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UNOS OPINAN Y OTROS OBEDECEN

Dicen, quienes verdaderamente conocen de las interioridades que se manejan a los más altos niveles del poder político en México, que el regreso a nuestro país del general de división Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, fue motivada, pura y simplemente, como consecuencia directa de las ingentes presiones a que fue sometido el gobierno de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por parte del poder que ejercen – desde las sombras que le cobijan – los integrantes de la cúpula militar, quienes sostienen y alientan la orientación política del régimen.

Para algunos, los más avanzados en el análisis de las verdaderas fuentes del poder político en nuestro país, señalan que, mientras que unos, obedecen las órdenes de su comandante en jefe, otros, los más, que se mueven desde el entorno de sus respectivas sombras burocráticas, opinan, y producen con sus decires verdaderos artilugios, cuyas consecuencias son tangibles para todos, especialmente, en estas horas histórica por las que atraviesa México.

Grandes, en todo caso, tienen que haber sido las presiones a que fue sometido en gobierno de AMLO, como medida para alcanzar, con éxito – como quedó demostrado – las negociaciones que, aparentemente, fueron impulsadas por el canciller Marcelo Ebrard, quien contó con el apoyo de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General, para obtener, de la forma en que se obtuvo, el retorno al país del militar de la más alta graduación que ha sido detenido y sometido a proceso en tribunales de los Estados Unidos de América.

De conformidad con la información disponible, se dice que la juez Carol Bagley Amon, del circuito de Brooklyn, en Nueva York, recibió del representante de la fiscalía Seth du Charmé, la petición de desistimiento de los cargos que obraban en el proceso en contra del general Cienfuegos, en dicha corte.  Dicha solicitud se elaboró a petición expresa del Fiscal General de los Estados Unidos de América, William Barr, quien arguyó sustentarla del balance de intereses que la medida operaría en beneficio de la relación bilateral.

Se da por descontado que, a su regreso al país, justamente, el miércoles 18 de noviembre, el general Cienfuegos quedará sometido a la apertura de una carpeta de investigación, misma que, la propia Fiscalía General de la República, supuestamente, abriría, una vez que disponga del acervo que en dicha materia le sea proporcionada por la Fiscalía General de los Estados Unidos de América.

El precedente que se abre para el derecho positivo estadounidense con el desistimiento en favor del general Cienfuegos, marca un hito en la materia, sobre todo, si se considera la validez de los criterios que fueron esgrimidos por las partes contratantes, para “tumbar” un proceso, a todas luces elaborado en buena y debida forma (considerando para ello, exclusivamente, la legislación vigente de nuestro vecino del norte).

Por lo que respecta a México, si partimos del supuesto del alto porcentaje de impunidad con el que se maneja la justicia en nuestro país – 95% -, aparentaría como difícil, por no decir imposible, llevar a tribunales a un general de cuatro estrellas, bajo los mismos cargos que le fueron imputados en los estrados de nuestro vecino del norte.

Los mismos malosos de siempre, a quienes nuestro primer magistrado no baja de fifís, han dejado correr el rumor de que AMLO no ha reconocido aún la victoria electoral del candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, como una deferencia a su nuevo mejor amigo, el ahora derrotado primer mandatario Donald Trump, con quien desarrolló – dicen los mismos chismosos – una extraña empatía, la cual ahora rinde, una vez más, sus frutos.

¡Nos salvamos!

 

 

DESHONROSA EXHIBICIÓN

Lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos meses en el entorno de la acción de representantes de la justicia estadounidense, vis a vis los conocidos casos, abiertos, en contra de altos exfuncionarios gubernamentales, como son, respectivamente, Genaro García Luna, y el general Salvador Cienfuegos, debería de motivarnos para realizar una reflexión en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia en México, misma que, en lugar de ser pronta y expedita, se materializa como lenta e ineficiente, propiciando impunidad galopante.

Para quien esto escribe, resulta muy difícil poder llegar a determinar – con cierto nivel de certeza – si cualquiera de ambos ex funcionarios cometieron, o no, alguna de las graves imputaciones que les han sido abiertas por la misma Corte de Nueva York, en donde se les sigue proceso.  Por lo pronto, conocemos, con respecto a García Luna, que fue detenido en territorio de los Estados Unidos (en donde reside de forma permanente) y al general Cienfuegos, durante el curso de un viaje de vacaciones (acompañado de su familia) en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.

Para proceder con la detención de ambos connacionales, las autoridades competentes del gobierno de nuestro vecino del norte, no nos hicieron partícipes de los respectivos operativos.  Antes bien, guardaron un indeseado mutismo, acción que, desde mi particular punto de vista, lleva implícito el alto nivel de desconfianza que sienten en el entorno de sus pares de este lado de la frontera.  A decir verdad, a estas alturas del paseo, lo digo con mucha pena, pero sin desenfado, no se sabe quiénes son los buenos, y cuáles son los malos, a los que, con toda certeza, debemos señalar con flamígero índice.

En atención al susudicho desaguisado y como medida para salvaguardar su propio pellejo (de los malosos, de los fifís o de los pirruris, como estigmatiza a sus opositores) el presidente López Obrador (AMLO) señaló – con referencia a la captura del general Cienfuegos – que la embajadora de México ante la Casa Blanca, Martha Bárcena Coqui, le había alertado (desde hacía quince días) sobre la apertura de un expediente criminal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional.

Lo que verdaderamente agrava el involucramiento de los ex altos funcionarios federales, tiene que ver con la señalización de vínculos con representantes del crimen organizado y del narcotráfico, como sería el caso concreto, de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” quien fue objeto de juicio en la misma corte del estado de Nueva York, y condenado a purgar pena de prisión perpetua, en una cárcel de alta seguridad.

