernamental, pudimos ver, en vivo y en directo, en primera instancia, en los puntos más candentes de la ciudad de Mineápolis, así como, posteriormente, a nivel de la mayoría de metrópolis a lo largo y ancho de todo el país, a representantes policiales beligerantes, golpeadores y ávidos de venganza en contra – muchas veces de inermes manifestantes – a quienes sometieron a la voluntad del más fuerte, es decir, del que dispone de los juguetes bélicos más actualizados para el combate callejero.

No faltó, por otra parte, la impresión de la patente presidencial, vociferada como una especie de rito de guerra.  El señor Donald Trump (PROTUS) pontificó: “cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo” en alusión a los grupos anárquicos, que aprovechan cualquier tipo de coyuntura, para concretar destrucción y saqueo tanto del mobiliario urbano, como del comercio en general.  Muy penoso, resulto, para todos, el haber presenciado el lujo con el que acometieron en contra de la propiedad pública y mucho más grave, con el saqueo de entidades comerciales, bancarias y de medios masivos de comunicación social.

En dicho tenor, el más aguerrido de todos, como ya fue señalado, fue el propio PROTUS quien, en el contexto de su permanente diatriba en contra de todo, amenazó con sacar a la calle a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, como medida para intentar acallar la voz del pueblo, que dicho sea de paso, a estas alturas del paseo – han transcurrido más de quince días -, la gente sigue volcada en las calles y no se vislumbra, al menos en el plazo inmediato, que vuelva la calma.

En paralelo a lo que sucede dentro de casa, como ya fue señalado, la evolución del Covid19 y el control del racismo exacerbado que se vive en el país, el propio presidente Trump, sigue incendiando la arena internacional, ya sea mediante amenazas en contra de la OMS, o una nueva guerra fría con China, país al que acusa – no sabemos a ciencia cierta si con razón o sin ella –  de haber provocado la presente pandemia, como una especie de venganza en contra de las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense para regular el ingente flujo comercial con el cual china tiene prácticamente inundado al mundo entero.

 

 

 

 

REHENES EN PANDEMIA

Como seguramente les sucedió a la mayoría de mis apreciables lectores, la difícil coyuntura por la cual atravesamos, suscitada por los demoledores efectos del Covid19, nos ha producido sentimientos encontrados, estimo que, en muchos casos, el de la frustración – que es el mío – prima, en unos sí, y en otros también. No obstante, a estas alturas del paseo, intuyo que muchos han de pensar que el mismo surgió como consecuencia de un experimento que involucra la inteligencia humana, es decir, producido en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, en China, tal cual se desprende de las afirmaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o si, en todo caso, fue producido o consecuencia de una mutación genética originada en alguna especie de la fauna silvestre del propio país asiático que, al tiempo de su transferencia, infectó al ser humano.

La verdad sea dicha, a la fecha de escribir estas líneas, y de conformidad a los últimos datos que asienta el estudio de la Universidad John Hopkins, la infección ha afectado a mas de cinco millones de personas a nivel global, con un total de 333,419 víctimas mortales, de entre las cuales, es decir de los afectados, se destacan – por número – los Estados Unidos (1,577,758); Rusia (326,448) y Brasil (310,087). Por lo que respecta a Colombia, lugar en donde resido hace más de ocho años, los últimos datos son: 18,330 casos, con 652 víctimas mortales, lo que refleja que las cosas no cambian mucho, especialmente en lo que tiene que ver con la forma de enfrentar el fenómeno, que se materializa en una cuarentena obligatoria para todos que, en mi caso, fue a partir del 13 de marzo último, fecha en la que fuimos enviados al confinamiento domiciliario por virtud de un ordenamiento – injusto, pero válido – emitido desde la cúpula del poder de la efebocracia gobernante.

En ese sentido, debo confesar, sin la mayor contrición que, a partir de dicha instancia, mi personalidad se fue desdoblando en dos mitades ontológicas: la del ser, y la del deber ser.

Como consecuencia de la primera, grande fue mi frustración al suscitarse dos hechos singulares y contrastantes que pudieron haber cambiado mi vida.