A dicho respecto, no podemos, ni queremos disimular las similitudes de tan escandaloso proceso (el del Chapo) y el que se sigue en contra los dos supuestos inculpados, García Luna y Cienfuegos, cuyo sustento, en principio, se deriva de las declaraciones y delaciones obtenidas por la justicia estadounidense de parte de connotados criminales, ampliamente reconocidos, que culminaron su vida delictiva extraditados por México – en cumplimiento de compromisos binacionales de cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico -. Dichos encausados por la justicia de nuestro vecino del norte, se acogieron al mecanismo de “testigos protegidos” que, de una u otra manera, en principio, les favorece en el contexto del seguimiento de sus propios procesos penales.

Dentro de las fichitas enunciadas podemos citar, entre otros, los casos de Edgar Valdés Villareal “La Barbie” (aliado de los Beltrán Leyva y de El Chapo); Juan García Abrego; (Cartel del Golfo); Benjamín Arellano Félix (Cartel de Tijuana); Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” (Cartel de Sinaloa); Juan José Quintero Payàn “Don Juanjo” (Cartel de Juárez); Osiel Cárdenas Guillén (Líder del Cartel del Golfo); Dámaso López “El Licenciado”; y Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” (Cartel de Sinaloa).

Lo anterior, nos sirve de ejemplo como parte de una buena estrategia, digna de tomarse en cuenta, a la hora de iniciar carpetas de investigación en procesos iniciados en contra de delincuentes de cuello blanco, como son, los de más reciente conocimiento, de Emilio Lozoya y Rosario Robles, así como de tantos nombres y rostros, debidamente acogidos a una especie de omertá o pacto secreto que compromete a guardar silencio con respecto a los actos ilícitos cometidos entre las partes.

Para muchos mexicanos – me suscribo entre ellos – lo acontecido, recientemente, en las Cortes del Estado de Nueva York, en contra de nacionales de nuestro país, representa para todos, una deshonrosa exhibición, que no nos merecemos.

 

 

 

 

 

 

LOS ACUERDOS DE PAZ EN COLOMBIA

El 26 de septiembre de 2016, en Cartagena de Indias, Colombia, teniendo como marco una solemne ceremonia, fueron suscritos los acuerdos de paz negociados entre el gobierno de Juan Manuel Santos, con la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representadas, por quien en ese entonces era su líder máximo, Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”.

Al evento de referencia asistieron innumerables dignidades internacionales, entre las cuales conviene destacar, al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, a representantes de los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, España, Noruega, y la Unión Europea, entre otros, lo que, según lo han expresado analistas en esta materia, fue un intento por legitimar los verdaderos alcances de paz para Colombia.

Para nadie, a estas alturas del paseo, resulta ajeno que el gobierno de Juan Manuel Santos, impuso su soberana voluntad al someter a consulta pública  – mediante un plebiscito – el texto de lo negociado en La Habana, Cuba, misma que se realizó el 2 de octubre del mismo año, con un resultado negativo, lo cual se transformó en una especie de agravio personal en contra de la voluntad del jefe de estado, quien para ese entonces, era uno más de los aspirantes al premio Nobel de la Paz.

En dicho contexto, el pasado fin de semana fue celebrado en medio de bombo y platillo, el primer cuatrienio de la firma de los susodichos instrumentos jurídicos, motivo por el cual se llevó a cabo – de forma virtual – la primera conferencia internacional de los acuerdos de paz para Colombia en la que participaron algunos de los  principales actores locales del proceso, como el propio ex presidente Santos, el jefe de las negociaciones Humberto de la Calle, el general ® Óscar Naranjo, así como algunos de sus principales colegas y amigos quienes en todo momento apoyaron el proceso, como fueron los expresidentes de gobierno de España y Uruguay, respectivamente, Felipe González y José Mujica.

Como era de esperarse, las loas entre unos y otros, en su momento, fueron repartiéndose sin la mayor señal de rubor, sobre todo, a la hora de intuir, ellos, que fueron protagonistas de un hecho sin precedentes en los anales de la historia universal.  En su turno, con la desvergüenza que le caracteriza, alias “Timochenko” adujo que lo negociado en La Habana era objeto de sesudos estudios académicos en las principales universidades del mundo y que, no le cabía la menor duda, de que, llegado el momento, el modelo sería emulado.

La verdad sea dicha, el preámbulo de la aquelarre internacional se determinó durante el curso de una visita que realizara al estado de Florida, el presidente Donald Trump, en donde atendió diversos actos de campaña por la reelección, supuestamente, dirigidos a audiencias latinas, frente a las cuales, a modo de diatriba, señaló a Juan Manuel Santos (si a ese mismo que usted, amable lector, y quien esto escribe, sabemos), por haber entregado a su país al terrorismo y al narcotráfico internacional en ocasión de sus celebrados acuerdos de paz para Colombia.

Y, si bien es cierto, lo señalado por el presidente de los Estados Unidos, en ocasión de un acto de campaña para relegirse, poco o mucho le significó en puntos o en votos frente a su principal rival del partido demócrata, Joe Biden, en Colombia, marcó un antes y un después, tanto en lo que respecta a la relación bilateral, como a la autoestima de algunas de las diversas fuerzas políticas del arco ideológico colombiano que favorecieron las negociaciones de paz.  Sí, esos mismos que, en su momento, fueron beneficiarios de la lisonja oficial vis a vis los estigmatizados como amigos de la guerra.

La verdad sea dicha, me parece que, ni unos ni otros tienen la razón. Hasta el presente momento, no ha sido posible, aún, concretar, lo más elemental, como el poder determinar quién o quiénes pueden ser identificados como victimarios, por el contrario, quiénes como víctimas del conflicto armado.  Las partes se auto inculpan recíprocamente con flamígero dedo.  Sin argüir conscientemente, de qué manera se va a avanzar en el cumplimiento del principio que se ha constituido como la piedra angular de todo el proceso: verdad, justicia, reparación y no repetición.

No se puede dejar de reconocer falencias de parte y parte. Gobierno y cúpula de las FARC no han podido – es mejor reconocer que no han querido – culpas propias y ajenas.