Ambos, genuinamente fortuitos, es decir, ni el uno ni el otro estaban previstos a ocurrir, y su consecución, no estaba anunciada ni en ese tiempo, ni en lugar, ni en modo, en el que se presentaron. El primero y más triste, el fallecimiento de mi muy querida madre Martha Yolanda Pita, el día 15 de abril – víctima de un mal menor, afortunadamente, se produjo a los 100 años con ocho meses de su natalicio – lo cual generó en mí un exacerbado sentimiento de frustración, toda vez que, a dichas alturas, Colombia había cerrado a cal y canto sus cielos a la navegación aérea, tanto nacional, como internacional, lo cual hizo prácticamente imposible que viajara a la ciudad de México, lugar en donde se produjo el deceso, para acompañar la velación y el entierro del ser humano que cumplió, al mismo tiempo, funciones de padre y madre, tanto para mi, como para mis tres hermanos.

El caso número dos del ser, fue derivado de la celebración de mi cumpleaños número 70 (12 de abril), fecha que causó gran regocijo en la mayoría de quienes integran mi familia nuclear. Grande fue mi sorpresa al recibir de parte de mis dos hijos mayores y de Raúl, mi yerno, un insospechado obsequio: tres pasajes ida y vuelta, así como todos los gastos de estancia pagados, para realizar, conjuntamente con Olga Inés (dueña de mis quincenas) y con Natalia (la hija menor) un viaje por diversos sitios de España y Francia.

También se frustró, por las mismas razones determinadas – Covid19 – por las medidas adoptadas desde las altas instancias gubernamentales, principalmente, tras considerar la grave situación pandémica por la que atravesaron, en la coyuntura del mes de abril, ambas naciones europeas.

En lo que toca a la otra parte de mi desdoblamiento personal, el que atañe al mundo del deber ser, he asumido, en medio del mayor comedimiento, todos y cada uno de los lineamientos emitidos por las autoridades competentes, como mejor fórmula para ir saliendo, paso a pasito, de los efectos de la pandemia prevaleciente, no obstante que, en algunos casos, mi frustración se ha incrementado en función de dos razones principales: 1.- el lenguaje empleado por el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, en cuanto a los adultos mayores (70 años) se refiere, a quienes estigmatiza como “abuelos”. Me atrevo a suponer que, por principio, no nos estigmatizó de mala fe, aunque en la práctica lo hizo; y 2.- Poco o nada se ha hecho hasta el día de hoy a favor o beneficio de la población con capacidades diferentes. El caso de Natalia (autista) quien desde la misma fecha en que comenzó la cuarentena para todos nosotros, quedó encerrada a cal y canto dentro de las cuatro paredes de nuestra residencia particular, ahora ya, casi por tres meses.

Este último caso, me parece, podría llegar a ser el más grave de todos, por virtud de que ha sido anunciado recientemente que en este país quedan suspendidas todas la actividades lectivas presenciales – tanto para escuelas públicas, como para las privadas – hasta finales del próximo mes de agosto, por lo cual, Natalia acumulará para esa fecha, cinco meses de encierro injusto y sofocante.

En fe de lo cual, reafirmo que nos sentimos prácticamente como rehenes de este espacio virtual en el que ahora nos desenvolvemos, del que prácticamente dependemos y sin el cual se verían frustrados – como nunca antes había sucedido – nuestros más caros principios libertarios fundamentales, trastocados, eso sí, para bien o para mal, por la voluntad de quienes ahora gobiernan.

 

 

 

 

 

158 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA

A la memoria de mi muy querida madre doña Martha Yolanda Pita QEPD

 

Me gustaría afirmar con la mayor sinceridad posible que entre los relatos más conocidos que obran sobre la variada historiografía de México independiente, uno de los capítulos que siempre llamaron mi atención, es el que significó la Batalla de Puebla, librada entre un muy vulnerable Ejército Nacional – al frente del cual figuró el general, Ignacio Zaragoza (proclamado unos años más tarde cómo Héroe de la Patria) – contra la máxima potencia militar conocida en la época, integrada por las fuerzas armadas del invencible ejército francés.

Con independencia del alcance histórico del enfrentamiento entre los ejércitos de ambas naciones, cuya narración final sigue siendo objeto de interés de innumerables especialistas, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que nuestra patria vio fortalecido su espíritu nacional, profundamente mancillado por las ambiciones extra territoriales que caracterizaron a los imperios de la época, en franco proceso de consolidación. A dicho respecto, me gustaría, también, referir otro evento que, de la misma manera se significa como heroico, aunque menos conocido, pero que no dejó de ser especialmente significativo para ofrecernos una visión, los más realista que fuera posible, de las circunstancias que convergieron en el torno de epopeya tan significativa.

Me refiero, concretamente, al papel desempeñado por integrantes de la sociedad civil en su conjunto, que en esa mañana del 5 de mayo de 1862, intempestivamente vio interrumpido su natural reposo, al sonoro rugir de los primeros cañonazos que impactaron las laderas de los fuertes de Loreto y Guadalupe, en pleno corazón de la capital del Estado que, además de su ensordecedor estruendo – que, según el relato histórico, dominó el ámbito territorial de la metrópoli -, produjo las primeras víctimas de guerra, así como un número indeterminado de heridos y lesionados con diferentes niveles de gravedad.

Para ilustrar la generosa disposición manifiesta por parte de la sociedad civil poblana, refiero que mientras el combate veía sus primeras luces, siendo las cinco horas del amanecer, Don Mariano Pita Zepeda – mi tatarabuelo -, médico cirujano por la Universidad de Puebla (graduado el 6 de junio de 1842) suspendió con premura el piadoso ritual al que puntualmente asistía un día si y otro también, para atender los detalles inherentes a la ceremonia de la santa misa, con el fin de dirigirse apresuradamente al hospital principal de la capital del estado, lugar en donde desempeñaba sus servicios profesionales, y en donde le fue posible brindar los auxilios especializados, no sólo al primer herido que ingresó portando uniforme del Ejército Nacional, sino que, a todos y cada uno de los lesionados que encontraron refugio seguro y humanitario entre las cuatro paredes del nosocomio, con independencia de la indumentaria que portaran, especialmente, en los casos de quienes vestían uniformes franceses.

Don Mariano Pita Zepeda – tal cual lo refiere en su obra heráldica la última descendiente directa de la familia Pita, doña Martha Yolanda QEPD – no sólo fue una de las primeras generaciones de médicos cirujanos profesionales graduados en el estado, sino que fue conocido por su humanismo y sensibilidad social característica, en un país como lo fue el México del siglo XIX, con ánimos exacerbados y pasiones desbordadas. Fue, a su vez, padre de don Joaquín Pita, quien años más tarde protagonizó otro hecho histórico en el propio estado de Puebla, el 19 de noviembre de 1910, fecha del levantamiento armado de Aquiles Serdán y familia, como preludio del inicio de la Revolución.

Aquel 5 mayo de 1862, nuestro país dio una gran lección a todo el mundo conocido, mientras se jugaba no sólo con la incertidumbre de mantenerse como nación independiente, sino con la posibilidad para allegarse instituciones con fuerza aglutinadora, a través de las cuales estuviera en capacidad de fortalecer el incierto destino que se vislumbraba ya como consecuencia del acecho de potencias extracontinentales que veían en México – por su estratégica situación geográfica – como paso obligado para materializar su delirios expansionistas hacia las ingentes riquezas ocultas a lo largo y ancho de todo nuestro continente.

El parte de guerra signado por el general Ignacio Zaragoza, dirigido a las altas autoridades del gobierno constitucional, encabezado por el Presidente, Benito Juárez, reza cual el mejor poema de la más cercana antología: “Señor presidente, en este momento histórico para la patria, las armas nacionales se han cubierto de gloria”.

Y así fue, tal cual ha sido enunciado en tantas otras ocasiones, en un día de primavera, como el de hoy, fecha en la que, curiosamente, no deja de llamar nuestra atención la euforia con la que nuestros vecinos estadounidenses la celebran, a pesar del inentendible desdén que en el entorno a nuestra amada patria, ha despertado el actual inquilino de la Casa Blanca, en Washington, quien no desaprovecha ninguna oportunidad para hacernos objeto de sus incoherentes e ininteligibles diatribas.

EL MÁXIMO TRONO PARA UN PLEBEYO

Con un epitafio en términos similares o parecidos, al arriba enunciado, podríamos etiquetar la más reciente hazaña – del sinnúmero registradas a que nos tiene acostumbrado el actual mandamás de la Federación Rusa -, Vladimir Putin, quien a sus 67 años cuelga sobre sus hombros estar a punto de batir todos los precedentes cronológicos, consignados en los anales de la historia de dicha nación, en cuanto al tiempo en el poder se refieren, en un país que, entre sus más singulares  características, la de poseer el más vasto territorio continental de todos los existentes, en nuestro planeta, le califican como sobresaliente.