Conviene señalar en dicho sentido que la contraparte gubernamental ha podido avanzar en muchos de los compromisos adquiridos en La Habana, como por ejemplo, regalar al nuevo partido político, además de recursos económicos suficientes para su subsistencia, diez curules en el Congreso Nacional, a pesar de que una de las cuales se haya esfumado como consecuencia de la fuga a Venezuela de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, acusado de reincidir en el delito de narcotráfico y de ser imputado por un gobierno extranjero de servir de cómplice para el envío a la Unión Americana de diez toneladas de cocaína.

Por lo que respecta al cúmulo de privilegios inherentes derivados de los acuerdos, la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz (JEP) representa el caso mas emblemático, ya que, en principio, es de suponer que, el organismo serviría como el vínculo más importante para determinar que quienes integraron las FARC y en su labor hubieran cometido delitos considerados por la legislación aplicable en la materia, pudieran recibir penalidades conforme a cuantías previamente establecidas entre las partes contratantes del acuerdo, deberían ser sometidos a su soberanía.

La verdad sea dicha, hasta el momento de escribir estas líneas, la JEP deja mucho que desear, no solo por el convencimiento de que fue erigida como un mero escaparate para cobijar la impunidad que fuera acordada en La Habana en beneficio exclusivo de un número bien determinado de los criminales y terroristas que integraron a las FARC.

Mediante subterfugios jurídicos y rimbombantes mentiras, algunos de los pocos que han sido encausados por el lado de los excombatientes siguen negando que cometieron delitos de lesa humanidad como secuestro extorsivo, masacres de población inerme, reclutamiento y violencia sexual y laboral de menores, cultivo y tráfico de estupefacientes, explotación ilegal de minería, y un largo etcétera, que aparentaría no tener fin.

El más publicitado compareciente ante la JEP alias “Jesús Santrich” que, como ya fuera advertido en su oportunidad, fue acusado por fiscales estadounidenses de conspirar para enviar a territorio de la Unión Americana diez kilos de cocaína, fue alegremente exonerado y liberado del agravio en contra de su soberana persona.

Y, como es de suponer, no pasó nada y el susodicho, junto con alias “Iván Márquez” y otros ex negociadores farianos de los acuerdos se constituyeron en disidencias armadas y volvieron al monte, también a la frontera con Venezuela, a las áreas del país que mejor conocen con el fin de seguir delinquiendo bajo inspiración de la auto denominada “nueva Marquetalia”.

 

 

 

A 75 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA ONU

Parece increíble, el pasado 26 de junio se celebraron los primeros 75 años de la firma de la Carta de San Francisco, elaborada durante el curso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, a la que asistieron, en número, representantes de 50 naciones, en su mayoría, identificadas con los propósitos fundacionales que deambularon en el entorno de la conveniencia de evitar, en lo posible, que se volvieran a repetir los efectos las dos sangrientas conflagraciones universales, que enlutaron, durante el curso de la primera mitad del siglo XX, a la humanidad entera.

La Carta como instrumento de cumplimiento obligatorio para las partes contratantes entró en vigor el 24 de octubre del propio año de 1945, una vez que su Secretaría General recibiera el número determinado de ratificaciones por parte de las Naciones compromisarias.

A partir de cada mes de septiembre de los años consecutivos a la fecha de entrada en vigor, se han venido celebrando en la ciudad de Nueva York, de forma presencial, en la sede de la propia organización internacional, una Asamblea General (AGONU), considerada como el máximo foro multilateral para el debate de una agenda predeterminada, misma que, cada año, se ha venido haciendo más sustantiva.

Y, la excepción, no ha sido este 2020.  La única modificación sustantiva que merece la pena destacar, tiene que ver con el formato para atender los trabajos de esta LXXV sesión de la AGONU que fue determinado como virtual, es decir, cada uno de los representantes de los 193 (de sus 194) países miembros (el Estado Vaticano tiene la calidad de observador) concretarán su participación a través de un mensaje dirigido a los estados contra parte desde las respectivas sedes gubernamentales.

En ese contexto se destaca tanto la participación de algunos de los lideres más significativos de las principales potencias universales, como la de aquellos países que, por su cercanía con el nuestro, o por el grado de significación de sus acciones en el entorno regional, desempeñen un papel determinante para el mantenimiento del equilibrio político continental y/o la estabilidad regional.

Comenzamos por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, dicho sea de paso, concretó su primera comparecencia ante este foro multilateral carente de brújula, sin poseer un mensaje significativo hacia la comunidad internacional, manejando, desde mi punto de vista, el rol que mejor le queda como uno de los tantos Redentores – magníficamente esbozados en la obra del mismo nombre por Enrique Krauze -.  Omitió entre otras causas sustantivas el rol que le corresponderá representar a México en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el curso de bienio 2021-2022.

La pandemia del Covid19 que ahora nos agobia y que en todo caso, fue la que suscitó que, por primera vez, la AGONU se celebrara de forma virtual, centro el debate entre dos de las tres potencias mayormente determinantes de la agenda multilateral.

Así sucedió, por ejemplo, con los casos específicos de los Estados Unidos de América y China, respectivamente, Donald Trump y Xi Jinping.  Mientras que el primero, haciendo gala de la retórica de la posverdad a que nos tiene acostumbrados, señaló con flamígero dedo al gigante asiático, acusándolo de ser el causante principal de todo tipo de desaguisados – tal cual sucedió, al menos, con la pandemia del Covid19 que afecta, no solo a la superpotencia, sino que a toda la comunidad internacional -.  Por lo que respecta a su contraparte, éste actuó con mayor comedimiento, es decir, manejando su verdad, también a la mejor conveniencia de sus propios intereses hegemónicos, pero sin lanzar directamente acusaciones retóricas, específicas, en contra de alguna nación o gobierno determinado.

Ambos dirigentes políticos fueron causantes de que se esparciera el temor que ahora agobia a la comunidad internacional en pleno, sobre la posibilidad del comienzo de una nueva “guerra fría”, tal cual sucedió durante el curso de la segunda mitad del siglo pasado.

En el ámbito de nuestra región geográfica, al menos tres jefes de estado, Colombia, Chile y Paraguay se refirieron, como insostenible, al curso de la situación vigente en Venezuela, subrayando, con especial claridad, el más reciente informe de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en donde se realiza una enérgica condena en contra el régimen bolivariano, y de sus principales dirigentes políticos, incluido, entre estos, Nicolás Maduro, a quienes se acusa, entre otros, por la comisión de delitos de lesa humanidad.

Vale la pena señalar que, en paralelo, el propio Maduro, en su turno, se dirigió al foro multilateral, justificando las acciones llevadas a cabo en el contexto del socialismo del siglo XXI y la marcha de su revolución bolivariana para beneficio de todos los venezolanos.

Por su parte, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional quien, a pesar de no disponer de un turno específico dentro de la lista de oradores de la AGONU, se pronunció, a través de sus redes sociales, singularizando su mensaje como representante legítimo de un gobierno reconocido por más de 50 naciones, exhortando a la acción multilateral para salvaguardar a su país, y liberarlo del yugo de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro.  Para algunos observadores debidamente identificados, el presidente de la Asamblea Nacional estaría jugando una de sus últimas cartas vis a vis el escenario que podría perfilarse como consecuencia de las elecciones legislativas convocadas por la dictadura para el mes de diciembre próximo.

 

 

EL PRESO No. 1087985

El día de ayer, miércoles 12 de agosto, representantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, (INPEC) hicieron presencia en la finca “Ubérrimo”, ubicada en el Departamento de Bolivar, propiedad del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, con el fin de avanzar el procedimiento mediante el cual le fue modificada su situación personal que, hasta esa fecha, le acreditaba como senador de la República.   En ese sentido y con base a lo ordenado por los cinco magistrados que integran la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se le identificó como el preso número 1087985, sujeto a proceso por la comisión de los delitos de supuestos casos por obstrucción a la justicia y pago de sobornos, derivados de una demanda, por cierto, muy bien identificada, atribuida a su némesis, el también senador (Polo Democrático) Iván Cepeda.

La inoportunidad del emplazamiento judicial en contra del ex presidente y líder del partido en el gobierno, el Centro Democrático, ha causado un efecto muy conocido en este país: la polarización.  Desde cada uno de sus respectivos bandos, es decir, derecha e izquierda política se lanzan voces en pro y en contra de cada uno de los dos protagonistas, quienes, dicho sea de paso, disponen de infinidad de seguidores, dispuestos todos a jugarse el todo por el todo, en el contexto de este nuevo proceso dialéctico.

Se repite, en Colombia, el mismo fenómeno, que no nos es del todo ajeno, como bien se recordará, protagonizado por el premio Nobel de la paz y ex presidente Juan Manuel Santos, durante el proceso negociado con las FARC,  que derivó en la firma de un Acuerdo, cuyos objetivos y alcances están todavía muy lejos de poder llegar a determinar su conveniencia para el país, sobre todo, porque virtud de que dicho instrumento político se movía en unos ejes considerados inmutables por las partes contratantes, tal fue el caso de: verdad, justicia, reparación y no repetición.

Ninguna de las cuatro premisas señaladas ha sido validada, razón por la cual, la polarización que prevalece y que fuera detonada por quienes apostaron en favor de las negociaciones y del acuerdo en todos sus términos (que fueron muchos) antagonisan, por principio de cuentas, con quienes no estuvieron conformes con la infinidad de inmerecidos privilegios contemplados en favor de los guerrilleros/terroristas de las FARC, muchos de los cuales, inconformes, aún por la suerte que se les había otorgado, retornaron al monte, para continuar con el lucrativo negocio del trasiego de armas, la comercialización de cocaína, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores y la violación de niñas y mujeres.

En dicho ambiente exacerbado en el que quienes llevan la peor parte son las víctimas del conflicto armado, ni una justicia especial contemplada en el acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha sido capaz de procesar al menos a uno de los actores y principales responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad como fuera el caso de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, acusado, como reincidente y cómplice directo del proyecto de envío a los Estados Unidos de América de 10 toneladas de cocaína, elaboradas, en principio, en alguno de los laboratorios clandestinos aún en poder y bajo la hegemonía de integrantes del grupo armado.

No han cejado en el lucrativo negocio que tantos beneficios les atrajo, y en la mayoría de los casos, se supo, optaron por migrar a la vecina Venezuela – caso específico de Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez – lugar desde donde reciben por parte del régimen chavista de Nicolás Maduro, todo tipo de privilegios, en tanto en cuanto se comprometan a una defensa a ultranza de la revolución bolivariana.  Y, es, justamente en dicho parámetro, dentro del cual ponemos en contexto el caso del ex presidente Uribe Vélez, quien a estas alturas de la historia patria ha sido sometido a un proceso jurídico con indudable talante político en medio del cual, como siempre sucede, unos ganan, mientras que otros pierden.

Y, aunque no está escrito, dicen, quienes de esto bien saben, que el ex presidente Uribe Vélez habría sido también boletinado desde La Habana (durante el curso de las negociaciones con las FARC) por algunos de sus principales detractores continentales, muchos de los cuales conforman lo que ahora se ha convertido en una leyenda: el Foro de Sao Paulo.  Por otra parte, algunos maliciosos, enuncian que, también, aúpan a sus congéneres sao paulistas, aquellos quienes integran el Grupo de Puebla (12 de junio de 2019) conformado por integrantes de la izquierda política iberoamericana.

Lo que sea que suceda, y confiemos en que el agua no llegue al río, Álvaro Uribe Vélez cumple con indudable estoicismo el confinamiento a que fue sometido por sus juzgadores (detractores), los cinco magistrados con nombre y apellido propio en un intento revanchista, cuyo objetivo principal es quitarse de encima al elector con mayor influencia política en el país vis a vis la posibilidad de facilitar el advenimiento de una izquierda pura y dura a la cúspide del poder político en Colombia.