Tal hito, fue concretado la semana anterior, con la culminación del proceso legislativo para aprobar un paquete de reformas a la Constitución del país (1993), consistentes, entre un sinnúmero de temas relevantes, el de consolidar el fortalecimiento de las distintas instancias políticas más relevantes del estado que regulan la relación entre gobernantes y gobernados, destacándose, especialmente, la que hace posible que el propio Putin – quien gobierna el país, con mano de hierro, desde comienzos del presente siglo – aspire  a continuar amarrado al solio presidencial, a partir del vencimiento de su actual mandato (por seis años), por dos períodos similares, respectivamente, contados a partir de 2024, para prolongarse en el tiempo, hasta 2036, prácticamente, para hacerlo coincidir con el aniversario cronológico número 83 de quien estaría a punto de constituirse en una especie el moderno Zar de Rusia, aunque su origen, en todo caso, seguirá siendo el de un plebeyo.

La lectura de algunos de los detalles más significativos del proceso que medió entre el envío (por parte del ejecutivo) al órgano legislativo, y la inminencia de que una vez superado dicho trámite, curse para su revisión en la instancia del Tribunal constitucional – en donde se da por descontado que encuentre algún tipo de oposición -, nos brindan la pauta en el entorno del nivel de control político con el cual gobierna, prácticamente, en solitario, el presidente Putin.  La Duma o cámara baja (450 integrantes) dispuso de 383 votos favorables con 43 abstenciones provenientes de integrantes del partido comunista.  Mientras que, por su lado, la Asamblea Legislativa, cámara alta (164 integrantes) en donde están representadas cada una de las entidades que conforman la federación, dispuso de 160 votos favorables, uno en contra y tres abstenciones.

El trámite ahora sigue su curso de forma similar al que se utiliza para las reformas de la Carta Magna en México, es decir, se envía el texto aprobado y validado por el Tribunal constitucional, para su respectiva aprobación a las asambleas legislativas de las entidades que conforman la federación.  Una vez que se obtengan los dos tercios de votos favorables, seguiría, en principio, su proclamación, y en su caso, la vigencia plena.  Sin embargo, el presidente Putin aún dispone de un as debajo de la manga – como para hacer más creíble el proceso de su inminente entronización: las reformas serán sometidas a un referéndum nacional – y sólo así, quedarían validadas -.

A todas luces, y desde mi particular punto de vista, el proyecto de reformas – ahora casi totalmente validado -, aparentaría estar en consonancia con los términos y condiciones determinados por la propia Carta Magna del país en comento.   Sobre dicho particular, sin embargo, una cosa es parecer, y otra muy distinta es lo que realmente puede llegar a significar un movimiento del orden constitucional de tal naturaleza.

Hoy por hoy, el poder que ejerce Vladimir Putin en su país, es prácticamente, incuestionable, lo sabe él, y lo conocen (reconocen) a la perfección los distintos resortes que interactúan tanto en el contexto nacional, como en el internacional, y es justamente, en dicho entorno, en el marco del cual conviene reflexionar sobre situaciones similares o parecidas, protagonizadas por algunos de los muchos imitadores o seguidores que, a estas alturas del paseo pululan – cual moscas en el entorno del pastel – a lo largo y ancho de los cuatro puntos cardinales.

Me detengo en México, lugar en el cual, se han venido detectando múltiples tentaciones de poder por parte de algunos de los más conspicuos aduladores de la 4T, quienes, arropados por los más de 30 millones de votos obtenidos en la pasada contienda presidencial por AMLO, pretenden tergiversar los muchos (o pocos) avances democráticos, alcanzados por nuestro país, a partir de la ruptura hegemónica del PRI, así como el advenimiento de la alternancia democrática que tan positivos resultados le han acarreado a nuestra nación.

En todo caso, creo que deberíamos estar con señal de alerta, para evitar, dentro de lo posible, degustar una receta del mismo veneno que fuera inoculado a nuestros pares de la lejana y enigmática Rusia.

 

 

 

 

 

 

 

AMLO Y SU FALTA DE EMPATÍA

Con más de 30 millones de votos que lo legitiman, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha podido – o no a querido – reconocer el impacto popular que, indudablemente, han concitado las innumerables reivindicaciones de género que se han venido realizando, a lo largo y ancho del territorio nacional, durante los últimos quince meses, muy especialmente, las que se llevaron a cabo los pasados días 8 y 9 de marzo, que han sido calificadas por la dirigencia morenista de la 4T, como muestras fehacientes de la indudable manipulación de que han sido objeto, supuestamente, por las fuerzas políticas más oscurantistas del llamado viejo régimen conservador, o cualquier cosa que ello signifique, y que, en todo caso, pudieran afectar los altos intereses de quien se auto denomina como el caudillo de México del siglo XXI.