Por lo pronto, la buena noticia fue que el número 1087 obtuvo el día de ayer, el premio principal de la lotería que se jugó en Cali, mismo que dispone de un premio mayor de $3,500 millones de pesos (equivalentes a casi un millón de dólares).  Las cuatro cifras que integraron el susodicho premio, son idénticas a las cuatro con las que inicia la nueva identidad que le fuera asignada por el INPEC al ex presidente Uribe Vélez.

¡Amanecerá y veremos!

 

 

 

 

 

 

LOS DE CUELLO BLANCO

Con profundo desaliento hemos podido dar un puntual seguimiento al episodio protagonizado por quien fuera Director General del ente público Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN), el tristemente célebre Emilio Lozoya Austin (ELA), quien nos hizo albergar amplias expectativas sobre la posibilidad de que, llegado el momento, el gobierno de la 4T pudiera cristalizar una de sus más preclaras promesas de campaña: la lucha frontal en contra de la corrupción galopante que no solo nos asfixia, sino que, contribuye a la estigmatización de un país por entero, es decir: nuestro México.

Vamos a ver, originalmente fuimos informados por el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que se estaría cocinando – en la Fiscalía General – un proceso que podría llegar a involucrar a altos mandos federales, entre los cuales EPN sería uno de los más seguros implicados, ya sea de forma directa, o a través de uno de sus principales operadores políticos, Luis Videgaray, otrora poderoso número dos del régimen, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual, dicho sea de paso, salió precipitadamente, tras haber figurado como principal instigador del bochornoso incidente federal al haber traído a nuestro país al entonces aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, como abanderado del partido republicano, Donald Trump.

El episodio principal que suscitó la apertura de diversas carpetas de investigación parte desde el comienzo de la campaña política del PRI para encumbrar en la más alta esfera del poder público a su candidato, EPN, quien según la intensa y costosa campaña mediática que lo impulso al triunfo en las elecciones de julio de 2012, representaba a una nueva generación de jóvenes revolucionarios, cuya misión principal sería la transformación del país por entero.

Para lo cual, el candidato se hizo rodear de un selecto número de figuras con un alto perfil personal y profesional, determinadas, todas y cada uno de ellas, como promotoras del retorno del partido que inspiró a Mario Vargas Llosa su conocida sentencia sobre el régimen político mexicano, al que calificó, en su momento, como la dictadura perfecta.

Durante dicha etapa, y con el fin de garantizar el retorno al poder del glorioso partido aplanadora, se dieron todo tipo de violaciones a la normativa electoral por vía de registros apócrifos sobre cantidad y calidad de los recursos que ingresaron a las arcas partidarias, anulando, por ello, la posibilidad real de verificación por parte del árbitro de la contienda, quien tuvo a su cargo fondo y forma del proceso para renovar la titularidad del poder ejecutivo federal, sin contar para ello, con los dientes suficientes (instrumentos) para hacer valer el ordenamiento jurídico vigente (dicho sea de paso, no nos extraña).

En ese contexto, se inscribe lo actuado por ELA y por cuyas consecuencias se encuentra ahora ad portas de un proceso que todo nos hace suponer que será más mediático y político que jurídico.  Ojalá que, en todo caso me equivoque, pero sustento mi opinión en los hechos que hemos estado contemplando desde la comodidad del obligatorio encierro en el cual nos tiene postrados el Covid19 y sus desconocidos efectos.

El protagonista de esta hazaña regresó a nuestro país, proveniente de esa España hoy muy dolida tras haber presenciado el caso de un bribón que, alguna vez fuera cabeza de la Monarquía Constitucional, quien abuzando de su alto perfil, se hizo – en mala lid – de riquezas indebidas y mal habidas, provenientes de actos flagrantes de corrupción y de ambiciones personales, al mero estilo criollo.

Ahí queda, nada más, para el juicio de la historia y como para que no digan que los de acá, somos más ladrones que los de allá.

Durante su interregno y empoderado en la cúspide del poder político ELA recibió en calidad de sobornos, que se sepa, un poco más de diez millones de dólares por parte del representante en México de la tristemente célebre empresa brasileña Odebrecht, recursos que, se dice, utilizó, por una parte, para engrosar las cuentas bancarias de la campaña del PRI, y por otra, para beneficiarse personalmente con la adquisición de bienes inmuebles ahora plenamente identificados, los cuales fueron puestos a nombre de testaferros e involucrados de su primer círculo familiar.

Con dicho modus operandi Lozoya instrumento otras raterías en contra del erario público, entre las que se destaca la adquisición de la empresa Altos Hornos de México su filial, Agronitrogenados, sobre la cual pesaban – y siguen pesando – la obsolescencia tecnológica por haber estado paralizada por más de una década y el exagerado sobreprecio con el cual fuera adquirida, en su momento, por la estatal PEMEX.

En dicha tesitura se fueron contemplando los supuestos que motivaron el proceso de extradición promovido por el gobierno de la 4T, mismo que contempló a la luz del presente desaguisado, una oportunidad magnífica para darse un baño de moralina, muy al estilo de AMLO, quien ha manifestado, nuevamente, que su gobierno se encargará de castigar a las mafias del poder y a los fifís que tanto daño le hicieron a nuestro querido país.

Esos mismos mafiosos dilapidaron ingentes recursos públicos para sobornar a las dirigencias políticas y a actores importantes de los otros dos partidos políticos de mayor relevancia en el país PAN y PRD, con quienes echaron adelante una “delirante” reforma estructural que fue enmarcada en el Pacto por México en cuyo seno fueron aprobadas, entre otras materias relevantes, la reforma energética y la reforma educativa.

En la primera – a decir de los representantes de la 4T – se dio paso al involucramiento del sector privado (nacional o extranjero) para acceder, en calidad de socio del estado, a los recursos que conforman (conformaban) la más amplia riqueza energética de México, con lo cual, se violaba, flagrantemente, uno de los principales escudos con los cuales hemos defendido a ultranza nuestros derechos soberanos sobre la propiedad de los recursos existentes en el suelo y el subsuelo patrios.

Y, es ahí, en donde se ubica el meollo de la susodicha búsqueda de ejemplarización por parte de la 4T de todos los corruptos de sexenios anteriores, a quienes, selectivamente, se les irá encauzando, conforme a los mejores intereses del gobierno de AMLO quien ya prepara su estrategia de cara a lo que se venido conociendo como la más importante elección que se dará en la historia de nuestro país, la del próximo mes de julio de 2021.

Mientras tanto, el señor Lozoya, en su calidad de sujeto privilegiado, ha disfrutado desde su regreso a nuestro país de un tratamiento digno de un jefe de estado, con una suite en la Clínica Ángeles del Pedregal, y un encierro -en lugar desconocido – en donde podrá disfrutar, a partir de la validez y vigencia de sus denuncias, de todos los privilegios que, en función de su prosapia, le son inherentes.

 

 

 

 

 

ES POR EL ORO

El pulso más reciente entre los dos grupos antagónicos que se disputan el poder político en Venezuela, encabezados, respectivamente, por Nicolás Maduro, considerado como ilegítimo por los gobiernos de más de 50 países, y Juan Guaidó, autoproclamado como presidente encargado, favoreció a este último, una vez que se hizo pública la sentencia del Tribunal Superior del Reino Unido, con respecto al litigio, sobre el destino de 30 toneladas de oro, con un valor superior a los 1,100 millones de dólares (mdd) que reposan – lingotes – dentro de las bóvedas del Banco de Inglaterra, así como otros 130 millones de dólares (mdd) de un contrato de intercambio negociado con el Deutche Bank.

La polémica decisión de la corte británica representa un nuevo y duro golpe contra del cuestionado régimen de la revolución bolivariana, que pulula por el mundo en calidad de paria en busca de nuevas fuentes de ingresos, como mejor medida, supuestamente, para financiar la salida de la crisis sistémica por la que atraviesa.

Muy lejos, en la distancia, han quedado los tiempos de la teóricamente inagotable bonanza petrolera, sustento principal del proyecto político de Hugo Chávez, cuyos cimientos, a estas alturas del paseo, se encuentran, prácticamente, al borde del colapso.   En esa virtud, el régimen comenzó a deshojar la margarita, con el ojo puesto en otro tipo de recursos naturales no renovables – como el del petróleo -, susceptibles, también, de espolio, como ha venido sucediendo con la explotación de los ricos yacimientos del dorado metal en la zona conocida como el arco minero en los estados de Amazonas y Bolivar.

Sobre dicha riqueza en específico, se ha podido conocer, gracias a la aprehensión en Cabo Verde, de quien se dice, uno de los principales testaferros del régimen, el colombo-venezolano Alex Saab, quien se encuentra en espera de resolución judicial sobre la solicitud de extradición dictada en su contra por el gobierno de los Estados Unidos de América, que saldrán a la luz pública datos relevantes que involucran, directamente, a los más altos dignatarios venezolanos, entre los cuales, por supuesto, se encuentra la pareja presidencial, en el inadecuado manejo de los recursos públicos para beneficio personal y político.

De conformidad con los respectivos expedientes del caso, se acusa a Saab de haber puesto en marcha un complejo montaje financiero cuyos principales objetivos serían el de lavado de dinero (recursos públicos), tráfico de oro y coltan (mineral estratégico con ricos yacimientos ubicados al sur del Orinoco), medicamentos y alimentos (para integrar las CLAPS).   El destino principal de la ofensiva de la amplia red sería para el intercambio de bienes y servicios obtenidos de parte de gobiernos aliados del madurismo, como son los casos de Turquía, Rusia, China e Irán, principalmente.

Se dice, además, sobre el entramado, que el mismo fue perfeccionándose a la sombra de las estrictas medidas determinadas por el gobierno de los Estados Unidos, – Departamento del Tesoro – en contra del régimen.

La administración Trump también implementó el pasado mes de marzo, lo que para algunos significó “el principio del fin” del régimen usurpador.  En este sentido, a través del Departamento de Justicia, le puso precio a la cabeza del propio Maduro por quien ofrecieron en calidad de recompensa por su captura, 15 mdd.  Otro tanto por lo que respecta a cuatro testaferros gubernamentales, entre los que se destacan Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá y Tareck Al Aissami, por quienes se ofrecieron, respectivamente, 10 mdd.

Por lo que respecta al Departamento de Estado, su titular Mike Pompeo, demando al gobierno bolivariano el fin de la usurpación, la salida del poder de Maduro, elecciones libres y supervisadas por la comunidad internacional, con un árbitro imparcial, salida del país de representantes de fuerzas armadas extranjeras (Cuba, Rusia, Irán, FARC y ELN) así como el restablecimiento de la democracia.  En el entorno de dicha ofensiva primaveral, a su vez, el jefe del Comando Sur, Craig Faller, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro representa una “amenaza real” para América Latina por lo que ya se estarían tomando en consideración las medidas más adecuadas y convenientes a los intereses democráticos de su país, sobre la mejor forma de neutralizar cualquier tipo de riesgo que se pudiera llegar a presentar en el futuro inmediato.

Mientras todo esto sucede, cuatro millones de venezolanos han huido del régimen en los últimos tres años.  La mayoría de los cuales – se estima que serían casi dos millones – migraron a Colombia, el resto, se ha repartido entre Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y México, entre otros.  La mayoría han padecido situaciones límite, sobre todo, a estas alturas del paseo, por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid19 que ha encarecido, la obtención de los auxilios que habían obtenido (migración, salud, educación y trabajo), precisamente, como consecuencia de la falta de todo tipo de bienes, servicios e insumos a los que se habían acogido para justificar su éxodo al extranjero.

Al régimen tampoco le van bien las cosas en materia de la salvaguardia de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como se pudo conocer gracias al completo informe de la presidenta del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, quien anunció, recientemente, que el régimen bolivariano seguía conculcando los derechos de sus gobernados por vía de la desaparición forzada de sus opositores políticos, a quienes estaría buscando neutralizar, con vistas a su participación en las cuestionadas elecciones parlamentarias, convocadas, para el próximo mes de diciembre, las cuales han sido calificadas, desde ahora, como  antidemocráticas.