Una especie de nuevo mesías que sólo cree en lo que el mismo se cree, sin empatía por causas como la falta de respuestas claras, firmes y expeditas ante los fenómenos de la alta violencia de género y los feminicidios que pululan allende los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional.  El gobierno a cargo de AMLO ha sido incapaz de hacer frente a uno de los fenómenos que, en principio, suscitaron el aval ciudadano que lo impulsó a ocupar el cargo que ostenta, el de la más alta magistratura del país, es decir, la presidencia de la república.

Desde esa alta tribuna AMLO nos pontifica cinco días a la semana, a veces sí, otras también, sobre lo bueno y lo malo, a juicio del sabedor de todo.  Debemos creer y obedecerlo con toda humildad so pena de que – penda sobre la tranquilidad ciudadana cual espada de Damocles – la amenaza de dar línea a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y/o al Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como a otras altas instancias gubernamentales, consideradas como herramientas para la extorsión ciudadana, similares a las que, antaño, manejaron a sus muy dudosos intereses los esbirros del tristemente famoso (y desprestigiado) partido en el poder: el PRI.

Ante la coyuntura nacional e internacional que se vislumbra en el medio de las reivindicaciones de género, México debe responder, por cierto, a la altura de las mayores expectativas posibles, al negativo impacto de las dos crisis que se ciernen sobre la comunidad internacional: los negativos efectos del Covid-19 y la guerra de precios del petróleo, protagonizada por dos de los actores principales del mercado energético mundial: Rusia y Arabia Saudita.  Uno y otro, han acarreado – a estas alturas del paseo – efectos perniciosos, sobre todo en dos valores fundamentales del proyecto de la 4T.

En primer lugar, poner en la principal línea de ataque al sector energético, encabezado por la estatal PEMEX, la cual, en principio, se intenta potencializar, justamente, cuando el mundo gira en un entorno inverso.  Baste mencionar que, como consecuencia directa de los recientemente acontecido, el valor de nuestro petróleo se ha reducido significativamente.  Y, cuando la tendencia mundial se enfoca en priorizar la utilización de recursos energéticos alternativos, el gobierno de la 4T le apuesta a la construcción de “elefantes blancos” como el proyecto de refinería de Dos Bocas, misma que – según la Secretaría de Energía – tendrá capacidad para procesar hasta 340 mil barriles al día, una vez que sea concluida.

En segundo término, el Covid-19 (o influenza China) misma que ha producido, entre otros graves efectos, una crisis financiera internacional, cuya repercusión nos ha afectado directamente en el decrecimiento de los principales indicadores de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como la sustantiva pérdida de valor de nuestra unidad monetaria, el peso, frente al dólar estadounidense, cuya cotización – al día de hoy -, ronda las 22 unidades por uno.

Ahora bien, si AMLO se empeña en argüir como válida la expresión de “me canso ganso” o hágase mi soberana voluntad, todos vamos a perder, y junto con nosotros, también pierde México.

 

 

 

INFAMANCIA DEL DELITO

Hemos sido – en algunos casos – testigos presenciales, y en otros, virtuales, del clima exacerbado que se vive, un día si, y otro también, en alguno de los cuatro puntos cardinales en que está dividida la geografía nacional, al despertarnos y caer en cuenta que, un nuevo hecho deleznable (otro más para añadir a la larga lista) ha ocurrido en uno u otro rincón de esta patria nuestra, que de verdad nos duele, como ha sido el delito infamante perpetrado en contra de quien en vida fue identificada como Fátima Cecilia Aldriguett Antón, de tan sólo siete años de edad, que fue secuestrada y asesinada por personas, supuestamente, afines, es decir, del mismo barrio, escuela, así como de contexto social y cultural, ahora, plenamente identificadas por las respectivas autoridades encargadas del proceso de investigación, ordenado, desde la cúpula del poder político del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) con el fin de que estos sociópatas, de ser comprobada su responsabilidad, paguen, por el crimen cometido, conforme lo determina la ley.