 

 

VIOLENCIA SIN LÍMITE

Con todo pesar, porque no nos queda más remedio que reconocerlo, la violencia se sigue cebando en México, tal como ha quedado demostrado, al menos, con acontecimientos como los suscitados durante la última semana, comenzando el pasado viernes 26 de junio, muy temprano, por la mañana, el secretario de seguridad ciudadana del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Omar García Harfuch, fue víctima de una celada atribuida, en principio, a integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que causó tres víctimas mortales y heridas de consideración que afectaron al alto cargo local, quien actualmente se encuentra hospitalizado en proceso de recuperación, y el día de ayer,  miércoles 1 de julio, mediante una masacre en Irapuato, Guanajuato, que costó la vida, al menos a 28 personas y otras más con graves heridas – que según ha sido informado por voceros del gobierno estatal -, fue atribuida, en principio, a integrantes del cartel de Santa Rosa de Lima, que opera, con impunidad, con miras a imponer su voluntad por encima del interés general de la población afectada.

En el caso del atentado al alto mando policial de la CDMX, el propio interesado señaló a integrantes del CJNG, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, como presuntos autores del intento por acabar con su vida.  La violencia característica del ataque, llevado al efecto en una de las zonas residenciales de la clase económicamente más acomodada de la ciudad capital, causó un alto impacto, toda vez que los encargados de perpetrarlo utilizaron como medio para llevar a cabo su comisión, armas de alto poder que causaron – según se desprende de la información oficial revelada – al menos 414 impactos de armas largas para uso exclusivo de las fuerzas armadas, como son los casos de los calibres .50 Barret, AR-15 calibres .223, .556, y .762, que prácticamente destruyeron el vehículo tipo Suburban, con un blindaje de nivel 7 que servía de transporte del alto mando policial.

Tal cual se desprende de los datos que integran la carpeta de investigación que aperturó la Fiscalía General del gobierno de la CDMX, se sospecha que, a los fines de poder concretar con éxito su misión, el grupo sicarial dispuso del apoyo material y logístico de otros grupos delincuenciales similares, como son los casos de Guerreros Unidos, Caballeros Templarios y Familia Michoacana.

Por lo que respecta a la matanza de 28 personas que se encontraban reunidas en un centro de rehabilitación integral contra las adicciones (informal) ubicado en Jardines de Aranda, en Irapuato, Guanajuato, el gobierno local, a través de la fiscalía general del estado, atribuyó el hecho a integrantes del cartel de Santa Rosa de Lima. Conviene subrayar que durante el curso del corriente año se han registrado en Guanajuato 2,147 homicidios dolosos, todos ellos atribuidos al propio cartel de Santa Rosa de Lima, antagónico del CJNG en función de una guerra abierta que, ambas partes sostienen desde 2017 por el control de la zona para la venta y trasiego de drogas.

Se sabe que, al menos, en el estado de Guanajuato, operan este tipo de centros de rehabilitación contra las adicciones tanto por la vía formal, como por la clandestina.  A la fecha, y desde el pasado mes de diciembre de 2019, según la información que manejan las autoridades competentes del estado, se han llevado a cabo otros cuatro atentados con características similares en los que han sido utilizados tanto carros bomba, como asesinatos indiscriminados.

Lo que trasluce, sobre todo, en el caso del atentado perpetrado en la zona de Lomas de Chapultepec de la CDMX en contra del secretario de seguridad ciudadana del gobierno local, es que quienes integran las principales bandas del crimen organizado han sentado sus reales en el principal bastión político, económico y social del estado mexicano en un intento por hacer valer sus razones particulares por encima del interés general de todos los mexicanos.

En esta guerra, no nos podemos quedar con los brazos cruzados.  Debemos exigir que el gobierno – del color político que sea – cumpla con la función principal para la cual dispone de un mandato:  salvaguardar los derechos y las obligaciones de todos sus gobernados.

 

 

 

NO HAY QUINTO MALO

Tal cual reza el conocido adagio, la posibilidad de que nuestro país realice aportaciones relevantes, son muy amplias, por virtud de su membresía como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) para el período 2021-2022 – electo el día de ayer con 187 de los 192 votos posibles -, lo que representa su quinto mandato en el más alto foro multilateral, sobre todo, a la luz de los grandes retos que, con toda seguridad, habrán de ser debatidos en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.

Por principio de cuentas, y motivado por la restricciones derivadas de la pandemia del Covid19, y sus serias afectaciones en la ciudad sede del organismo multilateral, es posible que, por vez primera desde su fundación, la ONU deberá manejar como real y verdadera la posibilidad de que los grandes debates que serán suscitados en el marco del ejercicio de sus funciones fundacionales, serán escenificados en forma virtual, tal cual ha sido anunciado ya por las principales autoridades locales y federales del gobierno estadounidense con respecto de la celebración del LXXV período ordinario de sesiones, el próximo mes de septiembre.

No se espera para este próximo otoño, que la ciudad de Nueva York se vea, una vez más, desbordada por los miles de delegados que pululan a lo largo y ancho de la Gran Manzana, conducidos en comitivas interminables que transportan a todo tipo de dirigentes políticos venidos, eso si, desde los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo.

Al momento de escribir estas líneas, no me queda muy claro el papel que pretende desempeñar México en el contexto de las prioridades que, en materia de política exterior, han sido enunciadas desde la plataforma de la 4T – movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) – quien, en todo caso, ha venido orquestando una sinfonía con muchos tonos disonantes, sobre todo, en lo que tiene que ver con su personal interpretación del multilateralismo de cara al siglo XXI.

Para muchos, y confieso que es mi caso, AMLO ha puesto en marcha una estrategia que aparentaría estar sustentada en algunos de los principios sobre los cuales descansa el interminable debate decimonónico entre liberales y conservadores, tamizado, a su vez, por el viejo y arraigado nacionalismo revolucionario de comienzos del siglo pasado.

A todas luces, ni lo uno, ni lo otro, reflejan con transparencia la coyuntura internacional en la cual, priman los intereses de las grandes superpotencias (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Rusia y China) y su disputa para ocupar, siempre que sea posible, los escasos espacios de interacción derivados de sus bien conocidas apetencias imperiales.

Será que nuestros apóstoles de la 4G interactuarán a la altura de las circunstancias, o nos iremos por la libre, es decir, intentando pontificar con unas mañaneras sustentadas desde las riveras de Manhattan.  Si este es el caso, sin temor a equivocarme, creo que estaríamos tirando por la borda el poco (o mucho) capital político que aún se preserva en una rica historiografía que atestigua el paso de México en la defensa y salvaguardia de los principios que inspiran el derecho internacional, especialmente, en el presente siglo.

 

RACISMO EXACERBADO

En plena crisis derivada de la pandemia generada por el Covid19, fuimos testigos (cuasi) presenciales del más reciente episodio de racismo exacerbado en los Estados Unidos de América, perpetrado el pasado 25 de mayo, en contra del ciudadano afro descendiente, George Floyd, quien fue brutalmente victimizado por al menos cuatro elementos uniformados de la policía de la ciudad de Mineápolis (Powerhorn) en el Estado de Minesota, uno de los cuales, Derek Chauvin, tras haberlo inmovilizado violentamente, lo ubicó de cara al piso del asfalto urbano, presionándolo con su rodilla izquierda sobre el cuello – por espacio de ocho minutos y cuarenta y seis segundos -, causándole, con ello, asfixia,  pérdida del conocimiento, y como fatal consecuencia, la muerte.

La reacción ante tal desaguisado no se hizo esperar.  Más temprano que casi de forma instantánea, quien grabó el episodio con un teléfono celular lo subió, ipso facto a las distintas redes sociales que pululan por los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo, desde donde, en unos cuantos segundos, el episodio se transformó, en tendencia de cobertura universal.

Este hecho fortuito, motivado por una supuesta denuncia en contra de “alguien” que pretendió adquirir un paquete de cigarrillos pagando con un billete falso de veinte dólares, ha servido, desde mi particular punto de vista, de detonante, para el advenimiento de una crisis social sin precedentes, desatada en el corazón mismo de los Estados Unidos América, país que, como el resto de sus congéneres a nivel internacional, atraviesa por una de las etapas más críticas de la primera pandemia del presente siglo.

Y, si las cifras son indicativas del estado actual de la lucha en contra del Covid19, baste pasar a revista los datos oficiales registradas por la Unión Americana, hasta el día de ayer, lunes 8 de junio: contagios: 1,942,363, con 110,932 fallecimientos, es decir, la cifra más alta de todas las registradas a nivel mundial tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como por la Universidad Johns Hopkins, lo anterior, en comparación con el resto de los países afectados, que dicho sea de paso, representan una gran mayoría.

Tal cual señalamos con anterioridad, la tendencia en redes sociales de la violencia policial en contra de un individuo perteneciente a una de las minorías étnicas que conforman a la sociedad estadounidense, produjo dos reacciones contrapuestas, mismas que merece la pena enunciar: por una parte la tomas de la calle por grupos sociales inconformes y vociferantes que, tumultuariamente, se lanzaron para condenar al grupo policial que victimizó a George Floyd; y por otra, la reacción oficial a las manifestaciones públicas, tanto a nivel local, como a nivel federal.

Por lo que respecta a la toma de las calles por parte de grupos sociales inconformes por el status quo prevaleciente en el cual, las diversas corporaciones policiales acostumbran someter – con rudeza – a representantes de las diversas minorías étnicas, que pueblan en el país, como son los casos de las afro descendientes, los latinos y los asiáticos, por enunciar a los grupos más afectados por dicho comportamiento.

Por lo que toca a la acción de control de las masas vociferantes a nivel gubernamental, pudimos ver, en vivo y en directo, en primera instancia, en los puntos más candentes de la ciudad de Mineápolis, así como, posteriormente, a nivel de la mayoría de metrópolis a lo largo y ancho de todo el país, a representantes policiales beligerantes, golpeadores y ávidos de venganza en contra – muchas veces de inermes manifestantes – a quienes sometieron a la voluntad del más fuerte, es decir, del que dispone de los juguetes bélicos más actualizados para el combate callejero.

No faltó, por otra parte, la impresión de la patente presidencial, vociferada como una especie de rito de guerra.  El señor Donald Trump (PROTUS) pontificó: “cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo” en alusión a los grupos anárquicos, que aprovechan cualquier tipo de coyuntura, para concretar destrucción y saqueo tanto del mobiliario urbano, como del comercio en general.  Muy penoso, resulto, para todos, el haber presenciado el lujo con el que acometieron en contra de la propiedad pública y mucho más grave, con el saqueo de entidades comerciales, bancarias y de medios masivos de comunicación social.

En dicho tenor, el más aguerrido de todos, como ya fue señalado, fue el propio PROTUS quien, en el contexto de su permanente diatriba en contra de todo, amenazó con sacar a la calle a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, como medida para intentar acallar la voz del pueblo, que dicho sea de paso, a estas alturas del paseo – han transcurrido más de quince días -, la gente sigue volcada en las calles y no se vislumbra, al menos en el plazo inmediato, que vuelva la calma.

En paralelo a lo que sucede dentro de casa, como ya fue señalado, la evolución del Covid19 y el control del racismo exacerbado que se vive en el país, el propio presidente Trump, sigue incendiando la arena internacional, ya sea mediante amenazas en contra de la OMS, o una nueva guerra fría con China, país al que acusa – no sabemos a ciencia cierta si con razón o sin ella –  de haber provocado la presente pandemia, como una especie de venganza en contra de las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense para regular el ingente flujo comercial con el cual china tiene prácticamente inundado al mundo entero.