El suceso que, por su singularidad, nos ha conmocionado a todos por igual, por haber sido testigos del mismo en tiempo real, prueba, fehacientemente, que algo anda mal y que no está funcionando como es debido, especialmente, en el contexto de la relación entre las partes integrales del espacio social en el cual nos desenvolvemos: gobernantes vis a vis gobernados.

En la obra “Cleptocracia” (International Book Corporation, 2018), de mi autoría, expuse, ante mis amables lectores, lo que sirvió de base para considerar un diagnóstico sobre las posibles consecuencias de la situación prevaleciente en México, principalmente, a partir de comienzos del presente siglo.   La crisis sistémica de las principales instituciones políticas que surgieron a partir del triunfo de la lucha armada de 1910, sirvió como telón de fondo de casi todos los males que ahora nos afectan y que, a su vez, nos exponen a movernos en el medio de una senda que, indefectiblemente, creo yo, nos conducirá por la ruta fatídica del no retorno, es decir, al espacio del averno de la intemporalidad, que es lo mismo, o que suena igual que el país del nunca jamás.

A la hoy occisa, le fallaron todas las instancias que, por principio, deberían de haberse constituido en sus principales aliadas, comenzando por las autoridades de su centro de estudios, la escuela Enrique Rébsamen, así como también, los investigadores del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el DIF (federal), y, principalmente, sus padres, quienes – se ha podido conocer – solicitaron en tiempo y forma la intervención de las autoridades competentes (alerta ámbar), aunque sucedió lo que suele pasar en casos como el que ahora nos acongoja a todos, o en otros tantos que, día a día, laceran a una sociedad profundamente conmovida: NADA, absolutamente NADA.  No se movió ni una hoja del árbol burocrático, tejido tanto en estas, como en la mayoría de las otras tantas instancias dedicadas a la procuración de justicia en todo el país.

En el ánimo de aportar con un granito de arena en favor de la causa de los derechos inalienables de los niños, en el entorno del impacto que dicho fenómeno ha tenido en el contexto en el cual fue perpetrado, la CDMX, traigo a colación los datos aportados por el estudio realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO) del cual se desprende que entre los años 2012 y 2019 se presentaron en la capital del país 95 casos de niñas entre uno y diecisiete años de edad que fueron victimizadas de una u otra manera.  En algunos de los casos, por heridas de arma de fuego o punzo cortante, otros más por violencia doméstica, violencia escolar, abuso sexual, así como un largo etcétera, dentro del caudal de los crímenes tipificados por el ordenamiento jurídico aplicable.

En el caso concreto que corresponde a los feminicidios, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en los últimos cinco años se han incrementado 137% por encima de las cifras precedentes.  Y, como para muestra, basta con un botón, traigo a colación un hecho que se mantiene fresco en la conciencia ciudadana, sobre las circunstancias del crimen en contra de Ingrid Escamilla (25 años), salvajemente asesinada por su pareja sentimental y cuyos restos mortales fueron cruelmente exhibidos por algunos integrantes de los medios masivos de comunicación.

Lo más lamentable de todo este mosaico representativo de la criminalidad perpetrada en contra de menores – casos específicos de mujeres -, es el nulo balance de éxito en las investigaciones abiertas en los diferentes niveles de gobierno involucrados en los respectivos procesos.  En la obra citada en párrafos precedentes, referí, en el capítulo correspondiente a la administración de justicia en México, que el nivel de impunidad con el cual operan los órganos jurisdiccionales encargados, rondaba, por el orden de entre el 95 y el 98%, casi nada.

El caso de Fátima; de Camila, (9 años) asesinada en el Valle de Chalco; Valeria, en ciudad Neza; de Ingrid Escamilla; o el de María Elena Ríos (saxofonista) atacada con ácido, así como el de un largo (larguísimo), y casi infinito número de casos similares, o parecidos, deben de servirnos de muestra para alzar la voz de forma permanente y realizar una profunda reflexión en el entorno del tipo de pacto social con el cual pretendemos movilizar a nuestro país, en la búsqueda de un nuevo paradigma justiciero, incluyente, para que nos ampare a todos por igual.

Mientras esto no suceda, cualquier esfuerzo o empeño de gobernantes y gobernados en el entorno de tratar de conseguir un país con las menos desigualdades posibles, resulta, prácticamente imposible.

 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE ESTÁ EL CAPITÁN?

Traigo a colación esta serie de películas orquestadas por la industria cinematográfica de Hollywood, allende los años ochenta, cuyo principal objetivo fue satirizar una actividad profesional de la mayor relevancia – como es el caso de un comandante de avión de pasajeros -, sobre todo, para los sufridos viajantes, en quienes unas veces si, y otras también, recaen todo tipo de vicisitudes, incluida la consabida llamada de Mayday, precursora de algún tipo de catástrofe o inminencia de peligro, con el firme propósito de enunciar, aunque sea en forma tangencial, a uno de los protagonistas de la tragicomedia nacional, protagonizada, por los primeros actores de la 4T en nuestro país, que, es y seguirá siendo, la popularmente conocida, por su nombre y apellido: al avión presidencial TP 01.

De conformidad con el estado de ánimo de nuestro primer mandatario, AMLO, este aparato con dos turbinas – que ciertamente le avergüenza, y que nos avergüenza a todos por igual –  que soporta el peso bruto de una bestia irracional, pero funcional,  que se desplaza, sin necesidad de escalas técnicas, a cualquier lugar de nuestro planeta, originando su salida desde nuestra ciudad capital, o cualquier otra, dentro de territorio nacional, representa la cereza del pastel de lo que, según el propio comandante en jefe, materializó las aspiraciones imperiales de los adalides del viejo régimen, estigmatizado, hoy y para siempre, por los altos índices de corrupción con el que lo mancillaron.

Dicho sea de paso, uno de los actores principales de la rapiña transexenal, Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, acaba de ser detenido en España, y todo augura que, próximamente, viajará, en calidad de extraditado, a nuestro país.

Bien, retomando el párrafo precedente, hasta este punto, estoy de acuerdo con el tabasqueño. En la obra “Cleptocracia” (publicada por the International Book Corporation IBC 2018) de mi autoría, tuve la oportunidad de exponer, ampliamente, el caso de desvío de fondos públicos, para la adquisición de bienes suntuarios e inútiles, como es el caso que se aborda en el presente artículo, llamando, en todo caso la atención, concretamente, en una realidad que nos desnuda por completo ante la comunidad internacional, como es el caso de que en nuestro país, si en nuestro México, tenemos: 124.74 millones de habitantes, de los cuales, 52.4 son considerados como pobres, y, de ellos,  9.3 sufren de pobreza extrema, según los datos aportados con la información obtenida durante 2018 por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) correspondiente al año de la medición.

Dicho lo anterior, lo que se haga, o se deje de hacer con el susodicho avión imperial – rifa, sorteo, pifia, o lo que sea que se le ocurra al mandamás – nos debe de tener sin mayores sobresaltos, y sin cuidado, sobre todo, si para ello consideramos la abultada agenda política de que dispone la 4T para poder avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales vis a vis la fiesta del chascarrillo mañanero con el que el jefe de jefes nos distrae de lunes a viernes y con la cual se pretende sedar (silenciar) la conciencia colectiva ciudadana, que confronta, un día si, y otro también, los riesgos que implican el desplazamiento que parte desde la tranquilidad de nuestros respectivos hogares, hacia la intrincada selva que nos acecha en cada esquina y crucero, en donde deberemos enfrentar riesgos, peligros y amenazas en contra de nuestra integridad personal o familiar, desde y hacia la mayoría de las principales poblaciones urbanas y rurales de esta gran nación que nos alberga.

Lo anterior, sin dar por descontados los perniciosos efectos provenientes de allende nuestra frontera hacia el norte geográfico donde padecemos los síntomas del odio exacerbado que pesa sobre México, y del cual es protagonista principal, el actual  inquilino de la Casa Blanca (Washington D.C.), quien durante el curso de todo el presente año, se encontrará en plena campaña para la reelección en el proceso comicial del próximo mes de noviembre, constituyéndose, sin lugar a dudas, el hecho mismo, en el mayor riesgo potencial para todos nosotros, y que demandará la máxima alerta nacional en todos los flancos y hacia nuestros cuatro puntos cardinales.

Ciertamente, AMLO optó por el camino que mejor conviene a sus reconocidos intereses, es decir, el culto a la personalidad (a la suya, por supuesto) dejando en manos de tripulaciones inexpertas, y claramente ineficaces, la conducción de esa águila real, devorando una serpiente, que nos representa a todos, en calidad del símbolo de la gran nación que, hoy por hoy, somos, y nos merecemos todos por igual.